Migrantes desvalijados por las fuerzas de seguridad de Grecia en la frontera de Europa
En enero del año pasado, los ciudadanos cubanos Lino Antonio Rojas Morell y Yudith Pérez Álvarez se presentaron ante las autoridades en la provincia griega de Evros para solicitar asilo, tras haber entrado irregularmente en el país. Los agentes de policía no solo no hicieron caso a sus demandas, sino que los llevaron a una comisaría donde les quitaron sus teléfonos y mochilas. Al día siguiente, antes de ser transportados ilegalmente a Turquía junto a decenas de personas de diferentes nacionalidades, fueron registrados de nuevo. “El jefe metió mi dinero [375 euros] en su bolsillo”, explica Rojas Morell. “Los agentes buscaban claramente dinero. El hombre incluso quiso mirar mis bragas. Me tocaron los pechos y entre las piernas”, relata Pérez Álvarez en una denuncia que ha sido recientemente admitida a trámite por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Un año después, ambos se encuentran en Estambul, aún traumatizados por la violencia sufrida durante su deportación ilegal. Su caso, lejos de ser único, revela cómo se están gestionando los flujos migratorios en la frontera oriental de la Unión Europea.
Durante los últimos seis meses, dos periodistas de EL PAÍS y del medio griego Solomon han entrevistado a más de una docena de fuentes, entre migrantes, empleados de diversas instituciones relacionadas con el sistema de asilo heleno, miembros en activo y retirados de las fuerzas de seguridad, abogados, expertos y habitantes de la provincia fronteriza de Evros, la más oriental de Grecia. También han analizado los testimonios recogidos por diversas asociaciones y ONG sobre 374 incidentes en los que más de 20.000 personas fueron deportadas ilegalmente por fuerzas de seguridad griegas a Turquía a través de la frontera que delimita el río Evros entre los años 2017 y 2022.
Las conclusiones de la investigación indican un claro modus operandi por parte de las autoridades griegas: la mayoría de los migrantes capturados cuando entran irregularmente en Grecia y, sin ofrecerles la posibilidad de solicitar asilo o registrar su detención —algo que exigen las leyes griegas y europeas—, son llevados a diversos puntos de concentración (comisarías de policía, cuarteles del ejército, almacenes abandonados) donde son tratados de forma violenta.
Antes de transportarlos a Turquía en lanchas inflables, se los despoja de sus pertenencias. Los datos recabados permiten estimar que, en los últimos seis años, las fuerzas de seguridad griegas se han apropiado de más de dos millones de euros en efectivo (entre 2,2 y 2,8 millones), así como de teléfonos y otros objetos de valor (anillos, pendientes, pulseras…). Esta cantidad podría ser bastante mayor puesto que muchas de estas deportaciones —y el consiguiente robo— no son registradas por las ONG que trabajan en la zona.
Los datos analizados permiten establecer que lo que hace unos años podían ser incidentes aislados, se ha convertido en una táctica sistemática. “Cuando les confiscas los teléfonos, eliminas cualquier prueba de que estuvieron allí. Cuando les confiscas el dinero, haces su vida más difícil. Cuando los dejas desnudos, otra tendencia que va en aumento, los humillas y desmoralizas. Es parte de una estrategia para disuadirlos de intentarlo [cruzar] de nuevo”, denuncia Eva Cossé, investigadora de Human Rights Watch (HRW) en Grecia.
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“No podemos hablar de unas pocas ovejas negras, porque en los últimos años se ha convertido en parte de una práctica operacional sistemática”, subraya Hope Barker, portavoz de la Red de Monitorización de la Violencia Fronteriza (BVMN), que integra una decena de asociaciones de base que recogen testimonios de pushbacks (devoluciones ilegales de migrantes) en las fronteras europeas: “Los teléfonos, a veces se los quedan, a veces los destrozan; pero el dinero, definitivamente, se lo quedan. Y es habitual que si descubren que alguien ha ocultado su dinero, le peguen aún más como castigo”. Es lo que le ocurrió a dos jóvenes marroquíes que fueron deportados el pasado 1 de noviembre junto a medio centenar de personas. Fueron internados en un centro de detención y, un día más tarde, llevados al río Evros, donde fueron cacheados por segunda vez. “Dejaron claro que les habían quitado todas sus posesiones en el lugar de detención […] Sin embargo, cuando alegaron que no les quedaba nada, los agentes se comportaron de forma violenta con ellos”, se lee en el informe de BVMN sobre el caso.
Si en 2017, solamente en el 11% de los incidentes examinados los afectados denunciaron que se les había despojado del dinero, en los siguientes años la proporción ha ido creciendo: en 2022 se denunció el robo del dinero en el 92% de los pushbacks. Los datos coinciden con los de un informe publicado en enero por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano consultivo del Estado griego: en el 88% de los casos, los deportados ilegalmente sufrieron violencia y en el 93% de los casos se les sustrajeron pertenencias y dinero. “Hemos visto un gran deterioro, en cuanto al [aumento del] uso de violencia y prácticas humillantes. Estamos en el nivel más bajo del respeto por la vida humana”, lamenta una fuente institucional.
Lugares de detención de los migrantes deportados ilegalmente
En los últimos años hay más deportaciones con robo
El Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia afirma que 260.000 personas trataron de entrar ilegalmente al país durante 2022 y que la guardia fronteriza lo impidió, aunque no menciona si lo hicieron cuando ya habían llegado a territorio heleno —en cuyo caso la norma exige que se haga un arresto formal— o antes de ello. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) tiene pruebas de 311 incidentes, en 2020 y 2021, que supusieron la devolución ilegal a Turquía de “al menos 6.680 personas”, como ha afirmado en un caso contra el Estado griego abierto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otro lado, los refugiados que logran pedir asilo suelen relatar que es su segundo o tercer intento de entrada en el país, pues las anteriores veces fueron deportados ilegalmente.
Dos fuentes de Frontex, la agencia europea de control fronterizo, que está desplegada en Grecia, también han confirmado a esta investigación que las devoluciones ilegales son una realidad normalizada. “Lo hacemos, igual que lo hacen [otros países]. Solo que ellos no son tan hostiles [contra los migrantes] como lo somos nosotros”, reconoce una de las fuentes.
Capturas en el interior de Grecia
En verano de 2020, Amir, un menor de edad afgano que residía en una casa de acogida de Tesalónica, se hallaba en proceso de renovar sus documentos de asilo. El día 25 de agosto, mientras esperaba en la estación de autobuses, un grupo de personas, todas vestidas de civil, lo rodearon y le obligaron a introducirse en una furgoneta negra con los cristales tintados. El vehículo, en la que había otros veinte migrantes y refugiados como él, se dirigió hasta un punto cercano al río Evros (350 kilómetros al este). Allí, los introdujeron en una celda y, horas más tarde, al amparo de la noche, fueron trasladados en barcas a territorio turco, tras despojarlos de sus pertenencias. “Traté de explicarle que tenía papeles, pero eran muy agresivos. Cada vez que intentabas hablar con ellos, te pegaban”, explica Amir, cuyo nombre ha sido modificado para proteger su identidad, pero cuya historia han confirmado una trabajadora social de la casa de acogida y dos amigos del adolescente en Tesalónica.
Hope Barker asegura que, desde la crisis en la frontera greco-turca en marzo de 2020, se han multiplicado las devoluciones desde el interior de Grecia: “Las personas son capturadas en diferentes ciudades. Son alojadas en esta especie de lugares de detención secretos, incomunicados, hasta acumular un número suficiente de personas, 80 o 100, para expulsarlas luego a territorio turco. Es una gran operación de Estado”.
Aunque el Ejecutivo heleno alega no tener constancia de estas prácticas, que violan numerosas leyes, pocos se lo creen. “Si haces redadas en diferentes partes de Grecia [para llevar los detenidos a la frontera], definitivamente existe una orden del Gobierno. Porque eso exige movilizar recursos, disponer de lugares de detención e implica a diferentes unidades policiales, no a unos pocos agentes de la provincia de Evros”, asegura Cossé. “Nuestra operación de ninguna manera se detiene en Evros, llega hasta Tesalónica e incluso más allá”, reconoce el presidente de la Unión de Guardias Fronterizos Griegos, Panayiotis Charelas.
La soledad de los acritas
En un día de noviembre, en el pueblo de Nea Vyssa, a cuatro kilómetros de la frontera turca, las calles están desiertas. Las labores del campo tocan a su fin y la poca actividad del pueblo se centra en el bar de la plaza. En el interior, un hombre en una mesa de formica revisa unos papeles frente a un inmenso y extemporáneo póster de un destino tropical. En la terraza, protegidos del frío por una cortina de plástico, los parroquianos sorben con parsimonia sus cafés. Todos peinan canas. “Este era uno de los pueblos más grandes de Grecia”, presume uno. Pero su población se ha ido reduciendo hasta los menos de 3.000 vecinos actuales. Sus bellas tiendas de los años treinta, languidecen cerradas y ruinosas.
A la prensa griega le gusta comparar a los habitantes de la provincia de Evros con los acritas, una especie de campesinos-soldado que, en tiempos bizantinos, guardaban las fronteras orientales del imperio ante las incursiones de árabes y turcos. “¡Acritas! Les encanta decir lo orgullosos que están de nosotros, que protegemos la frontera, pero luego es una zona olvidada por las inversiones del Estado”, se queja un vecino de Orestiada, localidad algo mayor (18.000 habitantes), a 10 kilómetros de Nea Vyssa. La planta procesadora de remolacha azucarera de Orestiada, de propiedad pública, cerró sus puertas la década pasada. Así que los jóvenes de Evros que no se marchan a probar fortuna en Tesalónica o Atenas, explica, “sueñan con un trabajo en la guardia fronteriza o el ejército: en lugar de cobrar un salario mínimo [713 euros], empiezan ganando 1.100 y tienen un empleo seguro para toda la vida”.
En 2020, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió 700 millones de euros a Grecia para ayudar a proteger la frontera. Ahora, los policías patrullan la zona con uniformes nuevos y en flamantes Nissan Qashqai. Además de efectivos militares, hay 1.800 agentes de la Guardia Fronteriza (unidad de la policía) de los que 650 fueron contratados el año pasado dando prioridad a los habitantes de la zona norte de Grecia. El pasado enero, se anunciaron 400 nuevos puestos de guardias fronterizos para la provincia de Evros. “De este pueblo hemos enviado a tres muchachos a la Guardia Fronteriza”, afirma uno de los parroquianos de Nea Vyssa.
“Hay policías que únicamente quieren servir a lo largo del río —afirma la fuente institucional—. Imagina lo que puede ganar una unidad si le quitan 100 o 200 euros a 100 personas. Pueden sacarse un sueldo entero en un solo turno de trabajo”.
Teléfonos móviles para los hijos de la policía
El 3 de abril del año pasado, un grupo de policías cubiertos con pasamontañas capturó a un joven sirio de 22 años en un bosque cercano al río Evros. Según el testimonio de la víctima —recogido por la ONG Josoor—, antes de deportarlo a Turquía, le robaron todas sus pertenencias después de propinarle una paliza con una porra. Incluido su teléfono, que le obligaron a desbloquear. “Cuando me metieron en el vehículo, vi que tenían muchos teléfonos y powerbanks [baterías portátiles]. Cuando uno de los hombres extrajo un cigarrillo de su bolsillo, vi que llevaba muchos [billetes de] euros. Creo que se los había quitado a otras personas”, denunció.
Se desconoce qué hacen las fuerzas de seguridad con los teléfonos de los migrantes, pero una fuente municipal de Orestiada afirma que los agentes se quedan los aparatos de mejor calidad. “Sus hijos aparecen en la escuela con teléfonos móviles nuevos y dicen orgullosamente que sus padres se los quitaron a los migrantes ilegales. La primera noticia que tuve de ello fue a través de un pariente, pero luego me lo han confirmado los padres de otros alumnos”, explica la fuente, que lamenta que los jóvenes que se apuntan a los cuerpos de seguridad, incluso aquellos que en principio no guardan sentimientos contra los migrantes, terminan asumiendo “el espíritu de grupo” que predomina en el cuerpo, y que cada vez está más influido por “la narrativa de la ultraderecha”, que ve en los migrantes un cuerpo invasor que amenaza la seguridad del país.
Los migrantes suelen compartir información a través de grupos de WhatsApp, Telegram y Facebook durante su periplo hacia la Unión Europea, por lo que las noticias se extienden con rapidez. El trato que reciben en Grecia no es una excepción, y eso ha llevado a que cada vez lleven menos dinero encima. “50, 100, 150 euros es lo más normal”, explica una fuente del sistema griego de asilo. “Al contrario que en 2015-2016, los solicitantes de asilo y migrantes son reacios a llevar grandes cantidades de efectivo por miedo a ser robados por ladrones o policías. Tienden a acceder al dinero a lo largo de la ruta mediante el uso de sistemas de transferencia”, se lee en un informe de 2021 de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional sobre la ruta de los Balcanes.
Las rutas migratorias tienden a adaptarse con rapidez a los obstáculos que surgen, así que la otra consecuencia de estas prácticas de las fuerzas de seguridad griegas ha sido un aumento en los viajes que intentan eludir Grecia. Según Frontex, se ha incrementado notablemente el uso de la ruta marítima entre las costas de Turquía y las italianas, un viaje mucho más arriesgado ya que implica más de 1.000 kilómetros de navegación en mar abierto, como ha puesto de relieve el reciente naufragio en Crotona, con más de 60 muertos.
Metodología
Se han examinado los testimonios de víctimas de 374 deportaciones ilegales recabados entre los años 2017 y 2022 por la Red de Monitorización de la Violencia Fronteriza, Human Rights Watch, el Consejo Griego de los Refugiados, Amnistía Internacional, otras ONG e informes locales, así como por los propios periodistas autores de esta investigación. Algunos testimonios han sido descartados por solaparse en fechas o por no incluir suficientes datos. En 2022 se registraron muchos menos incidentes que en los dos años anteriores debido a que la ONG que más testimonios recogía, Josoor, decidió abandonar sus actividades en la frontera tras la presión judicial y policial a la que la han sometido las autoridades griegas y turcas.
Los testimonios se han organizado en datos estructurados para poder clasificarlos según fecha, lugar, nacionalidades y número de personas deportadas. También se ha establecido si las víctimas denunciaron robo (232 incidentes) o no (142). Con estos datos se ha estimado cuántos migrantes estaban presentes en las deportaciones en que se produjo robo (más de 13.500). Aunque el registro al que son sometidos los migrantes es sistemático, en ocasiones hay quienes logran esconder el dinero, y no todos los migrantes llevan efectivo encima (esto es especialmente cierto para el caso de las familias que viajan juntas, en cuyos caso se ha computado a solo un miembro de la familia como objeto del robo). De ahí que, utilizando los perfiles demográficos de los grupos migrantes elaborados por ACNUR y la iniciativa PRAB (que incluye a diversas ONG e instituciones), se ha aplicado un deflactor del 30% a la base de víctimas de robo.
No en todos los testimonios que denuncian robo se especifica la cantidad robada, tan solo en 62 de ellos (cinco han sido descartados para el cómputo porque las cantidades robadas eran tan grandes que podrían desequilibrar el cálculo). Con estos datos se ha establecido una distribución estadística de cantidades más habitualmente robadas. La distribución se ha aplicado a la base de víctimas deflactada para obtener una estimación del dinero robado a los migrantes. Los resultados muestran que entre 2017 y 2022 se robaron entre 2,2 y 2,8 millones de euros. Estos cálculos son conservadores, ya que muchas víctimas no denuncian los ‘pushbacks’ ante ONG o asociaciones.
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