La Pepca identifica contratos ficticios en compras de combustible y materiales de construcción

En medio de las medidas de distanciamiento físico, reducción de horario y cantidad de personal que laboraba en las instituciones del Estado debido al estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, la Procuraduría General de la República realizó contratos de alquiler de transporte por casi 36 millones de pesos, mientras que el mes de febrero cuando se tenía prevista la celebración de las elecciones municipales en todo el país, adquirió diez millones de pesos en combustible de los cuales no hay evidencia de a quién le fue entregado, afirma la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

En la solicitud de medida de coerción a los implicados en la Operación medusa, la Pepca afirma que el exprocurador Jean Alain Rodríguez, junto a Jonnathan Rodríguez y Alfredo Solano, exdirector administrativo y subdirector financiero de la PGR respectivamente, elaboraron 22 contratos de alquiler de medios de transporte por un monto de 35 millones 940 mil pesos, múltiples adendas de contratos y contratos de confidencialidad que evidencian cómo operaba este entramado.

“Contratos que firmaron en plena pandemia del COVID-19, época en la que se estaba trabajando desde la virtualidad, para contratar servicios de transporte y pagarlos a través de las cuentas de nómina, con un monto fijo mensual cuando el servicio no era constante, por la naturaleza. Esos contratos fueron cancelados antes de vencerse el plazo de terminación de los mismos”, refiere la instancia que deberá conocer el próximo jueves la jueza Kenya Romero en el Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional.

La Pepca califica como una adquisición fraudulenta de combustible la factura de fecha 4 de febrero de 2020 en la que se da cuenta de que fueron adquiridos RD$10,700,000 pesos de gasolina y gasoil a la empresa Sunix Petrolum SRL pero que en la actualidad “no hay evidencia de a quién le fue entregado el combustible” que fue autorizado por el director administrativo, el subdirector financiero y el procurador general.

En el expediente se hace referencia a que el 13 de febrero de ese mismo año, se solicitó al contralor de la institución, Daniel Caamaño, autorización para un reconocimiento de deuda alegando que la compra del combustible se debía a que en varias actividades de la institución se habían realizado consumos adicionales, sin embargo, reitera la Pepca que esos consumos no tienen destinatarios.

“Pero si todas esas acciones son evidentemente alarmantes y sin justificación, en fecha 9 de marzo de 2021, es cuando la Procuraduría General de la República recibe una comunicación de Sunix, alegando que había presentado una confusión con la factura B1500041360 y que la misma le aparecía pagada sin estar pagada debido a una confusión interna”, refiere la instancia.

En la solicitud de imposición de prisión preventiva y declaratoria de caso complejo hecha contra Jean Alain Rodríguez Sánchez; la encargada del Plan de Humanización del Sistema Penitensiario, Jenny Marte; el exdirector administrativo de la PGR, Jonnathan Rodríguez; la subdirectora administrativa y financiera, Altagracia Guillén; el subdirector financiero, Alfredo Solano; el exdirector del Departamento de Tecnología de Información y Comunicación, Javier Forteza; el exasesor Miguel José Moya, Rafael Mercedes y Empresas Desarrollo, Individuo & Organización (DIO, SRL), se afirma que el entramado criminal utilizaba la modalidad de contratos ficticios para distraer fondos.

Refiere que la modalidad que los imputados utilizaban para distraer fondos era elaborar supuestos contratos de transporte, construcción de los pozos sépticos del Plan de Huma- nización del Sistema Penitenciario, adquisición de materiales para enfrentar el COVID-19, así como para la remodelación y equipamiento de las fiscalías.

Señala que Rafael Mercedes se encargaba de recolectar el 10% del pago de las empresas que eran beneficiarias como proveedoras de obras o servicios.

En la instancia de 197 páginas se hace referencia a que Altagracia Guillén realizó compras falsas, las cuales se irían a utilizar en la remodelación y equipamiento del Juzgado de paz de Salcedo, esto debido a que esa dependencia no recibió “ni un clavo de pared” puesto que funciona dentro del Palacio de Justicia de la provincia Hermanas Mirabal.

Según la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, la imputada fabricó facturas de la empresa Ramsa, para beneficiarse de contratos ficticios a cambio de recibir soborno, y que esos materiales de construcción fueron utilizados en la finca de Guillén en Monte Plata.