Agricultores de Constanza ven una luz con censo de viejas parcelas en Valle Nuevo

“Camina hacia el frente y no te devuelvas”, le indicó un técnico a Gabriel Durán cuando le entregó un pequeño aparato negro, del tamaño de un celular. Era un Sistema de Posicionamiento Satelital o GPS. En lo alto de una montaña, el agricultor agarró el dispositivo y emprendió la marcha por todo el lindero de lo que otrora era una parcela sembrada de papas, zanahorias, cebollas y otros rubros de ciclo corto, ahora cubierto de pasto.

“Son 6,321 metros cuadrados, es decir, 10.04 tareas”, le informó el técnico del Ministerio de Medio Ambiente cuando terminó su vuelta y le devolvió el GPS con las coordenadas del perímetro. Era la medida de la primera de cinco parcelas que Durán y su familia cultivaron por años en Monte Llano, una especie de valle en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Valle Nuevo, al que se accede por una angosta carretera de tierra, rocas y baches.

El metraje se anotó en un formulario, al igual que el de otras parcelas censadas desde hace dos semanas, que agricultores trabajaban en Constanza, con la promesa de que el Gobierno se las repondrá con terrenos estatales, luego de que las desalojaran forzosamente hace cinco años.

Cuando en 2016 el Ministerio de Medio Ambiente prohibió por resolución la siembra y cultivo en el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier o Valle Nuevo, los agricultores de siete zonas en Constanza fueron obligados a abandonar sus parcelas y dejar de cultivar papas, lechugas, brócoli, zanahorias y otros rubros de ciclo corto que suplían al mercado local. Desde ese tiempo los propietarios esperan un resarcimiento.

El Gobierno les ha prometido que, cuando concluya la medición que por tercera vez hacían los técnicos, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) los compensará con terrenos. “Es un trabajo para que finalmente llegue la solución de los productores que fueron desalojados fruto de la resolución”, dijo Julio César de los Santos, administrador del Parque Nacional Valle Nuevo.

Los agricultores que antes sembraban en Monte Llano, Pinar Parejo, Pinalito, Río Grande, Castillo Abajo y La Siberia serán los beneficiados, y se estiman en 282 cabezas de familias.

Estos cultivaban en 7,527 tareas de tierras que pertenecen al Parque Nacional Valle Nuevo, que representan apenas el 0.5 % de las 1,447,085 tareas que abarca toda el área protegida, de acuerdo a cálculos de la Asociación de Agricultores de Monte Llano. Según el gremio, estos representaban el 40 % de la producción agrícola de Constanza, un municipio que abastece de alimentos al mercado local y extranjero.

El Ministerio de Medio Ambiente debe validar esas medidas y pasarlas al IAD. El miércoles de la semana pasada agricultores que cultivaban en Monte Llano estaban impacientes mientras esperaban su turno para sostener el GPS y dar la vuelta por el perímetro de las parcelas que por años cultivaron.

“Nada más quedan las ruinas”, dijo Durán cuando divisaba una casa campestre abandonada, que antes usaba para pernoctar y guardar insumos agrícolas en la que era una de sus parcelas.

Censo en el norte, resistencia en el sur

Con el desalojo, el Ministerio de Medio Ambiente procura garantizar la conservación del Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier o Valle Nuevo, que abarca 910 kilómetros cuadrados y se localiza entre las provincias Monseñor Nouel, La Vega, Azua y San José de Ocoa.

Valle Nuevo es parte de la Cordillera Central, donde se originan las principales cuencas hidrográficas que captan las aguas que irrigan el territorio nacional y garantizan la producción de alimentos, de hidroelectricidad y consumo humano. De los ríos que nacen en la zona, el Grande o del Medio, Nizao, Yuna y Tireo tienen su caudal degradado.

Con la resolución 14/2016, el Ministerio de Medio Ambiente prohibió las actividades agrícolas dentro del Parque Nacional Valle Nuevo, así como el ingreso a este de semillas, fertilizantes, agroquímicos, insumos en general y herramientas en implementos de labranza agrícola.

Otorgó un plazo de 120 días para cosechar y retirar los cultivos en desarrollo, y desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con la agricultura y la pecuaria.

“Eso fue inhumano”, dijo Durán, quien ahora es regidor en Constanza. “Ciento veinte días para salir, sin opción, sin un lugar donde esos campesinos pudieran seguir su proceso de producción”.

Reportó que, entre los campesinos desalojados, un bajo porcentaje encontró otro medio de sustento, y también los hay de edad avanzada, faltos de dinero para tratamientos médicos. “Están sobreviviendo a la mala, mendigando”, aseguró. “Ahora vemos la luz un poco que se acerca”.

Tras el desalojo, en diciembre de 2018 el Gobierno comenzó a dar un incentivo de RD$7,000 mensuales a los agricultores, pero varios coincidieron en reportar a Diario Libre que dejaron de recibirlo cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dejó de gobernar en agosto de 2020. “No lo daban y a veces lo daban”, dijo el productor Antonio Pérez. En la gestión actual del Partido Revolucionario Moderno (PRM) lo han recibido entre una o tres ocasiones, indicaron.

La salida en la parte norte del parque nacional no fue fácil. El Gobierno tuvo que usar la fuerza policial y militar para que los agricultores abandonaran los terrenos tras oponer resistencia. Pero aún hay ganadería a pequeña escala. En Monte Llano, Diario Libre observó la semana pasada una manada de chivos.

El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, aseguró que, luego del cese de la agricultura en la zona norte del parque nacional, se ha registrado una considerable regeneración del bosque.

El camino que se ha recorrido en Constanza, ahora prácticamente comienza en la provincia San José de Ocoa, que comprende la parte sur del parque nacional. Allá, el Gobierno comenzó ayer un censo social, de vivienda y agrícola para delimitar quiénes y cuántos son los que están cultivando dentro del área protegida, para buscar salidas “legales y humanas”.

Como pasó en Constanza, los agricultores en Ocoa están renuentes a abandonar las tierras que -de acuerdo a la resolución de 2016- cultivan de manera ilegal.

El 15 de junio de 2021, Medio Ambiente hizo pública otra resolución que modifica un artículo de la emitida en 2016, para dar un nuevo plazo de 100 días para que estos terminen de sembrar y desmonten las actividades agrícolas.

La Asociación de Productores Hortícolas de La Horma (Asoprohorma), que representa a los agricultores de Ocoa, planteó la semana pasada al Gobierno cambiar el cultivo de ciclo corto por árboles frutales (como aguacate, que es más rentable) y maderable. Sin embargo, el ministro de Medio Ambiente dijo a Diario Libre que no está en posición de analizar esa propuesta porque se está en la etapa de realizar el censo para, con sus resultados, buscar soluciones.

«Todos seguimos ahí, porque nosotros estamos en espera de la respuesta del ministro con respecto a la propuesta que nosotros tenemos», dijo Ángel Sánchez, vocal y asesor de Asoprohorma.

“Nuestra responsabilidad es la protección del recurso agua, de vital importancia para los dominicanos”, insistió el ministro Jorge Mera. “Necesitamos, no solamente proteger el lado norte de Valle Nuevo, también el lado sur”.

“Estamos trabajando para cumplir con ese plan de recuperación –agregó–, lógicamente, conscientes de que hay una parte humana, hay una parte social, hay una parte económica y que también hay un tema agrícola que le estamos buscando solución”.