RD mejora en percepción de la corrupción, pero no lo suficiente
La República Dominicana obtuvo en 2021 una mejor calificación en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que en los dos años anteriores. Sin embargo, esto no significa que el país haya aprobado. “El combate de la corrupción en ese país se inscribe en un contexto de fragilidad institucional”, reveló ayer Transparencia Institucional (TI) en su informe.
Los 30 puntos de 100 que alcanzó la República Dominicana el año pasado se debieron al fortalecimiento del Ministerio Público y de la Cámara de Cuentas, destacó el documento. También ayudó a mejorar la percepción de corrupción la condena obtenida por el caso de corrupción de Odebrecht.
Transparencia Internacional alertó al país que para lograr cambios significativos es fundamental comenzar iniciativas que fortalezcan la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas de las instituciones públicas o los progresos se desvanecerán rápidamente.
Puntaje obtenido | 32 | 29 | 32 | 33 | 31 | 29 | 30 | 28 | 28 | 30 |
Posición entre 180 países | 118 | 123 | 115 | 102 | 120 | 135 | 129 | 137 | 137 | 128 |
Participación Ciudadana, capítulo dominicano de TI, reconoció el trabajo que realiza el Ministerio Público en la persecución de la corrupción, pero dijo que todavía “es muy pronto y limitado” para que el país salga del grupo con mayor corrupción en el que se ha mantenido por décadas.
“Pasarán varios años para ver el desarrollo de los procesos judiciales en curso; se requerirán la ampliación y la profundización de decenas de denuncias acumuladas”, agregó.
El movimiento cívico dijo que durante el año pasado hubo escándalos que causaron la suspensión o cancelación de “más de una decena” de funcionarios del actual Gobierno, casos que estimó pueden quedar sin sanciones si no son investigados.
La coordinadora de Participación Ciudadana, Leidy Blanco, puso como ejemplo los casos ocurridos en el Viceministerio de Regulación de Armas y Municiones de Interior y Policía, del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y los acontecimientos en el Ministerio de la Juventud.
Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), consideró que para avanzar en la eliminación de la corrupción se necesita modificar Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.
“La mayoría de los escándalos en materia de corrupción, que afectan la imagen de la República, son precisamente una aplicación inadecuada de esa legislación. Esa legislación tiene muchas lagunas y se presta a que muchas veces las licitaciones se manipulen”, expresó Castaños Guzmán.
Castaños Guzmán motivó al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, para que la modificación de la Ley 340-06, que según indicó reposa en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, sea sometida al Congreso Nacional durante el 27 de febrero cuando comienza la próxima legislatura.
La metodología
Medir la corrupción no es algo sencillo y Transparencia Internacional lo reconoce debido a que esto implica actividades ilegales y deliberadamente ocultas que solo salen a la luz a través de escándalos o procesos judiciales.
“Esto hace que sea muy difícil de medir. Las fuentes y encuestas que componen el IPC se basan en cuestionarios cuidadosamente diseñados y calibrados, respondidos por expertos y empresarios”, explicó TI.
El IPC utiliza 13 fuentes de datos que recogen la valoración de expertos y ejecutivos de empresas de comportamientos corruptos en el sector público como desvío de fondos públicos, uso de la función pública para beneficio personal, captura del estado, nepotismo en la administración pública y sobornos.
Estas fuentes de datos son recopiladas por instituciones viradas acreditadas, incluidas el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.