El CAID intenta recuperarse de las bajas en sus servicios
Desde la amplia oficina que planea dividir para ganar espacio, el director nacional del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) asegura que la actual gestión está comprometida con lograr la Institucionalización de la que fue la obra que promovió la anterior primera dama Cándida Montilla.
Henry Rosa Polanco trae su experiencia en el ejercicio privado y como docente de la carrera de administración. Sentado debajo de la imagen del papa Francisco que adorna el salón, habla de las acciones que emprenden para mejorar la labor del CAID, un servicio que no llega a cubrir el 30 % de su demandada y que en los últimos dos años ha visto reducir drásticamente la cantidad de usuarios que entran a su plan terapéutico.
Con esa realidad, la actual gestión prevé cambiar su modelo de intervención terapéutica, apoyado en un personal que ya recibió aumentos salariales de hasta un 30 % y con la esperanza de que terminen el nuevo centro que se construye en Santo Domingo Este, una obra a la cual este año no se le asignó presupuesto, pese al gran impacto que tendría en la meta de ampliar el servicio y de que su edificio principal está avanzado en más de un 90 %.
“Se está haciendo un gran esfuerzo para que esto sea institucional y no dependa de la… que esto se vea desde la perspectiva y el enfoque de derecho y no de una condescendencia a los niños que se ve con pena… y por tanto, que esto se convierta en una institución transparente, diáfana, efectiva, que cada peso nosotros lo podamos contabilizar”, comenta.
Con esa visión busca romper con el modelo administrativo heredado, en el que -asegura- se manejaban las compras a discrecionalidad del Despacho de la Primera Dama, no había sistema de monitoreo para medir resultados, había exceso de personal administrativo y faltaba transparencia en el manejo de las informaciones.
Inaugurado en 2013, el CAID se define como un centro que “se dedica a la evaluación, diagnóstico y la rehabilitación de niños y niñas de cero a doce años con trastornos del espectro autista (TEA), parálisis cerebral (PC) y síndrome de Down”.
En su web postula que procura mejorar la calidad de vida de esos niños y de su red familiar y social, con un catálogo de 18 servicios y tres programas de intervención: entrenamiento a familias, habilidades sociales e intervenciones asistidas con animales.
Desde su creación y hasta el 2020, el CAID fue uno de los programas que ejecutó el Despacho de la Primera Dama, en la gestión 2012-2020, pero con la nueva administración del Gobierno, y la decisión de la actual primera dama Raquel Arbaje de no asumir el despacho, su administración fue transferida al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), mediante el Decreto 368-20, del 20 de agosto del 2020.
Luego con el Decreto 170-21, del 16 de marzo de 2021, se crea el CAID como “un órgano desconcentrado, tanto funcional como territorialmente”, adscrito al Ministerio de Salud Pública. También crea un Consejo Directivo para su dirección.
El centro tiene la misión de “garantizar servicios de calidad a las familias de menores condiciones económicas”, meta que se ve limitada en los últimos años por la incapacidad de atender toda la demanda de servicios.
Los tres centros que existen en la actualidad, en Santo Domingo Oeste, Santiago y San Juan de la Maguana, tienen un total de 1,176 usuarios en plan terapéutico, apenas el 28 % de un total de 4,216 que han solicitado ingreso.
Las quejas de familias que llevan hasta dos años en espera de un cupo para entrar a terapia abundan en redes sociales, en páginas web y entre personas consultadas por este medio.
Martha (nombre ficticio para proteger su identidad) tiene tres niños con autismo, incluyendo a dos gemelos de tres. En 2017 solicitó el ingreso para el mayor, que ahora tiene siete años, y fue en 2019 cuando le llamaron a una cita, gracias –dice ella– a un contacto. Sin embargo, luego que le llamaron, su niño no fue admitido por razones de edad, le explicaron.
Con la dificultad, decidió hacer el sacrificio económico de ir a un centro privado en el que paga 12,000 pesos semanales, por las dos sesiones a la semana que reciben sus tres hijos. Sabe que el CAID es más integral, pero ya no tiene ánimos de pasar a espera. Tampoco puede pedir los permisos de trabajo que implicaría asistir a las terapias en ese centro, puesto que el servicio coincide con el horario laboral.
Cada año es menor el número de los que alcanzan entrar a ese centro.
En un cuadro estadístico entregado a Diario Libre se observa que en 2016 fueron admitidos 299 niños y niñas, número que subió a 394 al 2017, pero desde entonces ha venido en declive. En 2018 los admitidos fueron 207, en 2019 bajó a 173, en 2020 a 54 y en 2021 a 32.
Por el contrario, los que están en espera de iniciar su plan terapéutico y los que están en proceso de evaluación van en aumento cada año.
Por ejemplo, de 1,019 niños y niñas en espera de iniciar terapia, 36 datan de 2016 y 103 de 2017. Otros 294 lo hacen desde 2019, un total de 208 de 2020 y 244 de 2021.
El año pasado es también del que más expedientes en evaluación existen, con 571 de un total de 962 que hay en ese estatus en el periodo de seis años.
Por entrar a terapia hay un total de 918 personas que no han logrado completar las pruebas requeridas para el ingreso, las que -Polanco admite- son “difíciles y costosas”.
Una de ellas es la cariotipo que cuesta varios miles de pesos, aún en centros públicos de salud. El hospital materno Nuestra Señora de la Altagracia la ofrece en su catálogo de servicios de laboratorio en 4,000 pesos, con tiempo de entrega de resultados de mes y medio.
El director nacional del CAID asegura que están retomando conversaciones y acuerdos en proceso, incluido uno interinstitucional con el Servicio Nacional de Salud (SNS), a fin de poder agilizar la red de referencia y que las familias puedan hacerse las analíticas al menor costo posible. También evalúan la posibilidad de que se pueda establecer a nivel público una clínica genética o que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ofrezca cobertura.
Cambio de modelo terapéutico
Con una entidad que trabaja al tope y con las largas filas de espera, Polanco manifiesta sus intenciones de cambiar el modelo de intervención actual, consistente en una terapia semanal por tiempo indefinido, hacia una más intensiva, con objetivos planteados y tiempo limitado y que integre a la familia para que pueda continuar las intervenciones en casa.
“El nuevo modelo lo que propone es que evaluemos al niño según su condición, si es grave, leve o moderada, evaluarlo de acuerdo a sus necesidades específicas… Trazarnos objetivos bien concretos en un tiempo determinado como cuatro meses, ocho meses e implementemos un diseño de intervenciones terapéuticas combinadas, multidisciplinarias de tal manera que pueda agregársele valor a ese niño, esa niña en su entorno familiar”.
Indica que, una vez cumplido el objetivo, el caso se revisa y se procede al egreso, dando de esta forma una mayor rotación de familias.
La madre de un niño de siete años que recibe atención en el CAID, pero que prefiere no identificarse, siente que la sola terapia a la semana que recibe su hijo no es suficiente para lograr su desarrollo. La mujer, que estudió psicología, decidió pagar una terapia complementaria en un centro privado para ampliar la estimulación del infante.
“Es que debería estar en otras terapias, pero es tan costoso”, lamenta. “Sería bueno trabajar con más terapias para complementar, aunque el Gobierno deberá pensar más que en las terapias, en aulas educativas para la docencia, (que funcione como escuela)”, añade.
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Sin presupuesto para terminar obra
Además de cambiar de modelo terapéutico, el director nacional del CAID dice que su gestión optimizará espacio dividiendo algunos salones y pone de ejemplo su propia oficina. Pero sin titubeos, exclama que la mejor opción es el centro que se levanta en Santo Domingo Este, cuya edificación principal la heredaron de la administración pasada con más de un 90 % de construcción y aún no logran terminarla.
La lentitud en la entrega de la obra motivó un descenso de una comisión de la Cámara de Diputados al lugar. Ysabel de la Cruz, presidenta de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia de ese órgano legislativo, quien acudió junto a miembros de la Comisión de Desarrollo Humano, explica que la visita es para sensibilizar al presidente de la República, Luis Abinader, para que termine, por lo menos, el edificio principal.
“Estamos pidiendo que el Presidente termine esta obra que ya es tiempo, tiene un año y ocho meses esta administración y es un tema muy sensible para Santo Domingo Este, necesitamos que el centro esté funcionando”, expresa, al tiempo que le recuerda al mandatario que él tiene la facultad de buscar los recursos que necesita en otras partidas.
La falta de ese centro afecta a Juana Vega (nombre ficticio), madre de una niña de diez años que ha visto desmejorar las habilidades de su hija con síndrome de Down, luego de que parara las terapias en el CAID de Santo Domingo Oeste.
Las limitaciones económicas le dificultaron disponer siempre de los más de 200 pesos de pasajes que le cuesta moverse desde su casa, ubicada en el kilómetro 12 ½ de la Autopista las Américas, hasta la avenida Luperón, donde se ubica el centro en funcionamiento. A esto se suman las dificultades de recibir el servicio luego de que le cambiaron a la terapeuta de su niña, que ahora lleva más de cinco años sin recibir el servicio.
“Mi niña recibió un atraso, porque eso le estaba haciendo muy bien, porque con uno es más difícil que con su terapéutica. Entonces, eso le hizo mucho daño, pues ella hablaba, no sacaba la lengua, pero ella ya…”
“En realidad el centro si hace falta, porque hay muchas madres que tienen los niños y no le dan seguimiento por lo retirado que les queda, además del turno que tienen que hacer”, comenta Juana.
En tres meses… si hay dinero
El ingeniero Osiris Decena, director general de la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales del Ministerio de Obras Públicas, explica que la obra, en sentido general, está en 60 %, pero hay partes que están más avanzadas.
El proyecto del CAID Santo Domingo Este contempla un edificio principal para terapias, un edificio administrativo y otro que inicialmente sería para atención a familias, pero se modificó para que sirva como escuela laboral para adolescentes con síndrome de espectro autista.
“El edificio principal está en un 90 % a 95 %, el módulo A está en un 60 %”, dice señalando las edificaciones en que obreros trabajan en pintura, aunque en otros todavía se levanta la obra gris.
Su interés –dice– es poner en funcionamiento el edificio principal que está más avanzado, lo que puede lograr en tres meses, si cuentan con el presupuesto. Esa parte la recalca. Las demás obras quedarían para una segunda etapa.
“El proceso constructivo, para terminar esto, en términos reales es de unos tres a cuatro meses. Ahora bien, eso es en condiciones idóneas, hay algunas cosas que dependen de nosotros y hay otras que no. Por ejemplo, el que tengamos un presupuesto adecuado, eso no depende de nosotros”.
Explica que la obra tiene una asignación presupuestaria de un poquito más de 88 millones de pesos, pero que son insuficientes para concluir, pues requiere más de 400 millones de pesos. Solo el mobiliario especial que demanda el centro costaría unos 300 millones instalarlos.
Decena asegura que ese monto fue el que presentó al realizar en 2021 la planificación presupuestaria del 2022, pero no sabe qué pasó después, pues los recursos no fueron asignados.
De hecho, al revisar el presupuesto de este año, Obras Públicas no cuenta con ninguna asignación para el CAID.
En el presupuesto de 2020, cuando todavía la entidad era dirigida por el Despacho de la Primera Dama, Obras Públicas contó con dos partidas, una por 235.3 millones procedentes del fondo general del Tesoro, para la construcción de esa obra, más otros 13.1 millones por concepto de “Construcción de Cuatro (04) Centros de Atención Integral para Niños Discapacitados (CAID) (Coordinado con el Despacho de la Primera Dama)”.
Bajo ese mismo concepto, en el presupuesto de 2021 también se destinaron 270.4 millones al Ministerio, aunque esta vez con recursos externos.
En ambos años también se destinaron partidas de 5.2 millones a través de la Presidencia de la República para la construcción de un parque comunitario levantado a un extremo del centro, pero que en la actualidad se pierde entre maleza.
Decena reconoce que los recursos con los que trabajan actualmente en la obra no estaban en el presupuesto, sino que fue un movimiento interno para continuar unos trabajos que, asegura, nunca se han paralizado.
Explica que les ha tocado enfrentar situaciones adversas.
“Nos encontramos con contratistas descapitalizados. Pero había situaciones peores…teníamos, por ejemplo, partidas que no estaban en ningún contrato, pero ya estaban ejecutadas, y otras que estaban contratadas y no se ejecutaron y económicamente no teníamos la holgura para hacer esas modificaciones e incluir las nuevas”.
Esa situación, dice, les llevó a tener que hacer ajustes a los contratos originales que le tomaron tiempo, pues todo debe contar con la aprobación de la Contraloría General. Además, debieron resolver –afirma– el drenaje que se complicó, al levantar dos nuevas estructuras que se adicionaron al proyecto original.
También, trabajar en las instalaciones de agua, pues la edificación carecía, incluso, de tuberías. Suma también el tiempo que han dedicado a la revisión de los catálogos para elegir el mobiliario especial del centro.
“Eso es un trabajo arduo que se hizo cuando la gente visualizaba que se estaba trabajando poco”, resalta.
Más personal y mejor remunerado
Otro de los cambios que el director nacional del CAID, Henry Rosa Polanco, prevé para eficientizar el servicio es modificar el horario de labor de los terapeutas que actualmente trabajan ocho horas.
La idea es que hagan dos o tres turnos de cuatro horas y así poder captar a otros profesionales que, aunque quieren entrar, no lo hacen por no pasar todo el día en el CAID, sostiene.
Actualmente, en los tres centros del CAID laboran 390 personas, de las que 188 son parte del personal de salud, 156 del personal administrativo y 46 del área de seguridad. Todos consumen un monto en nómina de 16,714,943 pesos, de un presupuesto anual de 389.7 millones, asignado a través del Ministerio de Salud Pública.
Polanco, que entró a dirigir la entidad en agosto pasado, a requerimiento del sacerdote Jorge William Hernández, presidente del Consejo Directivo, asegura que tras su llegada tuvo que desvincular a por los menos ocho personas, pero que además contrató a otros, sobre todo del área de salud.
El personal también goza de un reajuste salarial que favoreció sobre todo a los terapeutas. Los que antes ganaban 60,000 al mes, pasaron a cobrar 78,000, según las informaciones suministradas.
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