Operación Calamar: Utilizaba documentos falsos de fallecidos
Después que el Ministerio Público concluyó la lectura de solicitud de medida de coerción, poco antes de las 12:00 del mediodía, las partes querellantes empezaron a describir la estafa con las cuales fueron despojadas de cientos de millones de pesos por los acusados de la supuesta red bautizada con el nombre de Operación Calamar.
Los primeros en exponer fueron los miembros de la familia Mota, según sus abogados, entrevistados en un receso.
Los abogados Yahaira Solano, Onasis Rodríguez Piantini y José Javier Bidó, representantes de estos querellantes, corroboraron la acusación que hace el Ministerio Público a la supuesta trama.
José Javier Bidó expuso que Mercedes Mota viuda Martinez, Cristiano de Mota Mercedes y Jorge de la Mota Mercedes, todos fallecidos, en un fallo del tribunal Superior Administrativo, especificamente de la Primera Sala, ese mismo tribunal afirma que las generales de esas personas no fueron aportadas al expediente por el abogado Ángel Lockward para reclamar la herencia de mas de 640 millones.
«Estas personas estaban fallecidas y los pusieron a levantar las manos en el tribunal y el tribunal lo sabia. ¿Por qué el tribunal lo sabía? Porque el mismo tribunal hace el comentario de que él ( Ángel Lockward) no aportó generales de estas personas», dijo.
Los muertos, según Bidó aparecen firmando los acuerdos millonarios sin ser puestos en causas sus sucesores, quienes están pobres.
Los dueños de las propiedades vendidas al Estado dominicano y cuyos libramientos de pagos se hicieron de manera irregular, según el Ministerio Público, están ubicadas en Higüey y eran propiedd de Jorge Mota y Mercedes Telemín, quienes murieron en los años 40.
Yahaira Solano y Onasis Rodríguez Piantini afirmaron tambien que otras personas que cobraron de manera irregular la herencia de la familia Mota que no están acusadas ahora mismo deberán ser llamadas en su momento
Después de que concluyan las partes querellantes se continuará la audiencia con la defensa de los 20 imputados, cuyo grupo está encabezado por los exministros de Hacienda, Donald Guerrero; Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
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