Finjus pide investigar denuncia de la jueza Ana Lee Florimón
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) pidió este miércoles que la denuncia de persecución de la jueza Ana Lee Florimón, que lleva el caso Calamar, debe ser investigada de manera urgente y que, tanto el Ministerio Público como el Consejo del Poder Judicial, determinen responsabilidades al respecto.
En un comunicado, Finjus informó que la independencia e integridad de la judicatura representan valores vitales para la vida en democracia y que recordó que como institución, a lo largo de sus 34 años, ha aportado al fomento de la profesionalización de las instituciones del sistema de justicia.
«Hemos trabajado para que las organizaciones representativas de la sociedad dominicana, la comunidad jurídica, la academia y la sociedad civil apoyen todas las iniciativas que fortalezcan la trasparencia, la erradicación de la impunidad y la buena gobernabilidad democrática», señala el documento enviado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de Finjus.
La semana pasada, la jueza Ana Lee Florimón denunció persecución hacia ella y su familia desde que fue apoderada para conocer el expediente de la operación Calamar, un caso de supuesta corrupción gubernamental en el Ministerio Público dice que se estafó al Estado como más de 19 mil millones de pesos.
Florimón informó que la persecución se realiza desde un automóvil blanco.
En ese sentido, Finjus pide que la denuncia sea investigada de «manera urgente y apegada al debido proceso».
- «Finjus reitera su compromiso con la independencia de la función judicial para fortalecer la credibilidad del sistema de justicia y para asegurar que los procesos contra la corrupción produzcan los resultados que espera la sociedad dominicana», señala en el comunicado.
Al propósito del tema, la procuradora Miriam Germán Brito ordenó una investigación y dijo que sus fiscales no harían algo parecido, según informó la Procuraduría en una nota de prensa.
Caso Calamar
En el expediente Calamar, el Ministerio Público imputa a los exministros José Ramón Peralta (Administrativo 2012-2020), Donald Guerrero (Hacienda 2016-2020) y Gonzalo Castillo (Obras Públicas 2012-2020) y otras personas de supuestamente sustraer más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública y en sobornos para la campaña política del 2020.
En total, se acusa a 20 personas. Figuran además, el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, y los exdirectores de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández.
La supuesta red liderada por los exfuncionarios es imputada por asociación de malhechores, desfalco, falsificación de documentos, soborno y financiamiento ilícito de campaña.
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