El aborto penalizado en el Código Penal y a espera de ley especial

SD. La aprobación del proyecto de modificación al Código Penal Dominicano (CPD) en la Cámara de Diputados mantiene la penalidad del aborto en cualquier circunstancia, aun- que con una reducción de las penas, y deja las esperanzas de eximir la penalidad por las conocidas tres causales a una ley especial estancada y con pocas posibilidades de pasar en ese hemiciclo.

La pieza que aprobó la Cámara, y que pasa ahora al Senado, que deberá sancionarla en dos lecturas, mantiene la penalización por causar la interrupción del embarazo a la mujer, médicos, otro personal de salud o parteras, aunque con la eximente, de que, “no será sancionada si, para salvar la vida de la madre y del feto en peligro, se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles”.

Sin embargo, en la propuesta que aprobaron los diputados ayer, se establecen penalidades de uno a dos años de reclusión menor a quienes violenten esa disposición, distinto a lo que se estableció en un informe de la comisión que estudió el proyecto en marzo pasado y que recomendó de dos a tres años de reclusión menor.

Las tres causales implican la despenalización del aborto cuando la vida de la madre esté en riesgo, cuando el feto tenga malformaciones congénitas que sean incompatibles con la vida o cuando el embarazo sea fruto de una violación y que, en cualquiera de los casos no exceda de las 12 semanas.

Entre los que abogan por su inclusión en el Código Penal, sobre todo médicos y organizaciones feministas, defienden el derecho que debe tener una mujer para decidir si continúa con un embarazo en las condiciones planteadas.

Los que se oponen, sobre todo los grupos religiosos, entienden que el aborto es crimen, y rechazan las situaciones en que el embarazo ponga en peligro la vida de la madre.

Este último argumento prevaleció entre los diputados que votaron 128 a favor de que se apruebe el Código Penal sin las causales, 13 votos en contra. Un grupo de siete se abstuvo de votar.

La suerte de las tres casuales en el Código queda ahora en manos los senadores, o en última instancia en el presidente de la República que puede, como lo hicieron sus antecesores, Leonel Fernández o Danilo Medina, vetar la pieza.

Una última opción de que se apruebe, aunque con pocas esperanzas, se centra en una ley especial que estudian los diputados, propuesta por el legislador Rubén Maldonado, pero que desde ya se advierte con pocas posibilidades.

Desde abril pasado los legisladores no han vuelto a tocar esa iniciativa que ya contó con la realización de vistas públicas, según informó Héctor Féliz, presidente de la Comisión de unos 15 diputados que estudió el proyecto.

“Estábamos esperando que se pruebe el Código Penal para saber en qué se quedaría con el tema de esos artículos, si se incluye, pero, entonces, quedó mutilado y vamos a seguir trabajando”, dice el legislador.

Dice que con los aportes al debate que hicieron varios ciudadanos a mano, la comisión podría reunirse la semana próxima para decidir los próximos pasos a seguir, pero de antemano dice que no cree que esa legislación sea aprobada.

“Creo que sin ánimos de ser pesimista ,sino realista, será la misma situación (que con la aprobación del Código), pues son los mismos votos, y si son los mismos, van a rechazar la ley”.

De antemano, el legislador plantea la contradicción de la misma Constitución sobre la protección del a vida, por un lado, pero por otro establece el derecho de decisión.

Sergia Galván, una de las principales figuras del movimiento feminista en el país, expone una opinión similar.

“Esa ley es una medida de distracción, y sabemos que eso no es factible, pues si esos diputados no son capaces de aprobar en discusión de 20 años, cómo lo harán en una ley especial que requiere la misma cantidad de votos. Sabemos que no prosperará, pues no están en disposición de aprobarla, si fuera así, lo hacen en el Código Penal”.

Para Galván, el proyecto de Código aprobado ayer por los diputados es un retroceso para el país, pero espera que en el Senado sea distinto, o que, en última instancia, tenga el veto del presidente de la República.