Posesión de drogas y robo son principales delitos cometidos por adolescentes, según ONE
De acuerdo con los datos proporcionados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), entre el año 2007 y el 2019, más de 24,000 jóvenes fueron detenidos por cometer alguna infracción, siendo la posesión de drogas y los robos las dos principales imputaciones.
El informe de la ONE explica que los datos suministrados por el Departamento de la Policía Judicial Especializada en Niños, Niñas y Adolescentes de la Policía Nacional, muestran que en los años analizados fueron detenidos un promedio de 1,876 jóvenes al año, pasando de 2,426 casos en el año 2007 a 1,725 en el año 2019.
Mildred Martínez, directora de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales de la ONE, señala que en el año 2019 se registraron 1,715 detenciones de adolescentes por violación o incumplimiento de la ley, de las cuales 500 (el 28.99%) correspondieron a robos, 356 (20.64%) a drogas, 188 (10.90%) ha agresiones físicas, y 158 (9.16%) a riñas. Destaca, además, que existen grandes retos en lo concerniente a fortalecer la producción de informaciones estadísticas en relación a los adolescentes en conflicto con la ley y la coordinación entre las instituciones productoras, y se entiende que las estadísticas actuales adolezcan de falta de cobertura.
“Los años 2012 y 2013 presentaron la menor cantidad de jóvenes detenidos por cometer algún delito, con 1,074 y 1,112 detenidos, respectivamente“, sostuvo Martínez.
El informe de la ONE destaca la importancia de fortalecer la producción y difusión estadística sobre seguridad pública y jóvenes en conflicto con la ley, pues mediante éstas las autoridades pueden evaluar sus acciones contra la delincuencia e identificar las causas que llevan a nuestros niños, niñas y adolescentes a violentar las leyes. De esta forma se podría prevenir el delito, y al mismo tiempo incidir en la reinserción de esta población a la sociedad.
Finalmente, la publicación de la ONE señala que los jóvenes frecuentemente se ven expuestos a ambientes de violencia y peligro, por lo cual se hace necesario continuar desarrollando políticas públicas y acciones del sector privado que garanticen su inserción en el mercado laboral y en actividades productivas que contribuyan a su desarrollo social, económico y político.