Estados Unidos envió a Venezuela agentes encubiertos de la DEA para vincular al entorno de Maduro con el narco
Un documento oficial de 15 páginas al que ha tenido acceso Associated Press revela que la DEA, la agencia antidrogas de Estados Unidos, envió a Venezuela en 2018 a tres agentes encubiertos para recabar supuestas pruebas que ayudaran a vincular al entorno de Nicolás Maduro con el narcotráfico. La misión, que cruza la línea del derecho internacional, era parte de la llamada Operación Money Badger (en referencia a un tipo de anzuelo), puesta en marcha en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas. En mayo de ese año Maduro ganó unas elecciones presidenciales celebradas sin competencia real y cuestionadas por la gran mayoría de la comunidad internacional y Donald Trump elevó la presión contra el Gobierno venezolano de forma exponencial.
El informe señala que uno de los objetivos los espías de la DEA era investigar al militar José Vielma Mora, actual diputado en la Asamblea Nacional del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Desde los tiempos de Hugo Chávez, este dirigente chavista ocupó importantes cargos en el Gobierno como jefe de recaudación de impuestos y control de aduanas y gobernador del estado fronterizo de Táchira. Según la tesis de la agencia antidrogas de Estados Unidos, Vielma tenía un supuesto cómplice en actividades ilícitas: Luis Motta Dominguez, también con una carrera militar a sus espaldas y exministro de Energía Eléctrica. El anzuelo era un blanqueador de dinero profesional, investigado por lavado de capitales y que terminó colaborando con la DEA desde Miami.
“Es necesario llevar a cabo esta operación de forma unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas”, indica el memorando. Associated Press indica que, debido a que el plan se realizaba al margen del derecho venezolano e internacional, requirió la aprobación del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), un gabinete de altos funcionarios del Departamento de Estado y de Justicia que atiende casos delicados por sus implicaciones éticas, legales o su impacto en política exterior.
El documento, en el que se autorizaba a grabar en secreto a los dirigentes chavistas en reuniones encubiertas, se subió accidentalmente a la web de la Fiscalía General de Manhattan junto con decenas de pruebas del caso contra dos exagentes de la DEA, Manny Recio y John Constanzo Jr, condenados por filtrar información confidencial por medio de sobornos a la defensa de casos relacionados con Venezuela, como el del empresario Alex Saab. Acusado de ser testaferro de Maduro por las autoridades estadounidenses, Saab quedó finalmente en libertad a finales de 2023 a través de un canje por presos como parte de las negociaciones directas entre Washington y Caracas.
Hace casi dos décadas, Venezuela cerró su programa de cooperación en la lucha antidrogas con la DEA. De hecho, ya en 2005 Hugo Chávez expulsó del país a unos funcionarios bajo acusación de espionaje. Un episodio más de hostilidades entre el régimen bolivariano y Estados Unidos. En esta ocasión, el Gobierno de Maduro no se ha pronunciado todavía sobre esta operación. Sin embargo, el informe, que evidencia la intromisión de la la agencia antidrogas de Estados Unidos en un país extranjero, se conoce además en un momento muy delicado para las relaciones entre EE UU y Venezuela. Las negociaciones entre ambos países para flexibilizar las sanciones a cambio de garantías para unas elecciones democráticas previstas para este año están a punto de naufragar por la decisión del chavismo de bloquear la participación de María Corina Machado, la principal candidata del bloque opositor, escogida en primarias.
Días atrás, el mandatario venezolano había señalado a la DEA y la CIA de estar planeando conspiraciones para desestabilizar el país. “Yo no creo que el presidente [Joe] Biden esté involucrado”, dijo Maduro en una aparición reciente en televisión. “Pero la CIA y la DEA son organismos independientes, imperialistas, criminales”.
El Departamento de Estado ya ha advertido de que en abril se vencen licencias otorgadas en un momento de distensión el pasado mes de noviembre, luego de que se firmaran los acuerdos de Barbados entre el chavismo y la oposición. Si el Gobierno de Maduro no permite la participación de Machado y todos los candidatos inhabilitados en las elecciones, lo que de momento queda descartado sin ningún tipo de matiz, la Casa Blanca volverá a imponer al país caribeño las sanciones económicas que en los últimos años contribuyeron a agravar la ya profunda crisis económica. Washington también pide a Maduro la apertura del registro electoral, la participación de misiones de observación electoral independientes y el anuncio formal de un cronograma para realizar los comicios presidenciales en el segundo semestre de 2024. El conflicto venezolano, que había dado algunos pasos luego de la recuperación de la interlocución con EE UU, luce nuevamente estancado.
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