Trabajadoras sexuales afirman no son tomadas en cuenta por organismos legislativos y administrativos

Con el objetivo de abordar la regulación del trabajo sexual en la República Dominicana, la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otrasex), presentó un mapeo sobre las legislaciones y la participación política de las mujeres que se dedican a ese oficio.

En la investigación realizada en el “Mapeo sobre el trabajo sexual en la legislación y la participación política de las mujeres trabajadoras sexuales en República Dominicana”, uno de los principales hallazgos fue que en el país no hay una norma que prohiba que las mujeres se dediquen al trabajo sexual, y que la Policía Nacional violenta los derechos de quienes se dedican a esta profesión.

Soranyi Martínez, vocera de la organización, explicó que el trabajo realizado en el mapeo se hizo en los primeros meses del presente año y que en el se abordó el Código Penal Dominicano, ya que dentro de este no se prohibe el trabajo sexual, pero tampoco lo regulariza.

“Lo que buscamos es con la intención de mirar que el trabajo sexual en este país no es un delito, pero lo que sí es un delito es discriminación y la violencia contra la mujer”, explicó la vocera de esa organización.

Manifestó que hasta el momento no han podido hablar con los legisladores que están a cargo de la modificación del Código Penal, ya que afirman estos (diputados y senadores) “no las toman en cuenta” a la hora de la toma de decisiones.

Señaló que las mujeres que se dedican al trabajo sexual son muy discriminadas en la República Dominicana, ya que miles de mujeres han recibido maltratos y violaciones.

Soranyi Martínez explicó que en el país no hay una cifra total de las mujeres que se dedican a este oficio, ya que muchas de esas mujeres no se autoreconocen como tal.

Manifestó que las autoridades nunca han tomado en cuenta a esas mujeres y menos a inicios de la pandemia con los programas de ayudas sociales.

“Siempre vivimos haciéndole llamados al Gobierno para que entiendan que las trabajadoras sexuales somos mujeres que trabajamos, somos madres de familia, amas de casa, tías y abuelas”, sostuvo Martínez.

Aseguró que durante el tiempo del estado de emergencia las mujeres que se dedican a este oficio recibieron un mayor maltrato por parte de la Policía Nacional.

Del mismo modo indicó, que la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, es la herramienta legal más utilizada por la policía para violentar sus derechos.

“Las diversas vulneraciones a nuestros derechos, el estigma y la discriminación no han permitido que seamos consideradas como sujetos políticos plenos, por lo que nuestra participación política ha sido muy escasa, las instituciones no nos consideran en los espacios de discusión incluso en los temas que nos involucran directamente (violencia, discriminación, salud, etc.). Es urgente que podamos hacer incidencia tanto en los aspectos legislativos como administrativos”, sostuvieron.

Otrasex señaló que para hacer frente a la situación de violencia por la que muchas de sus integrantes han pasado por agentes del orden, han tratado de capacitar a los miembros de esa institución para que conozcan más a fondo esa situación.

Asimismo, informaron que están trabajando activamente en la conformación de un sindicato de trabajadoras sexuales y para ello se han unido a la Confederación Sindical de la Unidad Nacional (CNUS).