Abinader dice no tolerará corrupción tras informe del Departamento de Estado de EE.UU.

El presidente Luis Abinader aseguró que su administración no tolera ni tolerará ningún acto de corrupción de este Gobierno ni del pasado, y que está trabajando en los mecanismos de transparencia con varias leyes pendientes de aprobación.

El mandatario hizo el pronunciamiento ante el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert W. Thomas, un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe sobre el clima de inversión en 2020 en República Dominicana en el que revelaron la corrupción y solicitud de sobornos como obstáculos para los inversionistas norteamericanos en el país caribeño.

Abinader dijo que está trabajando en la modificación de la Ley de Compras y Contrataciones para hacerla más eficiente, y que espera que en los próximos días el Congreso apruebe la ley de extinción de dominio “para que los recursos robados puedan ser utilizados en los problemas de la gente”.

El referido informe reseñó que “los inversionistas extranjeros reportan numerosos problemas sistémicos en la República Dominicana y citan la falta de reglas claras y estandarizadas por las cuales competir y la falta de aplicación de las reglas existentes”.

Las quejas incluyen acusaciones de corrupción generalizada; solicitudes de sobornos; retrasos en los pagos del Gobierno; escasa aplicación de los derechos de propiedad intelectual; obstáculos burocráticos; procesos judiciales y administrativos lentos y a veces sesgados a nivel local, y procedimientos no estandarizados en la valoración y clasificación aduanera de las importaciones.

“Estamos vigilantes cada día para que los fondos de la República Dominicana se inviertan de la manera correcta para solucionar los problemas de la gente”, agregó el jefe de Estado.

El gobierno dominicano firmó un acuerdo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), para la inversión de 251 millones de dólares en salud, seguridad ciudadana y medio ambiente durante cinco años.