Bielorrusia prepara una ley contra el colectivo LGTBI que castiga la “promoción de las relaciones no tradicionales” y “sin hijos”
Bielorrusia ha preparado un proyecto de ley que castiga la “promoción de relaciones no tradicionales”, en referencia a las relaciones LGTBI, según ha informado este lunes la agencia de noticias estatal bielorrusa Belta. El fiscal general, Andrei Shved, en un discurso ante los legisladores, anunció que la norma castigará a quienes fomenten las “relaciones anormales, la pedofilia y la negativa voluntaria a tener hijos”.
El proyecto de ley sigue el cauce administrativo necesario para su aprobación, según afirmó Shved.
La norma refleja la realidad del trato del régimen del líder autoritario Aleksandr Lukashenko a las personas homosexuales y transexuales. La homosexualidad se despenalizó en Bielorrusia en 1994, pero el país no reconoce los matrimonios entre personas del mismo sexo y las autoridades han reprimido los desfiles del orgullo LGTBI.
Las organizaciones de defensa de sus derechos denuncian no solo la desprotección a la que se enfrentan en el país, sino un trato discriminatorio en ámbitos como la sanidad, el empleo y la educación, además de detenciones arbitrarias. Según la asociación internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), el país ocupa el puesto 45º de 49 analizados en Europa en cuanto a la protección de los derechos del colectivo.
Lukashenko se ha burlado públicamente del colectivo LGTBI, calificando a los homosexuales de “pervertidos” y “abominación suprema” en un discurso dirigido a los políticos el año pasado.
El dirigente bielorruso es uno de los aliados más firmes del presidente ruso, Vladímir Putin. En Rusia está en vigor desde 2013 la conocida como ley de propaganda antigay, que prohíbe cualquier expresión pública de lo que define, en términos idénticos a los que emplea Minsk, como “relaciones sexuales no tradicionales”, para referirse a las personas gais, lesbianas, bisexuales o transexuales.
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El pasado diciembre, el Tribunal Supremo de Rusia dio un paso más allá al prohibir lo que denominó “movimiento social internacional LGTB”, al catalogarlo como organización extremista.
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