Crisis en Haití: se deterioran las condiciones de vida
Las condiciones de vida en Haití se deterioran aceleradamente, denunció estelunes, en su informe, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos (Cardh). La organización no gubernamental habló sobre el alto costo de la vida, el aumento de los precios, la inseguridad alimentaria y, sobre todo, el tema de inseguridad por las bandas armadas.
“El secuestro es hoy el primer problema que enfrenta la población, pero el acelerado deterioro de sus condiciones de vida es también un flagelo que los golpea duramente”, estableció el Cardh en el documento de 27 páginas. También atribuyó la aceleración del deterioro al asesinado del presidente Jovenel Moïse, el de julio de 2021.
El Cardh señaló que busca, con el informe, llamar la atención de las autoridades, la comunidad internacional y la sociedad sobre el “acelerado deterioro” de las condiciones de vida en Haití, “en un contexto donde los protagonistas se enzarzaban en una lucha por el poder, relegando a la población al olvido”.
Un informe del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reveló en febrero pasado que estos grupos criminales se han apoderado de más territorio y han ocasionado «un impacto catastrófico en la economía de Haití», además de suponer una amenaza a los derechos fundamentales de los once millones de ciudadanos de ese país.
Sobre los secuestros, dijo: “Ningún grupo social se salvó, entre las víctimas había trabajadores, comerciantes, líderes religiosos, profesores, médicos, periodistas, defensores de los derechos humanos y ciudadanos extranjeros”.
La migración
La situación en Haití provoca una ola migratoria, sobre todo hacia Estados Unidos, país que aumentó «significativamente su patrullaje» en el Paso de Barlovento (Paso de los Vientos). Se trata de un estrecho en aguas del Caribe entre Cuba y la isla Española (República Dominicana y Haití).
En cambio, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció que Estados Unidos deportó en 2021 a 20,309 haitianos, en medio de la situación “caótica” en la cual se encuentra Haití.
“Es inconcebible que cualquier gobierno envíe personas a Haití mientras experimenta tal deterioro en la seguridad y un mayor riesgo para la vida y la integridad física de todos”, dijo César Muñoz, investigador principal para las Américas de Human Rights Watch.
HRW pidió a Estados Unidos y a todos los demás países que dejen de expulsar o deportar personas a Haití, donde enfrentan un alto riesgo de violencia y no tienen acceso efectivo a protección o justicia.
Las ayudas
Hay intenciones para ayudar a que Haití se recupere, pero ya Estados Unidos advirtió que la comunidad internacional no irá en su rescate, sino que la solución a sus problemas debe surgir del pueblo haitiano.
Sin embargo, la comunidad internacional se ha manifestado en colaborar con Haití, como con el compromiso que hizo de donar 600 millones de dólares para costear el primer año del programa de reconstrucción de las infraestructuras destruidas en el terremoto de agosto de 2021. El dinero se dio a conocer en una conferencia organizada por el Gobierno de Haití, con el apoyo de la ONU.
A principios de marzo, el primer ministro haitiano, Ariel Henry, informó de la llegada al país de una misión de la Comunidad del Caribe (Caricom) para ayudar a las autoridades a «prepararse» para las elecciones y buscar maneras para combatir la inseguridad.
«Esta misión del Caricom se reunirá con las fuerzas de defensa del país -incluida la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas- para ayudarnos a entender y resolver el problema de la inseguridad en el país», dijo Henry en una conferencia de prensa, reseñada por medios internacionales.
En la ley de gastos federales promulgada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se incluye un capítulo sobre Haití. Se busca que se realicen informes sobre la investigación en curso del asesinato de Moïse, sobre los autores de las masacres de La Saline, ocurrida el 13 de noviembre de 2018, y la de Bel-Air en 2019.
Se ofrece un plazo de 180 días al Departamento de Estado de Estados Unidos para que presente una evaluación sobre los actos de corrupción que pudieran estar cometiendo desde los sectores público y privado en Haití, incluida la identificación de cualquier persona o entidad que haya financiado actividades corruptas o haya estado procesada por corrupción por parte del sistema judicial haitiano desde enero de 2015.
Se estableció que los fondos para la asistencia de Haití solo pueden estar disponibles para el Gobierno central si el secretario de Estado certifica e informa a los comités del Congreso que un nuevo presidente y un nuevo parlamento asumieron el cargo después de elecciones libres y justas, o que el país está dirigido por una autoridad del gobierno de transición ampliamente representativa de la sociedad haitiana.
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