Jueza se inhibe para conocer medida de coerción a búlgaros
La jueza Wanda Vargas, de la Oficina de Atención Permanente de Santiago Rodríguez, se inhibió este martes para conocer la audiencia de solicitud de medida de coerción contra dos ciudadanos búlgaros, acusados de delitos de alta tecnología en el municipio Villa Los Almácigos.
La decisión fue informada a las partes por la magistrada durante la audiencia, tras acoger la recusación de los abogados de la defensa.
Magdalena Vargas, representante legal de los extranjeros, atribuyó la decisión de la jueza a la presión que alegadamente recibe de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que realizara la audiencia durante la noche de este martes.
«Hicimos la solicitud porque ella -la jueza- nos dijo que tenía situaciones para que el caso se conociera hoy por el gasto que representa tener un intérprete en la sala», declaró
El caso será remitido a la Corte de Apelación de Montecristi para que decida si revoca o no la decisión de la magistrada.
La audiencia fue reprogramada para el próximo jueves a las 4:30 de la tarde.
Danail Damov Konstantinov y Nikolay Ovsanov Haratyunyan enfrentan cargos por asociarse para cometer delitos de alta tecnología.
Según la acusación, los extranjeros fueron sorprendidos mientras intentaban violentar un cajero automático de una entidad financiera.
El expediente agrega que los imputados se dedicaban a captar los datos de las tarjetas en los cajeros automáticos y luego utilizaban esa información para hacer un acceso ilícito y así realizar compras y otras transacciones.
Detalla que antes de apresar a los extranjeros fueron detectados en el cajero automático dispositivos magnéticos que permiten la clonación de tarjetas bancarias.
La Fiscalía de Santiago Rodríguez, encabezada por su titular Sumaya Rodríguez Matías, dice que cuenta con suficientes evidencias documentales y materiales que vinculan a los imputados al caso.
Entre las evidencias destacan una cinta magnética, una espátula y varios instrumentos y aparatos electrónicos usados para realizar dicha acción delictiva.
El Ministerio Público solicita al tribunal de esa jurisdicción que imponga un año de prisión preventiva en contra de dos ciudadanos búlgaros.
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