España impondrá sus propias sanciones a los colonos violentos de Cisjordania ante la falta de acuerdo en la UE
España impondrá sanciones a los colonos violentos de Cisjordania. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, este lunes en Bruselas. El Gobierno de Pedro Sánchez prepara ya un paquete con “algunas decenas” de nombres ante la falta de avance para aprobar las sanciones en la UE. La medida, que requiere unanimidad, ha sido bloqueada por Hungría durante la reunión que han mantenido los ministros europeos de Exteriores en la capital belga. “No ha sido posible hacerlo a Veintisiete, por unanimidad, así que lo que vamos a hacer es actuar individuamente”, ha remarcado Albares. España sigue así la senda de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, que han aprobado sus propias medidas restrictivas. Bélgica ha asegurado también que avanza en sus propias sanciones contra los violentos que hostigan a la población palestina, destruyen sus casas y tratan de expulsarla para establecerse en el territorio.
“A nivel de la Unión Europea llevamos mucho tiempo debatiendo sobre la aplicación de sanciones a estos colonos israelíes violentos con los palestinos en Cisjordania y, por lo tanto, no podemos permitirnos esperar más”, ha dicho Albares. “La situación en Gaza es catastrófica y dramática, pero la situación en Cisjordania también es muy tensa”, ha insistido el ministro tras la reunión con sus homólogos.
España, uno de los países más críticos en la UE con la ofensiva israelí sobre Gaza, analiza ya una lista de nombres de colonos violentos para sancionarlos, unas restricciones que implican fundamentalmente la prohibición de entrada en el país. Cada caso deberá sustentarse con argumentos jurídicos y entonces será el Gobierno central quien aprobará la lista, ha explicado Albares. Además, el Ejecutivo prepara un nuevo paquete de apoyo financiero para la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), adicional a los 3,5 millones anunciados y a los 10 millones entregados en diciembre, ha dicho el ministro.
En diciembre, el Servicio de Acción Exterior (SEAE), dirigido por el alto representante para Política Exterior y Seguridad, Josep Borrell, propuso esa medida restrictiva sobre los “extremistas que ataquen a civiles”, como adelantó EL PAÍS. Pero la iniciativa, con una quincena de nombres y a pesar de que Washington también ha actuado de la misma forma, no ha logrado la unanimidad de los 27 Estados miembros. La reunión de este lunes ha logrado vencer las reticencias de República Checa, pero no de Hungría. El Gobierno del primer ministro nacionalpopulista Viktor Orbán se opone a unas sanciones europeas que buscan luchar contra la impunidad de la violencia que se vive en Cirsjordania y tratan de evitar que la escalada en la zona vaya a más.
Budapest también se ha opuesto a que la UE, con una sola voz, exija a Israel que no ataque Rafah, la localidad del sur de Gaza en la que las fuerzas israelíes instaron a la población a refugiarse y sobre la que ahora planean una operación terrestre. En su lugar, Borrell ha lanzado este lunes una llamada al Gobierno de Benjamín Netanyahu, en nombre de los otros 26 Estados miembros, que exige una “pausa humanitaria inmediata que conduzca a un alto el fuego sostenible, la liberación incondicional de los rehenes y a la prestación de asistencia humanitaria”, ha dicho el jefe de la diplomacia comunitaria.
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“Lo único que está a nuestro alcance es desplegar todo el empuje político y diplomático para reclamar que no se lance esa operación”, ha reconocido Borrell, que ha advertido sobre el riesgo de que se produzca un “enorme número de muertes civiles” si Israel ataca Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos. “En otras guerras los civiles, los no combatientes huyen. En Gaza no pueden, están encerrados en un perímetro y no pueden escapar”, ha incidido Borrell.
El jefe de la diplomacia española ha pedido, además, al alto representante europeo que analice lo antes posible si las vulneraciones del ejército israelí de la legislación internacional humanitaria en Gaza contravienen el convenio de asociación UE con Israel, un tratado que tiene los derechos humanos en su núcleo. Albares ha reclamado que ese informe esté disponible en marzo, en la próxima reunión del Consejo Europeo, para que los líderes lo analicen.
“Esperamos que todo se pueda resolver a través del diálogo, pero hay mecanismos a nuestra disposición”, ha advertido el ministro de Exteriores español. Poner sobre la mesa el convenio de asociación UE-Israel, que genera intercambios comerciales por 63.000 millones de euros anuales, supone una de las mayores fórmulas de presión de la UE, pero su suspensión (o la de alguna de sus cláusulas) es difícil. Para la suspensión total se requiere la unanimidad de los 27 países, aunque para paralizar alguno de sus puntos más comerciales solo requiere mayoría, según fuentes comunitarias.
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