California apelará al fallo judicial que levanta el veto a los rifles de asalto
Roger Benitez, un juez de distrito radicado en San Diego, puso fin este viernes con un fallo a 32 años de prohibición a la venta de rifles de asalto en California. El juzgador opinó que la norma instaurada en 1989 y que ha sido actualizada varias veces viola los derechos constitucionales protegidos por la segunda enmienda, que garantiza la tenencia de armas en Estados Unidos. La decisión del juzgador ha sido un duro golpe para el estado progresista, el más poblado del país y quien presume tener las más estrictas normas de regulación de armamento. “La decisión es una amenaza directa a la seguridad pública y a las vidas de los californianos inocentes, punto”, dijo Gavin Newsom, el gobernador de California, repudiando el fallo y adelantando una lucha judicial por mantener la prohibición.
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Benitez, un juez nombrado por el expresidente George W. Bush, equiparó en su opinión judicial los rifles de asalto a las navajas suizas. “El popular rifle AR-15 es la perfecta combinación de un arma de defensa para el hogar y de equipo de defensa del territorio. Es bueno para la casa y el campo de batalla”, escribió el togado en la introducción de su fallo, de 94 páginas. Los datos, sin embargo, muestran que este tipo de armas estuvo presente en los siete tiroteos con más víctimas en la última década en Estados Unidos. El 85% de las matanzas con cuatro o más víctimas fueron cometidas con rifles de alto poder.
El gobernador Newsom, hijo de un juez, cree que la comparación con una navaja suiza “mina completamente la credibilidad de la decisión” además de ser una “bofetada en la cara de las familias que han perdido a un ser querido por un arma”. “No renunciaremos en esta lucha y continuaremos peleando por leyes de sentido común que regulen las armas y permitan seguir salvando vidas”, anunció el mandatario en un comunicado.
La prohibición continuará vigente por 30 días, un periodo de gracia que tienen las autoridades locales para apelar al fallo de Benitez. El fiscal de California, Rob Bonta, ya ha anunciado que atacará la opinión del juez, a la que califica de tener “fallas fundamentales”. En Twitter, el fiscal recordó que armas de alto calibre como el AR-15 fueron utilizadas en tiroteos públicos que rompieron a decenas de familias en años recientes, entre ellas las ocurridas en una secundaria en Parkland, Florida, que dejó 17 muertos; la de la escuela de Sandy Hook, Connecticut, con 26 fallecidos, 20 de ellos niños de seis y siete años, y la matanza con más víctimas en la historia de Estados Unidos, la de Las Vegas en 2017, que dejó 60 fallecidos y más de 400 lesionados.
California, con 39.5 millones de habitantes, tiene la séptima tasa más baja de muertes por armas en el país gracias a su severa regulación de venta de armas. Solo contadas excepciones permiten a un ciudadano poseer un rifle de asalto como las metralletas AK-47 o los citados Colt AR-15. El Estado también prohíbe la venta de un rifle debidamente registrado a otra persona, la transacción solo puede ser con una armería o con la oficina de un alguacil dentro de la región. Otros propietarios han podido mantenerlas porque sus armas son anteriores a 1989, año en que fue prohibida la venta.
A pesar de esto, California no ha podido sacudirse del todo el fantasma de la violencia armada. En casi 20 años, entre 2000 y 2019, el estado registró 42 incidentes con atacantes en zonas públicas, un 50% más que el segundo sitio, Florida, según datos recientes del FBI. El 26 de mayo pasado, Samuel James Cassidy, un empleado de mantenimiento del tren ligero en la ciudad de San José, al norte del estado, entró a las oficinas del transporte público a la hora del cambio de turno para matar a nueve de sus compañeros. Iba armado con tres pistolas semiautomáticas con recámaras para 32 balas. Ha sido uno de los peores atentados registrados en la zona. El temor ahora es imaginar cuánto dolor más habría causado Cassidy si en sus manos hubiera tenido un rifle de alto poder.
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