Los jueces del Supremo se inclinan por permitir a Donald Trump presentarse a las elecciones
De cómo se interprete una enrevesada frase de 95 palabras llena de subordinadas depende que Donald Trump pueda volver o no a la Casa Blanca y, antes de eso, que pueda presentarse siquiera a las elecciones, a la luz de sus actos en las semanas previas y durante el 6 de enero de 2021, día en que una turba de sus simpatizantes asaltó el Capitolio. El significado de esa frase ha sido debatido este jueves, durante más de dos horas, en una vista oral ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Los jueces dictarán sentencia en las próximas semanas. Sin que quepa sacar conclusiones definitivas antes de eso, sus intervenciones permiten intuir que se inclinan mayoritariamente por dejar a Trump presentarse a las elecciones. De los nueve magistrados, seis son conservadores ―tres de ellos nombrados por el propio Trump― y tres, progresistas.
La sesión ha servido para poner de manifiesto que la cláusula en cuestión, la sección tercera de la decimocuarta enmienda, que regula la inhabilitación por insurrección, deja más dudas que certezas. Está claro que se incorporó a la Constitución estadounidense tras la Guerra de Secesión (1861-1865) para evitar que los sublevados de la Confederación volvieran a infiltrarse en el sistema, pero no está claro quién la aplica, cómo se aplica, cuándo se aplica y a quién se le aplica.
Sobre cada una de esas cuestiones se ha debatido en una sesión que se vivió en el interior del edificio del Supremo con la expectación de las ocasiones únicas; con el público haciendo cola desde hacía días, una tribuna de prensa que no se veía tan llena desde casos históricos como el que en 2015 sancionó el matrimonio entre personas del mismo sexo y manifestantes a favor y en contra de Trump a las puertas. Las grandes cadenas de televisión por cable además se las apañaron para convertir la mañana en un espectáculo televisivo, pese a que las estrictas normas del Supremo no permiten el acceso de las cámaras.
Los jueces están llamados a pronunciarse sobre la sentencia del Tribunal Supremo de Colorado que inhabilitó a Trump para presentarse a las primarias en ese Estado el próximo 5 de marzo —de ahí que la sentencia corra prisa—, pero la doctrina que siente Tribunal Supremo será de aplicación en decenas de Estados. En Maine, una inhabilitación similar está en suspenso a la espera de lo que digan los magistrados del Alto Tribunal. El Supremo no ha tenido un protagonismo similar en materia electoral desde el caso Bush contra Gore, que zanjó la disputa por el recuento de votos en Florida en las elecciones de 2000 y acabó dándole la presidencia a George W. Bush.
El abogado de Trump, Jonathan Mitchell, ha defendido que la enmienda constitucional no impide a nadie presentarse a unas elecciones, sino en todo caso “desempeñar” el cargo, que es la palabra utilizada en la norma. La norma permite al Congreso, por mayoría de dos tercios, levantar la inhabilitación, pero esa disposición no tendría mucho sentido si a un candidato no se le permite siquiera ser elegido. “No sabemos si el presidente Trump sería excusado si gana las elecciones antes de jurar el cargo el 20 de enero de 2025″, ha argumentado Mitchell. Varios jueces se han mostrado receptivos a ese argumento. “La enmienda se refiere a ocupar un cargo, no a presentarse para un cargo”, ha dicho el conservador Samuel Alito.
Mitchell también sostiene que no es una cláusula prevista para la presidencia, puesto que se cita que un insurrecto no podrá “ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno”, en un orden que parece descendente y en el que no se cita al presidente. Y que en este caso, cargo (office) no incluye al inquilino de la Casa Blanca.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Tampoco está claro si es una norma que se ejecuta de forma automática o si tiene que desarrollarse por el Congreso, ni siquiera si es el Congreso el que ha de establecer si alguien ha participado en una insurrección.
La defensa de Trump también sostiene que la cláusula se aplica a quien haya participado en una insurrección siendo “funcionario [officer] de Estados Unidos”, un término que, según su interpretación, no se aplica al inquilino de la Casa Blanca. Su defensa argumenta que esa expresión aparece en otras tres disposiciones constitucionales y en todas ellas se excluye al presidente de su alcance.
Bajando al detalle de la frase, otro de los argumentos del equipo legal de Trump es que al asumir su cargo no prestó “juramento de apoyar la Constitución”, sino que el juramento del presidente es de “preservar, proteger y defender” la Constitución. Además, señala que no prestó ese juramento como “funcionario de Estados Unidos”, lo que también le excluiría de la cláusula.
En el proceso, además, la defensa de Trump ha sostenido que “los sucesos del 6 de enero de 2021 no fueron una insurrección en el sentido en que se utiliza ese término en la sección tercera [de la decimocuarta Enmienda]”, sino que se engarza en la “larga historia de protestas políticas que se han vuelto violentas” en Estados Unidos. Según ha dicho este jueves el abogado de Trump, lo que sucedió durante el asalto al Capitolio fueron “disturbios, no una insurrección”, pues una insurrección requeriría un intento organizado, concertado y violento de derrocar al Gobierno, argumento que no parece haber convencido a la jueza progresista Ketanji Brown Jackson.
Según Mitchell, incluso si se consideraran aquellos actos una insurrección, el entonces presidente no habría participado en ella. Y que en todo caso, la inhabilitación solo se aplicaría a alguien condenado, no meramente acusado. En realidad, en la sesión no se ha dedicado mucho tiempo a analizar si el asalto al Capitolio fue una insurrección y si Trump tomó parte en ella. Eso refuerza la idea de que los jueces resolverán la cuestión quedándose solo en lo estrictamente jurídico, sin entrar en cuestiones de apreciación política, como si puede considerarse un intento fallido de golpe de Estado lo que pasó en el asalto al Capitolio. El Tribunal Supremo de Colorado aceptó el informe de la comisión del Congreso que investigó lo ocurrido el 6 de enero de 2021 como prueba válida para determinar que Trump es un insurrecto.
El que sí ha entrado de lleno en el fondo de la cuestión ha sido Jason Murray, el abogado que representaba a los votantes de Colorado que han impugnado la participación de Trump en las primarias de dicho Estado. “Estamos aquí porque, por primera vez desde la Guerra de 1812, la capital de nuestra nación sufrió un asalto violento. Por primera vez en la historia, el ataque fue incitado por un presidente en ejercicio de Estados Unidos para interrumpir la transferencia pacífica del poder presidencial”, ha dicho. “Al participar en la insurrección contra la Constitución, el presidente Trump se descalificó a sí mismo de su cargo público. Como hemos oído antes, el principal argumento del presidente Trump es que este Tribunal debería crear una exención especial a la sección tercera que se aplicaría a él y solo a él. Dice que la sección tercera descalifica a todos los insurrectos que rompen el juramento, excepto a un expresidente que nunca antes ocupó otro cargo estatal o federal. No hay razón posible para tal exención y el tribunal debería rechazar la alegación de que los Padres Fundadores cometieron un error extraordinario”, ha dicho.
Sin embargo, tanto Samuel Alito como Neil Gorsuch, ambos conservadores, le pusieron en aprietos al preguntar cómo compatibilizar decisiones y criterios diferentes de los distintos Estados sobre si un candidato ha participado o no en una insurrección y sobre si debe ser inhabilitado. El propio presidente del Supremo, John Roberts, ha sugerido la posibilidad de que si se permite a Colorado eliminar de las papeletas a Trump, quizá otros Estados opten por vetar a Biden. También la progresista Elena Kagan parecía mostrarse incómoda con la posibilidad de dejar que cada Estado decida según su criterio.
Shannon Stevenson, abogada general del Estado de Colorado, ha defendido la decisión judicial de su territorio. “El peticionario sostiene que Colorado debe incluirlo en la papeleta electoral debido a la posibilidad de que se produzca una supermayoría [de dos tercios] del Congreso que elimine su incapacidad legal. Según esta teoría, Colorado y todos los demás Estados tendrían que dar cabida a esta posibilidad, no solo para las primarias, sino a lo largo de las elecciones presidenciales y hasta el momento en que un candidato inelegible jurara su cargo. Nada en la Constitución despoja a los Estados de su poder para dirigir las elecciones presidenciales de este modo”, ha dicho durante la última intervención.
Después, el presidente del Supremo ha levantado la sesión, y los asistentes han dejado el solemne edificio del Supremo aún a vueltas con las famosas 95 palabras en la cabeza. Parecen muchas, pero son solo dos frases. La primera dice: “No podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector para elegir presidente y vicepresidente, ni desempeñará cargo civil o militar alguno bajo la autoridad de Estados Unidos o de cualquier Estado, quien, habiendo jurado previamente apoyar la Constitución de Estados Unidos como miembro del Congreso, como funcionario de Estados Unidos o como miembro de la Asamblea Legislativa de cualquier Estado o como funcionario ejecutivo o judicial del mismo haya tomado parte en alguna insurrección o rebelión contra Estados Unidos o haya prestado ayuda o facilidades a los enemigos del país”. La segunda es más clara: “Empero, el Congreso, por medio del voto de dos terceras partes de cada Cámara, podrá subsanar esa incapacidad”.
Tras los argumentos orales de este jueves, la impresión es que en esas 95 palabras no estará finalmente la respuesta a la pregunta de qué puede parar a Trump en su camino de regreso a la Casa Blanca.
Sigue toda la información internacional en Facebook y X, o en nuestra newsletter semanal.
Suscríbete para seguir leyendo
Lee sin límites
_
About Author
