Nada de borrón y cuenta nueva
El operativo que desplegó ayer el Ministerio Público tiene consecuencias no solo para la Procuraduría. Por ejemplo, los medios de comunicación tenemos un compromiso con la sentencia del Tribunal Constitucional 0171/20 (aunque no todos lo observen) que aclara muy bien qué tipo de informaciones publicadas en sus ediciones digitales pueden o deben ser eliminadas o actualizadas.
El borrado de expedientes que los delincuentes conseguían en complicidad con los empleados de la Procuraduría benefició incluso a condenados por homicidio, que lograban su certificado de no antecedentes penales. Policías, fiscales, personal de tecnología y área administrativa… Esta investigación comenzó al menos hace cinco años. Se siguieron rastros bancarios, transferencias, incluso contactos en el exterior.
Para medios como Diario Libre, las peticiones de borrado amparados en un discutible «derecho al olvido» representan tiempo, recursos legales y dinero. Abogados inescrupulosos aseguran a sus clientes que una parte de su pasado desaparecerá… y cobran buen dinero por ello.
Una sentencia dictada en España en un caso del periódico El País es ilustrativa de la naturaleza del problema: «el llamado derecho al olvido digital no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones correctamente publicadas en su día». Aquí, la sentencia 0171/20 se logró gracias al tesón de www.acento.com
No hay tal «derecho al borrado» cuando las informaciones son ciertas. Prima el derecho de la sociedad a estar bien informada, lo que propicia una opinión pública libre y por tanto una democracia más sana. ¿Borrón y cuenta nueva para los delincuentes, «cortesía» del MP?
¿Borramos los medios lo que se publicó sobre el caso del candidato de la Fuerza del Pueblo, Julio Romero?
About Author
