Jordi Raich: “Estamos todos rebasados por la dimensión del problema de la migración”
Jordi Raich deja la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y Centroamérica en momentos críticos, cuando desde la organización han advertido de un aumento de las caravanas migrantes que llegan a México desde Centroamérica debido a la violencia que desangra la región, las consecuencias socioeconómicas causadas por la pandemia de covid-19 y los altos niveles de pobreza y desigualdad, que hacen que los países centroamericanos expulsen cada año a decenas de miles de sus ciudadanos. Estos desterrados que buscan un cambio en sus vidas necesitarán respaldo a lo largo del viaje, durante el que pueden sufrir la violencia de grupos del crimen organizado, por lo que es vital el apoyo de la Cruz Roja y sus aliados. Como si no fuera poco con esa pesadilla, desde la CICR también deben lidiar con los desmanes y el autoritarismo de regímenes como el de Daniel Ortega, que sin explicación alguna expulsó de Nicaragua al jefe de misión de la CICR. La organización asegura que no ha recibido aún una explicación sobre esta decisión y Raich mantiene un tono cauto a la hora de discutir la relación que mantienen con el régimen de Managua. Tras el desconcierto de esa decisión arbitraria, el organismo intenta cuidar los canales de diálogo, para evitar que las decisiones del Gobierno de Ortega entorpezcan el trabajo de la Cruz Roja en ese país centroamericano, que sufre una de sus peores crisis políticas. “Seguimos presentes en Nicaragua. La expulsión no afecta a la institución”, afirma Raich en entrevista con EL PAÍS en la sede de la CICR de Ciudad de México, unas amplias instalaciones en un moderno edificio de la colonia Anzures, donde también están las oficinas de otras organizaciones humanitarias internacionales.
Pregunta: ¿Con qué hechos se han topado en su trabajo a lo largo de la ruta que hacen estas caravanas de migrantes que llegan a México?
Respuesta: Nos encontramos con gente que sufre extorsiones, pérdidas de un miembro por el camino, deshidratación, enfermedades, todo lo que te puedes imaginar. Digamos, entre comillas, que, si te va bien, puedes sufrir problemas menores, pero si te va mal puedes terminar en manos de grupos que comercian y trafican con personas, con lo cual puedes tener problemas mucho más graves. Entonces ahí es donde nosotros intentamos minimizar, en la medida de lo posible, esos peligros en la ruta, a través de mensajes de autocuidado, tanto digitales como en papel, recomendándole a los migrantes cómo comportarse, con quién hablar, dónde alojarse, ofreciéndoles la oportunidad de hablar con sus familias.
P. ¿En estos años que usted ha estado al frente del CICR ha empeorado la situación de los migrantes en términos de protección institucional o de apoyo de los gobiernos para garantizar que estas personas tengan una ruta segura?
R. Lo veo igual que al principio. Creo que todos estamos un poco rebasados por la dimensión del problema. Aún nos enfrentamos a un dilema, a un monstruo de dos cabezas: de un lado está la emergencia que generan esas personas que están en la caravana, o en un albergue o las que sufren un asalto. E intentamos paliar esa situación del día a día. Pero, por otro lado, discutimos cuál es la solución a largo plazo para crear las condiciones que no fuercen a la gente a salir, porque a fin de cuentas la mayoría de la gente no quiere emigrar, los migrantes no son turistas, no se van de paseo. Nos encontramos atrapados entre ese dilema que muchas veces nos impide tanto a instituciones del Estado, como gobiernos, como a organizaciones humanitarias intentar encontrar mejores soluciones, porque eso requiere mucho tiempo, mucho dinero y políticas de largo plazo. Esto no se va a resolver ni en dos días ni en dos años. Va a requerir una gran inversión y un compromiso para crear condiciones de seguridad, pero sobre todo para que las familias vean un futuro en el país donde se encuentran.
P. Lo que vemos, sin embargo, es la militarización de las fronteras tanto en México como en Estados Unidos. El despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente López Obrador. Esa militarización ha dado escenas terribles en ambos lados de la frontera. ¿Le preocupa al CICR esta violencia institucional hacia los migrantes?
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R. Lo que nos preocupa son las consecuencias de esas políticas. Nosotros, como organización independiente y neutral, no entramos a discutir estas decisiones, porque cada país es libre de decidir cómo quiere manejar su migración y sus fronteras. Ahora bien, si esas políticas o esas actuaciones generan consecuencias humanitarias, como puede ser un uso indebido de la fuerza contra migrantes, entonces lo que hacemos con nuestros equipos en el terreno es tomar nota y registrar todas esas consecuencias y compartirlas con las autoridades, para intentar prevenirlas. Nosotros tenemos buen diálogo, abierto y franco, con las autoridades. O sea, hablamos claramente de las cosas con todos los gobiernos de la región. Cuánto de lo que le decimos llegan a aplicar queda en su decisión, pero nuestro trabajo es estar ahí insistiendo.
P. Otra crisis que se ha generado en Centroamérica está relacionada a la salida de decenas de miles de nicaragüenses como consecuencia de las políticas autoritarias del régimen de Daniel Ortega. ¿Han trabajado con estas personas, consideradas exiliadas?
R. Los analizamos como migrantes, no cuestionamos la razón por la que salieron. O sea, evidentemente, escuchamos sus razones, aunque nosotros no hacemos estadística de la razón. Nos dedicamos a las consecuencias humanitarias. Lo digo porque a menudo nos preguntan qué porcentaje de personas salen por motivos políticos o qué porcentaje salen por motivos de violencia. Y no tenemos esa estadística y no la hacemos, ni tenemos los recursos para pretender hacerla. Tampoco es nuestro trabajo. Lo que quiero decir es que no tenemos un tratamiento diferenciado con los migrantes, ya se trate de una situación política determinada o si huyen de la pobreza o de una amenaza.
P. La Cruz Roja llegó a un acuerdo para revisar las condiciones de los detenidos por el régimen en Nicaragua, considerados presos políticos. ¿Han podido entrar a las prisiones? ¿En qué condición están estas personas?
R. Lo que hacemos es un acuerdo entre el Gobierno, el CICR y las autoridades penitenciarias para visitar a personas privadas de libertad y a partir de ahí hacemos nuestros informes. Nuestro trabajo consiste no en cuestionar las razones por las que las personas están detenidas, sino en en evaluar las condiciones físicas y psicológicas y si se cumplen sus garantías. Generamos informes que son confidenciales, que compartimos solo con las autoridades penitenciarias. En esos informes hacemos recomendaciones para mejorar esas condiciones de los privados de libertad, si es que hay que mejorarlas.
P. Se lo pregunto porque hay muchas críticas sobre las condiciones en las que están estas personas privadas de libertad en muchos casos por protestar, por expresar opiniones críticas. Los familiares han acudido a la Cruz Roja con la esperanza de saber cómo están. ¿Han podido constatar sus condiciones?
R. Si en realidad estas condiciones son precarias, no son humanas, porque son muchas de las denuncias que ha habido, esa es la parte que nosotros no hacemos pública, porque la base de nuestro trabajo es precisamente ese diálogo confidencial con las autoridades. Nicaragua no es distinta en el modo de trabajar, trabajamos igual en Nicaragua que en Kenia o en cualquier otro país donde visitamos prisiones. Nuestra modalidad de trabajo estándar, que es la misma en todas partes, es no comentar públicamente las condiciones que nos encontramos. Se discuten solo con las autoridades.
P. Usted recibió una condecoración del Gobierno de Nicaragua que levantó muchas críticas por parte de los familiares de presos políticos. ¿Qué opina de esas críticas?
R. Eso fue parte de un protocolo rutinario, que se hace con muchas personas que salen de muchos países. Nicaragua no es el único país que ha otorgado este tipo de distinción diplomática rutinaria. Nosotros tenemos relaciones con absolutamente todas las partes en cualquier conflicto, sea de la naturaleza que sea. Es precisamente parte de nuestro trabajo esa posición de no tomar partido, el tener contactos con todo el mundo. Y supongo que me vas a preguntar sobre la expulsión de Nicaragua de nuestro jefe de misión.
P. Así es. ¿Ha habido alguna explicación del Gobierno de Ortega sobre esa decisión?
R. Ningún tipo de explicación de parte de las autoridades de Nicaragua. No sabemos los motivos concretos, seguimos discutiendo. Pero nosotros seguimos presentes en Nicaragua, porque la expulsión no afecta a la institución, solo a la persona. Tenemos un equipo que está trabajando según la agenda que teníamos planeada sin ningún impedimento y de momento sin ningún problema.
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