Chile arranca 2024 con una ola de homicidios que complica al Gobierno de Boric
El 2 de enero de 2023, hace un año, los diarios chilenos reportaban dos hechos graves: el baleo de una niña de seis años en el municipio de Cerro Navia, y la muerte por un disparo de un hombre en La Granja, ambas comunas de la Región Metropolitana de Santiago, durante una persecución policial tras el robo de un automóvil. Pero tras 12 meses, este martes, los chilenos comenzaron su año nuevo 2024 con el reporte de seis homicidios en poco más de 24 horas, una situación que refleja la crisis de seguridad que atraviesa el país sudamericano, cruzada por el aumento de uso de armas de fuego, la irrupción de una nueva delincuencia y el avance del crimen organizado.
El 29 de diciembre, en la víspera de las fiestas para despedir el año, tres personas, entre ellas una niña de 13 años, fueron asesinadas cuando desde un automóvil dispararon ráfagas, mientras se grababa un vídeo musical en una calle en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, en el sector sur de Santiago. El 1º de enero, en una fiesta de año nuevo en la discoteca Mi gente VIP, en Recoleta, dos personas murieron por impactos de bala y cuatro resultaron lesionadas. Y, al día siguiente, este martes, aproximadamente a las 6:00 de la mañana, más de 50 balas fueron disparadas desde un vehículo en contra de dos departamentos, de un primer y segundo piso, en la comuna de La Florida, en Santiago. En la vereda quedaron dispersos los casquillos de armamento automático con los que fue asesinado un hombre de 70 años que contaba con antecedentes policiales por tráfico de drogas.
Al violento año nuevo se suman los nueve asesinatos perpetrados en Navidad, cuando, además, un niño de tres años fue herido de gravedad en un tiroteo.
La ola de crímenes ha puesto presión en el Gobierno del presidente de izquierdas Gabriel Boric. Durante el fin de semana largo, varios parlamentarios de la oposición han pedido al Ejecutivo que, ante la crisis de seguridad y los violentos homicidios ocurridos en los últimos días, convoque al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Uno de ellos fue el presidente del Senado Juan Antonio Coloma, de la UDI, de la derecha histórica, quien señaló que, ante la situación, “el Gobierno tiene que dar señales de fortaleza”. “No estoy diciendo que sea la única cosa que pudiera ser, pero sí necesitamos como país que en el año 2024 sea la recuperación de la seguridad. Y no hay ni otro acuerdo, ni otra señal, ni otro elemento más importante que eso”, dijo en una radio local.
El Cosena es un organismo encargado de asesorar al presidente de la República en materia de seguridad nacional y fue impulsado en la Constitución de 1980 que redactó la dictadura militar (1973-1990), pero que fue reformado en 2005 por el exmandatario socialista Ricardo Lagos. Lo integran, además, los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema; los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros y el contralor general de la República.
A comienzos de diciembre, tres alcaldes de la oposición pidieron al Gobierno decretar estado de excepción constitucional ante la crisis de inseguridad.
La portavoz del Gobierno de Boric, Camila Vallejo, sin embargo, ha descartado ese martes llamar al Consejo de Seguridad Nacional. Y ha dicho que el Cosena “no da más resultado que elaborar una opinión, un diagnóstico”. “Nosotros necesitamos acuerdos o acciones que impliquen resultados. Insisto: no píldoras ni alicientes, sino que resultados. Eso en criterio general, siempre vamos a evaluar las propuestas”.
La crisis de seguridad que vive Chile se explica por la irrupción de una nueva criminalidad que ha implicado el aumento en la tasa de homicidios de 4,5 en 2018 a 6,7 en 2023. Según el Gobierno, este año el delito ha tenido una baja, pero la violencia con que se cometen los asesinatos provoca temor en la población.
De acuerdo con cifras de la Fiscalía Nacional, si entre 2016 y 2016 hubo 1.860 personas asesinadas por armas de fuego, en 2022, es decir, solo en un año, fueron 713.
Es una crisis que desafía al Gobierno de izquierdas y que se ha transformado en la principal misión de la ministra del Interior, Carolina Tohá. Luego del plebiscito constitucional del 17 de diciembre, donde se echó abajo una propuesta de derechas, La Moneda aseguró que se concentraría en gobernar con especial énfasis en las prioridades sociales: reforma de las pensiones, pacto fiscal para financiarla, y el control de la delincuencia. Este 2024 es un año electoral, donde las municipales de octubre se vivirán como un anticipo de las parlamentarias y presidenciales de 2025. En las campañas, como ya ha ocurrido en las últimas elecciones, el problema de seguridad pública será crucial, porque se trata de una prioridad de la sociedad, según coinciden las encuestas.
“Con mucha más crueldad”
La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), dice que los homicidios que hoy se cometen en Chile tienen dos componentes que los han hecho “todavía más complejos”. “Primero, estos ajustes de cuentas entre bandas que se hacen a vista y paciencia en los barrios, generalmente no involucraban a personas inocentes, pero hoy les da lo mismo. Y eso da una sensación de mucho temor y terror en las comunidades, como ya ha ocurrido a varias personas inocentes estos días”.
Como segundo elemento, describe la alcaldesa, “es un tipo de homicidios que nosotros no habíamos visto antes, como cuando han descuartizado y enterrado personas vinculadas a situaciones de narcotráfico o bandas. Aunque los homicidios han existido siempre, hoy son con mucho mayor crueldad y espectacularidad que antes, con más presencia de armas y más violentos, en situaciones que solo veíamos en las películas. Por supuesto que esto genera una mayor percepción de temor”.
Para Leitao, del Partido Demócrata Cristiano de la centroizquierda pero que no es parte del oficialismo, “el Gobierno ha dado respuesta a una agenda de seguridad que me parece muy nutrida y completa desde el punto de vista legislativo y de los recursos invertidos. Incluso, dificulto que haya otro Gobierno que haya puesto más preocupación en la seguridad por las razones excepcionales que vivimos, pero que no tienen resultados inmediatos, sino que tendrán en el mediano plazo. Y lo que la gente espera y busca es ahora: cómo paramos esto”.
La alcaldesa pone como ejemplo el Plan Calles sin Violencia impulsado por el Ejecutivo, precisamente, por los homicidios. Lo destaca, pero insiste en que los resultados no se verán “de un día para otro. ¿Y qué hacemos mientras tanto para que las personas puedan entender que esta es una crisis que se está abordando y no parezca que la situación se salió de las manos?”. Por esas razones, Leitao señala que los municipios tienen herramientas que pueden ser muy útiles, pero que “se ha sacado poco provecho al conocimiento que tenemos los alcaldes de nuestros territorios en relación a la comisión de delitos y el crimen organizado”.
En medio de la crisis de seguridad, el Ministerio Público, a través de un programa la Subsecretaría del Interior, ha implementado desde noviembre una nueva unidad, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), que se aboca sólo a casos como los ocurridos los dos últimos fines de semana de diciembre. Ha sido una política pública creada, precisamente, por la irrupción de una nueva delincuencia armada y porque, también, ha cambiado la escena del crimen. Según explicó hace unos meses a EL PAIS el prefecto Jorge Abatte, jefe la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones de Santiago (PDI), hay situaciones en la que en los sitios del suceso se han encontrado “de 80 a 100 evidencias balísticas en el mismo lugar, para una o más personas”.
A fines de noviembre del año pasado, la Subsecretaría de Prevención del Delito del Gobierno de Boric dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) mostró que la percepción de inseguridad en Chile llegó el 90,6%, la más alta en 10 años. Esto, mientras que octubre, un estudio de la Fundación Paz Ciudadana reveló que en el índice de percepción ciudadana sobre la situación de la seguridad pública en el país sudamericano, el miedo de los chilenos a sufrir un delito alcanzó su máximo histórico al llegar al 30,5%, el número máximo desde el año 2000.
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