China redobla sus esfuerzos para forzar el “retorno involuntario” de sus personas buscadas en el exterior
Xu Zheng, un crítico del Gobierno de China, llamó a sus padres el año pasado desde los Países Bajos, donde residía. La videoconferencia apenas duró 14 segundos. Su madre aparecía pálida y nerviosa, agitando la cabeza como si quisiera advertirle. Su padre empezó a gritarle: “¡Maldito traidor, has traicionado a tu patria! ¡O vuelves a entregarte o márchate al infierno!” Tras el abrupto fin de la comunicación, su madre le mandó un mensaje de texto: la Policía china había estado escuchando la conversación.
Intimidación sobre los familiares que se han quedado en China. Presiones de agentes llegados expresamente desde ese país. En el peor de los casos, secuestro. Son los tres métodos principales con los que Pekín ha capturado y repatriado desde el comienzo de la pandemia a unos 2.500 “fugitivos”, bien disidentes o bien sospechosos de corrupción u otros delitos, según denuncia la organización de derechos humanos Safeguard Defenders en su informe INvoluntary Returns (Regresos INvoluntarios), publicado este martes. La cifra de los retornados forzosos se eleva a cerca de 10.000 desde 2014, cuando el Gobierno del presidente Xi Jinping lanzó las operaciones “Caza del Zorro” y “Red Celeste” para capturar a funcionarios corruptos en el extranjero. Pekín asegura que los retornos siempre se producen por voluntad propia.
Casos como el de Wang Jingyu, un joven de 20 años residente permanente en Estados Unidos que en febrero del año pasado colgó en su cuenta de Weibo, el Twitter chino, un comentario en el que ponía en duda el número de víctimas en un enfrentamiento fronterizo entre China e India. De inmediato, la Policía de Chongqing, su ciudad de residencia en el centro de China, declaró que el muchacho había “calumniado a mártires y causado impactos negativos” en la sociedad. Esa misma noche, la Policía fue a su casa, se incautó de los ordenadores familiares y se llevó a los padres de Wang a comisaría.
“Los retuvieron durante horas y solo les dejaron marcharse a medianoche. Al día siguiente los volvieron a detener. Y así durante días. Les decían que me llamaran para pedirme que volviera y me entregara. Pero ellos nunca lo hicieron”, explicó el joven a la ONG. Dos días más tarde de haber publicado el texto en Weibo, un agente le envió un mensaje de texto en el que le amenazaba con un “mal final” para sus padres si Wang no regresaba a China. Él perdió el contacto con sus padres: sus números de teléfono habían quedado desconectados. Pero los mensajes de amenaza continuaron durante meses.
En abril de 2021, cuando se encontraba en tránsito en Dubái para volar a Estados Unidos, fue retenido y amenazado con la deportación a China. Solo logró evitarlo porque los medios internacionales se hicieron eco de su caso. Hoy día vive en Europa, donde continúa el acoso. Otros miembros de la familia también han sufrido presiones tras su breve detención en Emiratos, asegura. Agentes de policía “fueron a la escuela donde estudia mi primo pequeño, le dijeron que soy un traidor y que usara el teléfono de su madre, mi tía, para decirme que volviera a China”.
El informe de Safeguard Defenders, que examina los casos de 62 individuos localizados en 18 países y de los que 36 acabaron de regreso en China, encuentra que los “retornos involuntarios” de los fugitivos han ido en aumento desde 2012, con la llegada de Xi al poder y el lanzamiento de una amplia operación contra la corrupción, utilizada en ocasiones como herramienta contra adversarios políticos.
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El lanzamiento de las operaciones Caza del Zorro y Red Celestial ha coincidido con un aumento del 700% en las solicitudes de asilo de ciudadanos chinos en el extranjero entre 2014 y 2021. Más de 175.000 han recibido el estatus de refugiados. Esa cifra no incluye los cerca de 88.000 hongkoneses que han solicitado residencia en el Reino Unido en 2021 dentro de un nuevo programa de acogida lanzado después de las protestas contra Pekín que sacudieron el territorio autónomo durante 2019.
La mayor parte de los casos de retornos involuntarios, o de presiones para el retorno, se han localizado en Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, donde se concentran las mayores poblaciones de ciudadanos chinos expatriados. Pero pueden darse en cualquier parte del mundo.
Además de las presiones a los familiares en China o a los propios sospechosos en el exterior, otros métodos para forzar el regreso incluyen el rechazo a renovar el pasaporte del “fugitivo”, y el uso del sistema de alertas rojas de interpol para que se emitan órdenes internacionales de detención, como parece que fue el caso del joven Wang.
En el caso más extremo se encuentran lo que Pekín llama “métodos irregulares”, pero la ONG califica de secuestros con la autorización del Estado. Han ocurrido, sobre todo, en Asia o en otros países autoritarios. Pueden implicar el engaño a la persona buscada para que se traslade a un tercer país donde sí exista acuerdo de extradición, o bien operaciones de detención conjuntas con las fuerzas del país de residencia del sospechoso. El informe cita, entre otros casos, el del librero y editor Gui Minhai, desaparecido en Tailandia en 2015 y que reapareció detenido en China, sin que exista constancia de cómo cruzó la frontera.
El mensaje que envía China con estas acciones a sus personas buscadas, considera Safeguard Defenders, es que “no hay ningún lugar seguro: escapar al extranjero no te salvará, no hay escapatoria”. “No sorprende que un partido como el Partido Comunista de China, que siempre ha visto la oposición como una amenaza existencial, invierta recursos considerables en expandir su alcance en el exterior, donde se encuentra con una diáspora china cada vez mayor y a menudo crítica”, opina.
Pekín niega, por su parte, que perpetre secuestros en el exterior y asegura que respeta las leyes internacionales y las nacionales de cada país. “En el desarrollo de sus operaciones internacionales contra la corrupción, China siempre ha respetado escrupulosamente las leyes internas de los países implicados, las leyes internacionales y la práctica judicial y policial internacional”, subrayaba la Comisión Central para la Inspección de la Disciplina (CCID, el brazo policial del Partido Comunista) en noviembre de 2020.
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