Frenar el proceso de la desnacionalización (1)
En su discurso, pronunciado el pasado 27 de febrero, el presidente Luis Abinader convocó a un pacto nacional en materia de seguridad, defensa y política exterior, relacionado con la larga crisis que vive Haití.
De acuerdo con el presidente, el flujo masivo de inmigrantes haitianos está provocando en nuestro país “un proceso de desnacionalización y de sobrecarga de servicios públicos esenciales… y el rezago en la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas que comprometen seriamente aspectos de la seguridad nacional”.
El pacto es necesario. Urge que se acuerde y se cumpla.
No sólo se trata de establecer una estrategia frente a la eventualidad de penetración de bandas armadas desde el territorio vecino, o de revuelta y avalancha de multitudes, o de eventos violentos de similar naturaleza. Hay que ir mucho más allá. El caballo de Troya está dentro de nuestros límites geográficos.
La seguridad nacional ha sido socavada de manera paulatina, efectiva y silenciosa, por el efecto simultáneo del movimiento de dos alas de un mismo pájaro que actúan al unísono y se refuerzan mutuamente.
Por un lado, la inmigración masiva de haitianos indocumentados que penetran con total impunidad en nuestro territorio en busca de medios de vida, desesperados por su precaria y crítica situación.
Por otro, la displicencia en hacer cumplir con celo y en forma proactiva determinadas normas esenciales de nuestro Estado (migratorias, seguridad social, 80/20), así como el titubeo en modificar en tiempo oportuno, cuando se necesita, las normas que urgen ser enmendadas (Código laboral, entre otras).
Las situaciones señaladas han creado un escenario que facilita la inserción de los inmigrantes ilegales haitianos en el proceso productivo y en la demanda de servicios.
A lo anterior se agrega el interés de algunos países con alta influencia en la determinación del orden internacional de que la República Dominicana cargue sobre sus hombros la grave crisis haitiana, permita que los inmigrantes ilegales asuman la condición de dominicanos y otorgue a esos inmigrantes derechos políticos con vocación de convertirse en mayoritarios.
Un principio económico (Ley de Gresham) establece que la moneda mala tiende a desplazar la buena.
La constitución en nuestro territorio de una masa crítica de haitianos de bajo nivel educativo y cultura distinta a la nuestra deterioraría (en el caso de que fueran dotados de derechos políticos, consecuencia de su estadía prolongada en nuestro terruño) las buenas prácticas de gobernanza y de convivencia social, diluiría el clima de progreso, llevaría a una aguda regresión de consecuencias incalculables, induciría la extinción de la nación dominicana.
Ante un panorama tan dantesco hay que lamentar el indecoroso o por lo menos incompetente desempeño de malos dominicanos situados en responsabilidades de vigilancia fronteriza, cuya fallas y debilidades han dado lugar a la existencia de una frontera porosa en la que se permite que indocumentados crucen la frontera a su libre albedrío y alcancen en su trayecto las principales capitales y centros de producción.
Ese comportamiento antinacional, opaco y lesivo, ha tenido lugar en medio de una estremecedora impunidad.
Mientras la apatía y complicidad persistan no habrá muros, ni medios de defensa (aviones, helicópteros, drones, equipos blindados), ni tecnología de punta que valgan para compensar la falta de integridad de algunos de los encargados de velar por la seguridad nacional que con su comportamiento indecoroso manchan el honor de las fuerzas armadas y de los servicios de inteligencia.
Ni los habrá para atenuar la falta de rigor y de celo de aquellos que deberían ajustar a tiempo las regulaciones y asegurar su cumplimiento.
Es tanto lo que está en juego que se necesita propinar un escarmiento ejemplar y colocar en los menesteres de vigilancia e inteligencia a gente con ardor patriótico que ejecuten sus funciones a cabalidad.
Es lo menos que debemos hacer para reivindicar la memoria de nuestros padres fundadores y restauradores y de todos aquellos patriotas que enarbolaron con orgullo el estandarte de la dominicanidad y luego lucharon por levantar la bandera de las libertades.
Pero el asunto no se limita sólo al área pública de protección de los intereses dominicanos en la frontera y a lo largo y ancho del país, aun reconociendo que sobre ella recae la mayor responsabilidad.
Hay otros asuntos que ameritan ser revisados con cuidado. Existen estímulos a la contratación de mano de obra indocumentada: regulaciones que jugaron su papel pero que ya no se adecuan a estos tiempos y requieren de correctivos urgentes. E intereses económicos que contribuyen al agravamiento de la situación y deben ser contenidos.
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