El Gobierno italiano logra aprobar la reforma clave de la justicia y esquiva la crisis política
El Gobierno de Mario Draghi ha conseguido superar las divisiones internas y sacar adelante la controvertida reforma de la justicia, el principal caballo de batalla política de las últimas tres décadas y que a la vez es una condición clave para que el país transalpino pueda obtener los fondos de recuperación europeos.
Después de un mes de discusiones dentro de la heterogénea mayoría de Gobierno que lidera Draghi, de enmiendas, bloqueos y replanteamientos, el Consejo de Ministros aprobó el jueves por la tarde el texto definitivo y disipó las sombras de crisis política que acechaban al Ejecutivo.
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El acuerdo final incluye algunas modificaciones sobre los juicios por delitos graves respecto a las propuestas iniciales que dividieron profundamente a la coalición de Gobierno, en la que están todos los partidos salvo el ultraderechista Hermanos de Italia.
A partir de este fin de semana el Parlamento deberá dar la luz verde definitiva a la reforma, que entrará en vigor de manera progresiva. La cuestión más espinosa fue la duración de los procesos penales de primer grado, de apelación y en el Supremo, que en la actualidad son los más largos dentro de la Unión Europea, ya que la idea de fondo de la reforma era agilizar la justicia, algo que nunca había conseguido poner de acuerdo a los partidos del país. La ley que propuso en 2018 el anterior ministro de Justicia, Alfonso Bonafede, del Movimiento 5 Estrellas (M5S), había eliminado la prescripción de los delitos tras las sentencias de primera instancia, tanto condenatorias como absolutorias. Este aspecto ha sido muy contestado por todo el arco parlamentario y ha sido motivo de fricción entre los partidos, que en general se dividen entre dos corrientes: los justicialistas y los garantistas.
La reforma actual, abanderada por la ministra Marta Cartabia, reintroduce la prescripción e impide proceder contra el presunto delincuente superado un plazo temporal: dos años, tras el recurso presentado en Apelación y un año, tras el del Supremo. Además se contemplan algunas excepciones para delitos particulares. Finalmente se ha decidido que la duración del proceso de segundo grado, o apelación, se demore un máximo de seis años en el caso de delitos graves como los relacionados con la mafia, el narcotráfico, la violencia sexual, el terrorismo o la subversión del orden democrático. Estas eran algunas de las exigencias de formaciones como el Movimiento 5 Estrellas, partidario de que los juicios cuenten con el mayor margen de tiempo posible para celebrarse con tal de que lleguen a término y no deban detenerse porque el plazo haya prescrito.
De hecho, los ministros del Movimiento Cinco Estrellas, guiados por el ex primer ministro Giuseppe Conte, amenazaron con abstenerse en la votación del Consejo de Ministros si no se aceptaban sus propuestas, algo que finalmente no ocurrió. “No es nuestra reforma, pero la hemos mejorado”, dijo Conte. A inicios de este mes, el Consejo de Ministros ya aprobó por unanimidad un proyecto anterior, con los votos del M5S, que en ese momento se encontraba en crisis y sin un guía al mando. Cuando Conte asumió finalmente el liderazgo de la formación hace unas semanas volvió a poner sobre la mesa algunas cuestiones relacionadas con la justicia y Mario Draghi le concedió la oportunidad de proponer pequeñas modificaciones que no distorsionaran por completo la reforma. Al día siguiente, los grillinos presentaron un paquete de más de 900 enmiendas, lo que hizo temer una ruptura por falta de acuerdo en la mayoría.
Además de un salvoconducto para los fondos europeos de recuperación, el acuerdo es también una señal de estabilidad en la convulsa política italiana. “Desde el punto de vista político, alcanzar este resultado ha sido muy importante porque la justicia es un tema muy divisivo y dentro de la mayoría de Gobierno hay diferentes corrientes”, señalan fuentes del Palacio Chigi, la sede del Gobierno. Y añaden: “Para el primer ministro Draghi esta reforma es muy importante por dos razones: acelerar los tiempos de la justicia italiana, que son muy lentos y la necesidad de ofrecer plazos concretos con mayor seguridad tanto a los imputados, que deben saber si serán declarados inocentes o culpables, y también a las víctimas porque es importante que se les reconozca su derecho a la justicia en tiempos rápidos”.
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