FJT cree abstención en elecciones muestra involución de democracia
Para la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) la abstención que se registró en las elecciones municipales celebradas el domingo pasado, y «la ocurrencia sin sanciones de delitos electorales«, denotan una involución demográfica en la República Dominicana, al igual que una baja en la calidad de la democracia «cada vez más creciente».
Señaló, en una nota de prensa, que el delito electoral cometido se basó «fundamentalmente en la compra de cédulas».
Trajano Potentini, presidente de la entidad, lamentó que apenas casi 53 % del universo del padrón electoral, de más de ocho millones de electores, se motivara a votar, un poco más de 3 millones 700 mil votantes.
Entiende que lo que pasó se trató de «una merma histórica, ni siquiera superada por la pandemia del COVID-19, el pasado 2020, donde las accidentadas elecciones municipales tuvieron una abstención de 51 %, disminuyendo la legitimidad democrática en el plano local».
Deploró el uso de los recursos públicos y propuso una reforma que contemple limitaciones al presidente en reelección.
Potentini expresó que también es motivo de preocupación, la creciente cultura de la compra de cédula, de conciencia, y de voluntades, «cuya mayor y más perversa expresión, está en el ya normal transfuguismo».
«Amén del tradicional uso de los recursos públicos, de forma descarnada y generalizada en nuestra vida democrática y republicana, constituyéndose en los peores vicios y lastres de la democracia, con la agravante de una Junta Central Electoral y un Ministerio Público, que parecen incapaces de castigar y perseguir las inconductas electorales»Presidente de la FJT
«Vacíos legales ayudan al presidente»
La entidad de la sociedad civil deploró, además, lo que definió como falta de limitaciones, «consecuencia o los aparentes vacíos legales o ambigüedades existentes en las leyes» que, dice, aún no clarifican la imposibilidad de que un presidente de la República en relección, no tome licencia y se abstenga de realizar inauguraciones y entregar ayudas sociales, bonos navideños extendidos, contratos de publicidad, pensiones y otras prácticas y facilidades.
«Las cuales se traducen en desigualdad en la participación política, como ha venido evidenciándose por décadas, sin que medie la necesidad y proponemos aprobar una legislación clara sobre las referidas limitaciones», planteó en el documento.
Para el abogado, lo ideal serían elecciones separadas, como antes de 2010 lo había previsto la Constitución, que establecía que se escogieran cada dos años alcaldes, diputados y senadores separados de las presidenciales, permitiéndole al liderazgo local y congresusal su pleno desarrollo, como relevo natural de la evolución política.Agregó que, no obstante, parecería que el mayor consenso podría girar en torno a la necesidad de unificar las elecciones municipales de febrero, con las congresuales y presidenciales de mayo.»Sin lugar a dudas, un desacierto de la Constitución de 2010, que se acrecienta aún más con la inclusión de la celebración de las primarias de los partidos en octubre del año pre-electoral, en febrero municipales, en mayo congresuales y presidenciales, con la agravante de una posible segunda vuelta para las presidenciales, esto sin considerar la falta de logística, para el montaje y desmontaje de reiterados procesos electorales».Señaló que ante ese panorama urge y favorece «un entendimiento de los dominicanos, que le permita a la Junta Central Electoral, el disponer de los fondos consignados en el presupuesto para afrontar y sortear otros retos, reformando en el sentido que entienden las fuerzas sociales la constitución, para dar paso a procesos electorales menos traumáticos y costosos».
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