Exconsultora jurídica, testigo en Calamar recibió soborno
Una de los 65 testigos propuestos por la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) en la solicitud de medida de coerción a los detenidos durante la Operación Calamar, habría recibido varios millones en sobornos e invertido parte del dinero en la compra de su vivienda.
Se trata de Belkis Tejeda Ramírez, quien se desempeñó como consultora jurídica de la Dirección General de Bienes Nacionales, durante el periodo que, según el Ministerio Público, se cometieron los ilícitos que atribuye a la supuesta estructura de corrupción que se dirigía desde el Ministerio de Hacienda.
Con el testimonio de la consultora, el Ministerio Público dice que probará, entre otras cosas, que el exdirector de Bienes Nacionales, el fallecido Emilio Rivas recibió pago de soborno de la estructura que dirigía Fernando Crisóstomo, otra de las personas que le sirven de testigo en el caso.
También dice que demostrará que la misma Tejeda Ramírez recibió pago de soborno por su participación en los casos de expropiación de terrenos, los que habría recibido a través de Grupo Dibefe, S.R.L., y Joar Emir Hernández.
“Por ejemplo, en el caso de los sucesores de Manuel Reyes y Marcial Reyes y compartes, de la parcela 613, Distrito Catastral núm.32, en Santo Domingo, recibió soborno del imputado Ángel Gilberto Lockward Mella, a través de Joar Emil Hernández, para que la Dirección General de Bienes Nacionales no se opusiera a sacar un título por pérdida”, dice el documento de solicitud de medida de coerción.
Cita el caso específico de RD$2,000,000 depositados al señor Joar Emil Ortiz Hernández, en calidad de cesionario, y cuyo objeto sería destinarlo al pago de soborno a Tejada Ramírez.
«Lavó» el dinero
Conforme al expediente, el testimonio de la exconsultora también le servirá de prueba a la Pepca para demostrar que ésta lavó el dinero de los sobornos recibidos a través de la compra de varios inmuebles, y pone de ejemplo que, a través de la empresa DIBEFE compró la casa donde reside (que está ubicada en el sector Las Praderas) en trece millones de pesos y que, en reparación de la vivienda, invirtió lo que costó o más.
Por medio de la misma empresa habría comprado en marzo de 2020 un apartamento en el sector El Millón, en el Distrito Nacional, a un costo superior a los 170,000 dólares.
La Pepca también dice que probará que antes del año 2017, los expedientes de pago por expropiación de terreno se mandaban automático al Ministerio de Hacienda cuando eran completados, pero a partir de esa fecha solo se mandaba a ese ministerio lo que pedía el ministro, Donald Guerrero. Señala que, a tales fines, “el fenecido Emilio Rivas le instruyó a que todo lo que pedía desde el Ministerio de Hacienda, Ángel Donald Guerrero Ortiz, enviarlo sin demora, a que todo lo de Hacienda se le diera prioridad y que se despachara de una vez”.
La señora habría recibido la instrucción durante una reunión donde se encontraba todo el staff de esa dependencia y tras la cual le habrían entregado una lista de expedientes de Fernando Crisóstomo, entre los que estaban los casos que son parte de la investigación.
Según la Pepca, bajo la supervisión de Tejeda Ramírez y por mandato del entonces director, se firmaron acuerdos transaccionales para el pago de terrenos sobre la base de expedientes incompletos.
About Author
