Presidentes de altos tribunales europeos y americanos piden evitar la politización de la Justicia
Presidentes de tribunales supremos y constitucionales de Europa y América, así como otros destacados juristas internacionales, han instado este martes a garantizar la independencia de la justicia como uno de los pilares de la democracia. Ese llamamiento ha centrado la última jornada del congreso internacional sobre el Estado de derecho que la Asociación Mundial de Juristas (WJA en sus siglas en inglés) ha celebrado desde el lunes en la Casa de América de Madrid.
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Los juristas que han participado en la cumbre coincidieron en señalar que la posibilidad para los jueces de decidir sin presiones y, por lo tanto, la separación de poderes se encuentran amenazadas por fenómenos como la politización de la justicia, la corrupción y la desinformación, especialmente en el actual contexto de pandemia.
El presidente del Tribunal Constitucional español, Juan José González Rivas, subrayó el “extraordinario valor” de la independencia judicial “inherente” a Estados de derecho como el español. Esta condición, sin embargo, se está viendo sometida en los últimos años a “grandes presiones por parte de los poderes institucionalizados, fácticos, mediáticos y económicos”, según Arturo Zaldívar, presidente del Tribunal Supremo de Justicia de México.
“Pareciera que [solo existe] la independencia judicial cuando los jueces fallan a favor de los diferentes grupos que compiten, si dictan una sentencia judicial que favorece a los intereses del Gobierno, se dice que no han sido independientes y, si fallan en su contra, se les acusa de defender el statu quo”, subrayó el magistrado mexicano.
La presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Maite Oronoz, utilizó los “ataques a la judicatura que tuvieron lugar en Estados Unidos, tras las elecciones de 2020 y los acontecimientos del 6 de enero”, como ejemplo de las amenazas que afrontan ahora los sistemas judiciales de los países democráticos. La magistrada se refería, sin citarlo, al intento del expresidente estadounidense Donald Trump de presionar a distintos poderes del Estado en su país para que anularan el resultado electoral que le fue desfavorable y el posterior asalto de sus partidarios al Capitolio en Washington.
Derechos fundamentales y orden social
“Para proteger los derechos fundamentales y garantizar el orden social, se precisa un sistema judicial capaz de resolver casos desde el derecho, sin responder a presiones del poder político, el clamor de la prensa o incluso las percepciones personales”, aseveró Oronoz. Esta jueza abogó especialmente por la lucha contra “la desinformación malintencionada que desestabiliza la democracia”.
En el ámbito europeo, Kari Kuusiniemi, presidente del Tribunal Supremo Administrativo de Finlandia, recalcó que el “Estado de derecho es frágil” y que la independencia de los jueces no solo es condición indispensable para garantizar su continuidad, sino “una salvaguarda constitucional imprescindible para garantizar los derechos humanos”.
También el exjuez Baltasar Garzón instó a evitar “el uso instrumental del derecho” por parte de los políticos, como, en su opinión, está sucediendo en países que viven “un auge de la ultraderecha”, entre los que citó a Polonia, donde se “está tratando de someter a la justicia al poder político”.
Este tipo de injerencias del poder político o económico, o “la corrupción cuando afecta al sistema judicial”, impiden a los jueces desempeñar el que, para Garzón, es su “verdadero papel”: “Interpretar el derecho, aplicar la justicia en favor de los ciudadanos y protegerlos de las agresiones”. La justicia, prosiguió el exjuez, debe ser “equitativa, democrática, independiente, imparcial, empoderadora de las víctimas y con todas las garantías para el justiciable”. Sin independencia judicial se pierde, además, una referencia “necesaria” para la ciudadanía, subrayó Garzón.
El presidente del Tribunal Supremo de Canadá, Robert Wagner, defendió que debido a la pandemia de la covid-19 se ha visto acrecentada la necesidad de salvaguardar la independencia judicial sin la que no se entiende “el Estado de derecho que es el fundamento de la democracia”. “En esta pandemia, la gente ha perdido su trabajo, hay personas que padecen inseguridad alimentaria y la violencia doméstica [machista] se ha convertido en una pandemia dentro de la pandemia”, citó entre los nuevos retos que afrontan ahora los jueces.
La cumbre internacional sobre el Estado de derecho de la WJA, clausurada con un almuerzo presidido por la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, y en el que también ha participado el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz Orejuela, ha sido el colofón de las dos jornadas internacionales dedicadas al imperio de la ley organizadas por esa asociación de juristas. Durante la primera, celebrada este lunes, se rindió homenaje a la magistrada del Tribunal Supremo de EE UU, Ruth Bader Ginsburg, en un acto clausurado por el rey Felipe VI.
El jefe del Estado entregó también a ocho destacadas juristas internacionales las medallas de honor que llevan el nombre de la magistrada, un galardón creado por la WJA para honrar el legado de esta jueza icono de la igualdad de sexos y de la defensa del Estado de derecho, fallecida en septiembre de 2020.
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