La violencia machista
La protección a las víctimas de violencia machista, una finalidad encomiable, corre el riesgo de convertirse en vía para medidas injustas y la extorsión de acusados que, por el hecho de ser hombres, llevan las de perder cuando comparecen ante las autoridades pertinentes. El caso que relato podría ser similar a otros, pero me toca de cerca porque se trata de mi hermano, Víctor Scharboy Almánzar, injustamente acusado y encarcelado por cinco meses sin que nadie haya oído su versión.
La historia arranca el sábado 2 de septiembre del pasado año, cuando encabezaba una reunión docente con decenas de jóvenes en un salón del liceo Hilda Gutiérrez, en Boca Chica. Allí lo aprehendió una patrulla de la Policía Nacional, acompañada de su expareja, María Yocasta Escotto de los Santos (Sulay), amparada en una orden de detención.
Ya en el destacamento de Los Tanquecitos, Víctor se entera de que su expareja se había querellado por una supuesta agresión ocurrida el 2 de agosto de 2023. Para esa fecha no vivían juntos, porque se habían separado el 30 de julio. Se quedó solo y sin muebles en la casa que habían compartido en la calle Proyecto # 24, del sector INVI, en Andrés, Boca Chica. No se vieron más hasta el 2 de septiembre, día del arresto.
El domingo 3 de septiembre, el fiscal con asiento en la Unidad de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Sexual de Alma Rosa, César Payano, confirmó por teléfono con la propietaria de la casa que compartían Víctor y Sulay, tía de la denunciante, que fue ella quien intentó agredir a mi hermano. Aun así, ni siquiera le dio el beneficio de la duda. Sin volver a conversar con el acusado solicitó medida de coerción y en su escrito reportó que la detención se produjo en «flagrante delito», no en el liceo citado anteriormente, mientras trabajaba.
En la primera acta denuncia del 04/08/2023, la autodesignada víctima responde que la agresión ocurrió «en la casa de ambos C/Sinaí iINVI-CEA No s/n, parte atrás». Se trata de un domicilio inexistente, porque Sinaí e INVI-CEA son dos barrios y no son los nombres de una calle. Con esa sola respuesta se cae la acusación.
Mientras, a la interrogante de cuándo sucedió la agresión, la denunciante en la segunda acta dice que el «jueves 03/08/2023 a las tres de la tarde», en la primera señala el 06/08/2023 (Domingo).
Un relato novelesco
En la segunda acta denuncia y según el fiscal Payano, la querellante, María Yocasta Escotto de los Santos, declaró que el día 06/08/2023, mientras estaba con una amiga se presentó un señor en un vehículo y le dijo que le pagaron para hacerle daño, pero que no le iba a hacer nada y «si tiene problemas con alguien» y ella contestó «con el denunciado» y el señor le habría dicho «más claro de ahí no se puede».
Sin embargo, en el informe de la psicóloga forense la denunciante ofrece una tercera versión sobre el mismo supuesto hecho. En la entrevista realizada el 07 de agosto afirma que anoche (día 06) un hombre que «andaba con un pasamontaña con un lente» fue a la casa de su amiga y le dijo que le pagaron 5,000 pesos, pero que no le hacía nada porque era hermana de Canario.
En esa misma entrevista con la psicóloga forense Idaisy Cordero, la señora Sulay admite que mi hermano nunca la había agredido ni física ni verbalmente y que nunca la había celado.
Violaciones a los procesos
Desde el día de su apresamiento, a Víctor Scharboy Almánzar le han violado sus derechos. Fue apresado en el interior de un liceo donde la patrulla policial actuante no podía penetrar.
Además, los oficiales de la Policía en el acta de arresto reportaron que mi hermano fue detenido en la «c/ tierra alta de Los Tanquecitos» y no en el recinto antes citado, hecho del que dan testimonio sus compañeros profesores en una carta.
Otra flagrante violación a los derechos de mi hermano se debe a que en el plazo de 90 días que tuvo el fiscal César Payano para concluir su «investigación» y presentar sus conclusiones no realizó indagatoria alguna en el terreno de los hechos. Tampoco escuchó al acusado para conocer su versión, y basó los cargos en el relato verbal de la denunciante, sin el nombre ni la dirección de la amiga donde supuestamente recibió las amenazas de parte de sicarios.
De igual manera, se ha violado la Resolución No. 530-2023-SMEC-02147, Auto No. 4020-EPEN-02977, de fecha 04/08/2023, emitida por el magistrado Leomar Cruz Quezada, que ordena que Víctor sea recluido en el CCR NAJAYO XX. Lleva casi seis meses en la Penitenciaria de La Victoria. Antes de ser enviado allí estuvo 15 días en la cárcel de la Unidad contra la Violencia de Genero de Alma Rosa y otros cinco en el recinto penitenciario de San Luis.
Por las razones antes expuestas, pese a tres instancias elevadas por sus abogados solicitando su traslado, Víctor Scharboy Almánzar nunca fue llevado a las tres audiencias de revisión de la medida de coerción, realizadas los días 4 de octubre, 7 de noviembre y 6 de diciembre de 2023, porque en el expediente figura que guarda prisión en Najayo Hombres.
Sobre el hecho, el Ministerio Público otorga tres calificaciones jurídicas diferentes en las dos actas de denuncia, sin sello ni firma del fiscal, donde el magistrado Payano estipula que hubo «agresión verbal» y «amenaza»; y en la acusación, «agresión física a la víctima», pero sin prueba médica de ello.
Finalmente, el pasado 22 de enero, la jueza del Décimo Juzgado de la Instrucción, en la audiencia preliminar, en la que se supone valoran los méritos de las pruebas, ignoró por completo la versión del acusado y de su defensa, aunque sí se «conmovió» con el «drama teatral» de la supuesta agredida y ordenó apertura a juicio de fondo contra mi hermano, con el argumento del rechazo a los presupuestos presentados, pero no sobre la base de la existencia de pruebas.
Un llamado a la procuradora
La procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, debe intervenir en este caso, porque no es el único acusado al que le han violado sus derechos y es víctima de un intento de chantaje y extorsión por una supuesta agredida, sin aportar una sola prueba. Por un hecho que nunca ocurrió, lleva cinco meses en La Victoria, y su salud se deteriora con el paso del tiempo y sus 66 años a cuestas.
La mala y sospechosa aplicación de la Ley 24-97 debe ser investigada en todas las unidades contra la violencia de género de la Procuraduría, porque hay muchos hombres inocentes presos. Y en libertad, de manera inexplicable, otros que sí son verdaderos agresores.
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