El Parlamento venezolano reduce el número de magistrados del Supremo para aumentar su injerencia
El Parlamento venezolano, controlado por el chavismo, aprobó la reducción del número de magistrados del Tribunal Supremo de 32 a 20 jueces, después de un corto debate iniciado el 30 de diciembre en medio críticas de especialistas y organizaciones de la sociedad civil. Con la modificación, la Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, frente a los siete y cinco que tenían hasta ahora. El número de magistrados, sin embargo, no es la principal crítica a esta reforma. No es la primera vez que se cambia la conformación. En su momento, durante el Gobierno del expresidente Hugo Chávez se aumentó el número de jueces de 12 a 32, uno de los primeros pasos que dio para controlar la corte.
Los nuevos cambios modifican la conformación del comité de postulaciones que presenta los candidatos a magistrados. La Constitución venezolana establece que este comité debe estar integrado únicamente por actores y expertos jurídicos de la sociedad civil. A partir de la reforma, tendrá 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, lo que da mayor control al Parlamento, totalmente afín al Gobierno de Nicolás Maduro, sobre el Poder Judicial. En la propuesta inicial los diputados eran minoría en esta representación.
El chavismo hace una jugada adelantada sobre un tema medular que estaba dentro de la agenda de las negociaciones entre Gobierno y oposición en México, actualmente congeladas. El último informe de la misión independiente enviada por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, señaló al Poder Judicial como un brazo de la represión y de las violaciones de derechos humanos que pesan sobre el Gobierno de Nicolás Maduro. En los últimos meses, se vienen haciendo algunas reformas legales puntuales para mejorar su imagen frente a la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal Karim Khan visitó el país a principios de noviembre pasado. Durante el encuentro, firmó un memorándum con Nicolás Maduro en el que el país se comprometía a hacer una reforma integral del sistema judicial, a la par que decidió de abrir una investigación por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La reforma partió del presidente del TSJ, Maikel Moreno, según anunció el líder del Parlamento, Jorge Rodríguez, a mediados de diciembre. La motivación, dijo entonces, era dar “un mejor manejo de las salas”. El martes, durante la discusión, el diputado oficialista Diosdado Cabello justificó la mayoría parlamentaria dentro del comité como una manera de no perder “rectoría sobre el proceso”. Para el abogado Alí Daniel, director de Acceso a la Justicia, la reforma aprobada es mucho peor que la propuesta inicial. “De entrada ya hay un desbalance, porque el comité de postulaciones, que debería ser un órgano asesor del poder judicial, ya es de mayoría oficialista. Esto no es más que una escenografía para tener el mismo poder judicial que tenemos ahora”.
A principios de mes, el Foro Cívico de Venezuela, una plataforma que agrupa a casi mil organizaciones y actores de la sociedad civil, advirtió que la reforma era es insuficiente para garantizar la independencia judicial. “Si no se establecen y respetan los procedimientos para la participación plural de otros actores, expertos y organizaciones de la sociedad, poca relevancia práctica tendrá que se designen 20 y no 32 magistrados, o que se aprueben por mayoría simple o calificada”, señalaron en un comunicado.
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