La muerte de tres cooperantes británicos aumenta la presión sobre Sunak para que suspenda la venta de armas a Israel
Keir Starmer, el líder de la oposición laborista en el Reino Unido, fue el primero en sufrir las consecuencias de su apoyo inquebrantable a Israel, después del brutal ataque de Hamás el 7 de octubre. Ahora el primer ministro, el conservador Rishi Sunak, es el siguiente. A medida que se prolonga el castigo masivo del Gobierno de Benjamín Netanyahu a los habitantes de Gaza, la presión de la opinión pública británica se hace más insostenible. La muerte de tres cooperantes británicos que viajaban a bordo del convoy de World Central Kitchen (WCK) junto a otros cuatro voluntarios ha llevado a varias figuras relevantes del Partido Conservador a cuestionar la venta de armas del Reino Unido a su aliado de Oriente Próximo. Por otra parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estudiará el viernes un proyecto de resolución que pide el embargo de armas a Israel, alegando el “posible riesgo de genocidio en Gaza”.
Sunak, que habló por teléfono con Netanyahu nada más conocerse el ataque mortal al convoy, ha advertido a su homólogo de que la guerra lanzada por Israel contra Hamás es ya “cada vez más intolerable” y que era necesaria “una investigación transparente y completa” de lo que había ocurrido.
El primer ministro británico, en declaraciones al diario The Sun, no descartó la idea de cortar el suministro de material a Israel, aunque tampoco la asumió. “Siempre nos hemos ajustado a un régimen de licencias de exportación muy cuidadoso, con reglas y procedimientos que seguimos al detalle”, ha asegurado. “Y desde el principio de esta guerra le dije a Netanyahu que, aunque respaldábamos el derecho de Israel y sus ciudadanos a defenderse frente a los ataques de Hamás, debían hacerlo respetando el derecho internacional humanitario y protegiendo las vidas de los civiles. Tristemente, son muchos los civiles que han muerto ya”, señaló.
Otros dirigentes conservadores han ido mucho más lejos que su líder. “Creo que ya se han acumulado suficientes pruebas de que, por ponerlo de un modo diplomático, Israel no está prestando atención a su obligación de cumplir con el derecho internacional humanitario y proteger a los civiles, a los cooperantes y al personal médico”, ha dicho Peter Ricketts —Lord Ricketts—, que presidió la Comisión Conjunta de Inteligencia durante el Gobierno de Tony Blair, y fue Asesor de Seguridad Nacional del primer ministro conservador durante dos años. “Desearía que, llegados a este punto, el Reino Unido decidiera suspender las licencias para exportar armas a Israel (….) Ha llegado el momento de enviar esa señal, que no alterará el curso de la guerra, pero será un poderoso mensaje político, que podría incluso estimular un debate similar en Estados Unidos, donde algo así resultaría sin duda decisivo”, ha explicado Ricketts en la BBC.
Su voz se suma a la de Alicia Kearns, la presidenta conservadora de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes, que ha reclamado una revisión de la colaboración militar entre el Reino Unido e Israel, después del ataque al convoy de WCK en el que murieron los británicos John Chapman, James Henderson y James Kirby, junto a otros cuatro cooperantes.
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La diputada conservadora Flick Drummond, una de las primeras en denunciar la falta de proporcionalidad de la respuesta israelí en Gaza, ha reclamado la suspensión inmediata de la venta de arma “a corto plazo”, ante “la perspectiva de que el material británico se esté empleando en acciones que quiebran la legalidad internacional”, ha denunciado.
La cifra total de venta de armas a Israel por parte del Reino Unido es muy pequeña en comparación al suministro de EE UU. Según el ministro de Defensa, Grant Shapps, en 2022 ―el último año con datos disponibles— no supuso más de 49 millones de euros. Desde 2008, la cantidad ha ascendido a 670 millones de euros, con los datos de Campaign Against Arms Trade (Campaña contra el Comercio de Armas), la organización que más ha insistido en la suspensión de la cooperación militar con Israel.
La oposición laborista, a la que las encuestas sitúan ya en el Gobierno antes de que concluya el año, guarda en este asunto —como en otros muchos— un delicado equilibrio, para evitar que la controversia salte en su contra. La ministra de Economía en la sombra y número dos del partido, Rachel Reeves, ha reclamado al Gobierno que publique cualquier informe que haya recibido de sus asesores legales respecto a la venta de armas a Israel. “La ley internacional establece claramente que no puede venderse armas cuando exista el riesgo de que sean usadas para algo ilegal”, ha dicho Reeves.
La semana pasada, a través de una filtración de la Comisión de Exteriores a la que tuvo acceso del diario The Observer, se supo que el Gobierno de Sunak había recibido ya informes de su equipo jurídico en los que se dejaba claro que Israel ya había incumplido la legalidad internacional en su invasión y bombardeo de Gaza. Ninguno de esos informes, hasta la fecha, se han hecho públicos. La tragedia de los cooperantes incrementará la presión sobre Sunak y su ministro de Exteriores, David Cameron, para que lo hagan.
“Posible riesgo de genocidio”
El proyecto de resolución para reclamar el embargo de armas a Israel, que el viernes estudiará el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, alega el “posible riesgo de genocidio en Gaza”. El texto, presentado por Pakistán en nombre de 55 de los 56 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), condena “el uso de armas explosivas de efectos generalizados por parte de Israel” en zonas pobladas de la Franja y exige que Israel “cumpla con su responsabilidad legal de prevenir el genocidio”. El proyecto de resolución está copatrocinado por Bolivia, Cuba y la misión palestina en Ginebra, sede del Consejo.
No es la primera vez que desde el Consejo de Derechos Humanos se plantea la posibilidad de instar un embargo de armas a Israel. La relatora especial del Consejo, Francesca Albanese, lo hizo el pasado 26 de marzo, al publicar su informe Anatomía de un genocidio sobre la situación en la Franja. Pero la adopción del texto, si se aprueba, tendrá un carácter simbólico al no emanar del Consejo de Seguridad o, en una instancia inferior, de la Asamblea General.
El Consejo de Derechos Humanos está compuesto por 47 países, entre ellos 18 de los 55 que presentaron el proyecto de resolución (todos los que forman la Organización de Cooperación Islámica, menos Albania, el único del grupo que es miembro de la OTAN). Para aprobar la resolución se necesitan 24 votos para una mayoría absoluta, aunque podría salir adelante con menos apoyos gracias a las abstenciones.
El texto, de ocho páginas, exige que Israel ponga fin a su ocupación de territorio palestino y levante inmediatamente su “bloqueo ilegal” sobre la franja de Gaza y todas las demás formas de “castigo colectivo”. También solicita un alto el fuego inmediato en Gaza —como el proyecto de resolución que Francia promueve en el Consejo de Seguridad del organismo— y condena “las acciones israelíes que pueden equivaler a una limpieza étnica” y “la inanición de civiles como arma de guerra”.
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