El Kremlin busca el control total
El cierre de la organización Memorial, basado en veredictos de la justicia, es parte de un entramado de decisiones mediante las cuales Rusia se reconfigura como Estado autoritario. En el rumbo dirigido a controlar no solo el presente, sino también el pasado y el futuro del país, la disolución de Memorial marca un punto cualitativo, pues supone un ataque frontal a los valores humanistas que esa ONG representa.
Fundada durante la perestroika de Mijaíl Gorbachov, Memorial reivindica el recuerdo digno de las víctimas de la represión soviética y defiende a quienes sufren hoy por la vulneración de sus derechos en Rusia.
El compromiso con los derechos humanos era parte del código de comportamiento que Rusia asumió en 1996 al ingresar en el Consejo de Europa, entidad que Moscú veía entonces como parte de un mecanismo democratizador y de desarrollo. Los dirigentes rusos aceptaron así unos deberes de cuyo cumplimiento rendían cuenta en Estrasburgo. Con el tiempo, sin embargo, las relaciones entre el Kremlin y el Consejo de Europa se llenaron de agravios mutuos.
En las denuncias contra Rusia en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, Memorial ha desempeñado un papel clave, al apoyar a muchos ciudadanos desvalidos y dar publicidad a sus reivindicaciones frente al Estado. Hoy, los propagandistas del régimen tildan con desprecio de “occidentales” los deberes que se impusieron los líderes del Kremlin en 1996, y no porque aquellos deberes hayan perdido actualidad, sino por considerar humillantes los rendimientos de cuentas ante los extranjeros y ante sus propios ciudadanos.
Formalmente, Memorial ha sido llevado a los tribunales por no cumplir con la obligación de presentarse como “agente extranjero”. Pero el 28 de diciembre la Fiscalía General de Rusia reveló la “verdadera causa de la liquidación de Memorial Internacional”, según un comunicado de los dirigentes de esta entidad. “La Fiscalía General afirma que interpretamos de forma incorrecta la historia soviética”, que “creamos una falsa imagen de la URSS como Estado terrorista” y que “llenamos de críticas a los órganos de poder del Estado”, dijeron.
En su afán de control, las autoridades rusas destruyen sistemáticamente los núcleos de la sociedad civil independiente. El mismo día que el Supremo decidía sobre Memorial, Ayuda Cívica, organización de asistencia a los emigrantes dirigida por Svetlana Gánnushkina (miembro también de la junta directiva de Memorial), fue avisada por la alcaldía de la capital de que deberá desalojar los locales que le fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento —siendo presidente de Rusia Dmitri Medvédev entre 2008 y 2012— para el ejercicio de sus labores benéficas.
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El 29 de diciembre, varios medios de comunicación rusos comentaban un nuevo libro del presidente del Tribunal Constitucional de Rusia, Valeri Zorkin, en el que este admite que la pena de muerte puede volver a la legislación rusa. Según Zorkin, la moratoria a la pena de muerte (condición para el ingreso de Rusia en el Consejo de Europa) fue “una concesión a los valores que no son típicos de la conciencia jurídica nacional rusa”. Las concesiones son parte del pasado. El presente es el control en nombre de la “seguridad nacional”, tal como la ven quienes se han enquistado en el poder amparándose en leyes cortadas a su medida, y vueltas a cortar cuantas veces haga falta.
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