Bruselas premia con fondos europeos los avances de Tusk para restaurar el Estado de derecho en Polonia
Bruselas pasa página en su largo enfrentamiento con Polonia por los ataques a la independencia judicial del antiguo Gobierno ultraconservador. Tal como adelantó su presidenta, Ursula von der Leyen, hace una semana, la Comisión Europea ha aprobado este jueves el primer desembolso de los fondos de Cohesión y de recuperación bloqueados desde 2021 por las agresiones al Estado de derecho y a la independencia de los jueces, que el Ejecutivo europeo considera ahora superados o en buenas vías de lograrlo, tras la llegada del nuevo Gobierno de Donald Tusk.
Se trata de una decisión de más calado político que económico, pese a la gran cantidad de fondos en juego: unos 137.000 millones de euros en total, de los que en las próximas semanas serán desembolsados los primeros 6.300 millones. Y es que a poco más de un mes de las elecciones municipales polacas y menos de tres meses de unos comicios europeos marcados por la amenaza del avance de la extrema derecha euroescéptica, la UE premia al proyecto claramente proeuropeo de Tusk —del Partido Popular Europeo (PPE), la misma familia política que Von der Leyen—. Al frente de una alianza liberal, el primer ministro conservador y antiguo presidente del Consejo Europeo (2014-19) consiguió desbancar en octubre al Ejecutivo ultra del partido Ley y Justicia (PiS) que, al igual que sigue haciendo Hungría con Viktor Orbán, la otra oveja negra de la UE, cuestionó peligrosamente durante sus ocho años de mandato valores fundamentales de la Unión.
“Hoy pasamos página sobre los problemas en materia de Estado de derecho con Polonia, al reconocer los importantes avances realizados por el Gobierno”, ha celebrado la vicepresidenta de la Comisión Vera Jourova, responsable de Valores y Transparencia. “Saludo la determinación del Gobierno polaco para reforzar el Estado de derecho y la independencia judicial”, ha dicho por su parte el comisario de Justicia, Didier Reynders, para quien la liberación de fondos aprobada formalmente ahora “refleja los pasos positivos dados por Polonia”. En total, cinco comisarios de distintos rubros y afiliaciones políticas han saludado efusivamente este jueves los avances polacos que tanto “impresionaron” también a su jefa, Von der Leyen, hace una semana durante su visita a Varsovia junto con el primer ministro belga y presidente de turno del Consejo de la UE, Alexander De Croo.
Según la valoración de Bruselas, las reformas del Estado de derecho ya realizadas por Polonia, sí como los “más recientes e inmediatos pasos dados para atender los hitos en materia de refuerzo de la independencia judicial”, son suficientes como para desbloquear el acceso a los fondos europeos.
6.300 millones en las próximas semanas
Se trata, por una parte, de los casi 60.000 millones de euros de fondos de recuperación asignados a Polonia —de los que, una vez confirmado por los Estados miembros, la Comisión liberará “en las próximas semanas” una primera franja de 6.300 millones— que el Ejecutivo europeo considera se pueden empezar a desembolsar dado que Varsovia ha “cumplido satisfactoriamente” los dos “superhitos” para garantizar la independencia judicial en el país. El Ejecutivo comunitario celebra sobre todo la reforma del régimen disciplinario de los jueces con diversas medidas emprendidas desde junio de 2022 —sobre todo con la abolición de la controvertida Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo aprobada por el Gobierno de PiS, que la había creado— y hasta este febrero, con una orden del nuevo ministro de Justicia, Adam Bodnar, que suspende los procedimientos disciplinarios injustificados. A ello se añade el compromiso, añade Bruselas, de usar el sistema informático Arachne de auditoría y control que ayuda a los países de la UE a vigilar posibles fraudes.
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De otro lado están los 76.500 millones de euros de fondos de Cohesión asignados a Polonia hasta 2027 y que dependen del cumplimiento por parte del país con los requisitos de la Carta de derechos fundamentales de la UE. Algo que Polonia ahora cumple gracias a la reforma que garantiza la independencia del poder judicial y con los pasos dados para, entre otros, dar una definición clara de las funciones y responsabilidades del Defensor del Pueblo o el establecimiento de mecanismos de denuncia y de notificación eficaces. Un asunto que no reviste problemas, puesto que Bodnar conoce bien la institución, dado que desempeñó ese cargo entre 2015 y 2021.
Bruselas, que también ha destacado la decisión de Polonia de adherirse a la Oficina de la Fiscalía de la UE (EPPO, por sus siglas en inglés), estima que en las próximas semanas comenzarán a hacerse los primeros desembolsos, por unos 600 millones de euros, de estos fondos de Cohesión.
Una parte de la sociedad civil polaca considera la decisión de desbloquear ya los fondos algo prematura, como han expresado en redes sociales académicos y expertos. Jakub Jaraczewski, coordinador de Investigación del think tank Democracy Reporting International reflexionaba en X, antes Twitter: “Lo que el nuevo Gobierno polaco ha hecho en estos pocos meses merece elogios, pero queda mucho trabajo por hacer. Al poner la política por delante, la Comisión se expone al argumento de que toda esta historia del Estado de derecho se trataba en realidad de sacar del poder al Gobierno de PiS”. Ben Stanley, del Centro para el Estudio de la Democracia, de la Universidad SWPS de Varsovia, advertía en la misma red social: “Una amenaza sistémica al Estado de Derecho se elimina con medidas sistémicas, y no con una mezcla de medidas iniciales, medias medidas y expresiones de buenas intenciones. Desbloquear prematuramente este dinero no hace sino alimentar el argumento de que todo era una cuestión política”.
Unas sospechas que Bruselas desestima. Fuentes comunitarias han subrayado que la situación es “muy diferente” a como era bajo el Gobierno del PiS y que las medidas ya tomadas —no solo anunciadas— “están creando una realidad diferente” en una Polonia donde ya se han dado, entre otros, cambios en la jurisprudencia y, sobre todo, un reconocimiento clave de la supremacía de la ley europea sobre la nacional. “Hay cosas muy concretas e interrelacionadas, es una situación muy diferente y no se le puede restar importancia”, insisten las fuentes.
Los pasos dados este jueves no afectan todavía al principal castigo impuesto a Varsovia, el del artículo 7. Popularmente conocido en Bruselas como el botón nuclear, es el máximo procedimiento sancionador de los tratados comunitarios que puede llevar a la suspensión del derecho de voto del país castigado en el Consejo de la UE. Polonia se convirtió, en 2017, en el primer país al que se le abrió este proceso sancionador que, desde entonces, también se le ha aplicado a Hungría, aunque a ninguno de los dos países se les ha llegado a suspender el derecho de voto. El 20 de febrero, el Gobierno polaco presentó en Bruselas un “plan de acción” para responder a las infracciones que llevaron a abrirle el proceso del artículo 7. Unas medidas que han sido muy bien recibidas en la capital comunitaria, aunque fuentes de la Comisión advierten de que la decisión sobre el cierre de este castigo todavía no ha sido tomada, aunque se considera próxima.
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