Gobierno reclama RD$40 mil millones por corrupción
El Estado dominicano busca recuperar cerca de RD$40 mil millones en los procesos de corrupción administrativa que actualmente lleva en la Justicia, contra exfuncionarios públicos.
A través del Equipo deRecuperación dePatrimonio Público, un colectivo de abogados con delegación especial otorgada por la presidencia de la República a través del Decreto núm. 22-21 para recuperar bienes, valores y activos propiedad del Estado en manos de terceros por apropiación ilegítima o bajo cualquier título o medio operativo.
El ERPP es encabezado por Jorge Luis Polanco Rodríguez y cuatro coordinadores de equipo: Claudia Álvarez Troncoso, Manuel Conde Cabrera, Rafael Rivas Solano y Fernando P. Henríquez, junto a ellos 27 abogados, que persiguen recuperar fondos distraídos y que se encuentran en justicia en las operaciones Coral y Coral 5G, Antipulpo, Medusa y 13.
Por el caso Antipulpo, el Estado busca la restitución e indemnización de la suma de RD$23,903,465,542.00 como justa reparación de los daños y perjuicios sufridos. El principal imputado esJuan Alexis Medina.
Por los casos Coral y Coral 5G, se reclaman RD$6,000,000,000.00 por los ilícitos.
Los imputados son los generales Juan Carlos Torres Robiou, Julio Camilo de los Santos Viola y Boanerges Reyes Batista, entre otros.
Por el caso Medusa, el Estado persigue la recuperación de la suma de RD$9,200,000,000.00 y el principal imputado es el exprocurador Jean Alain Rodríguez. También por el caso Operación 13 se reclaman más de RD$600,000,000.00 por el fraude contra la Lotería Nacional.
El caso Antipulpo es liderado por el licenciado Jorge A. López Hilario. Los casos Coral y Coral 5G son llevados por los licenciados José Alberto Ortiz y Sigfrido Caamaño García. El caso Medusa es manejado por los licenciados Félix D. Olivares Grullón y Namphí Rodríguez, mientras que Operación 13 es dirigido por los licenciados Edison Joel Peña y Carlos Moisés Almonte. El ERPP exhortó al Congreso aprobar la Ley de Extinción de Dominio y el nuevo Código Penal para que el país disponga de herramientas legales eficientes y acordes a los tiempos actuales, que le permitan combatir la corrupción, la impunidad y el crimen organizado.
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