Más de 60 detenidos en Georgia en las protestas contra una ley que limita la independencia de medios y ONG
Miles de georgianos se congregaron la noche del martes frente al Parlamento en repulsa de una represiva reforma legal que complica las pretensiones de su país para entrar en la Unión Europea. Sus diputados han aprobado en primera instancia el llamado “proyecto de ley sobre agentes extranjeros”, una iniciativa inspirada en la legislación rusa que introducirá en una lista negra a todos los medios, ONG y activistas que reciban de fuera del país al menos una quinta parte de sus fondos. Una vez etiquetados como agentes extranjeros por el Ministerio de Justicia georgiano, los afectados deberán cumplir una serie de requisitos muy severos bajo la amenaza de recibir multas o, incluso, penas de hasta cinco años de cárcel. En Rusia, la libre interpretación de esta ley ha justificado la supresión de reputadas organizaciones que velaban por la memoria histórica y que defendían los derechos humanos, como Memorial.
La policía reprimió las protestas del martes con violencia. Al menos 66 personas fueron detenidas y en su dispersión se emplearon cañones de agua. Entre los arrestados figuraba el líder del partido opositor Girchi, Zurab Japaridze. “La comunidad internacional condenará a las autoridades georgianas por dispersar una manifestación pacífica”, advirtió el jefe de otro partido opositor, Giorgi Vashadze, líder de Estrategia Aghmashenebeli. Según la versión del Ministerio del Interior, más de 50 agentes de policía resultaron heridos y se empleó la fuerza contra los manifestantes “por cometer vandalismo y desobedecer a las fuerzas de seguridad”.
A pesar de su primera aprobación, la tramitación del proyecto de ley aún puede ser frenada. El borrador ha sido remitido a la Comisión de Venecia tras su aprobación este miércoles, y las conclusiones del órgano consultivo del Consejo de Europa pueden ser demoledoras. “Obtendremos su conclusión en unos meses, y el Parlamento continuará con su debate después”, ha recalcado el diputado Irakli Kobakhidze, miembro del partido gobernante Sueño Georgiano.
Incluso la presidenta de Georgia, Salomé Zourabichvili, se ha posicionado de parte de los opositores a la ley: “Estoy con vosotros porque representáis hoy a la Georgia libre que ve su futuro en Europa y no quiere que nadie le robe ese futuro”, manifestó la alto cargo a través de un vídeo grabado frente a la Estatua de la Libertad de Nueva York, donde se encuentra de viaje oficial. Sin embargo, para el primer ministro georgiano, Irakli Garibashvili, esta nueva medida “cumple los estándares europeos”.
La nueva ley ha recibido numerosas críticas tanto de organizaciones no gubernamentales como de la propia Unión Europea. “Es incompatible con las leyes internacionales de derechos humanos y con los estándares que protegen las libertades de expresión y de asociación”, manifestaba el director de Human Rights Watch para Europa y Asia Central, Hugh Williamson, a través de un comunicado. “La ley de agentes extranjeros marginará y desacreditará a las organizaciones y medios independientes que, teniendo financiación foránea, sirven para ampliar el interés público en Georgia (…) Tendrá un efecto paralizador entre los activistas que velan por la democracia, los derechos humanos y el imperio de la ley”, agregaba el activista.
“El manual autoritario de Rusia”
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El Instituto de la Prensa Internacional también ha condenado la iniciativa. “Estamos alarmados porque los legisladores georgianos están considerando tomar el manual autoritario ruso con la denominada ley de agentes extranjeros. Este tipo de legislación no tiene lugar en un país que aspira a unirse a la Unión Europea y suscribe los principios democráticos de gobernanza”, recalcó el vicedirector del instituto de medios, Scott Griffen, a través de otro comunicado.
Para la prensa libre georgiana, “no hay otro motivo racional detrás de esta ley que suprimir la sociedad civil y la prensa independiente”, según afirmó por su parte Mariam Gogosashvili, directora de la asociación Carta de la ética periodística de Georgia.
El país, que solicitó formalmente su ingreso en la Unión Europea hace un año, el 3 de marzo de 2022, a raíz de la invasión rusa de Ucrania, ha recibido también un toque de atención desde Bruselas. Para el alto representante del bloque en su política exterior, Josep Borrell, la ley de agentes extranjeros georgiana incumple los estándares democráticos que se exigen a sus miembros. “Es un desarrollo muy malo para Georgia y su gente”, ha advertido a Tbilisi el jefe de la diplomacia europea.
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