Cristiana Chamorro, la última obsesión a reprimir por Ortega y Murillo
Minutos antes de que Cristiana Chamorro iniciara el pasado miércoles una conferencia para denunciar que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había bloqueado su opción de postularse como candidata presidencial de la oposición, un contingente de tropas especiales de la policía irrumpía con violencia en su vivienda. El predio, ubicado al sur de Managua, está rodeado por un frondoso jardín que tiene unas figuras ornamentales construidas con las armas del conflicto armado al que la madre de la opositora, la expresidenta Violeta Barrios, logró poner fin en 1990, año en que venció en las urnas al actual mandatario.
Este jueves, la incertidumbre en casa de Cristiana Chamorro continuaba. Los oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial mantenían cercado el inmueble, y Chamorro se encuentra incomunicada junto a su hija y el personal de servicio, bajo vigilancia policial y en una situación equiparable al arresto domiciliario.
Más información
Cristiana Chamorro, de 65 años y periodista de profesión, curtida como reportera en el diario La Prensa, del que es vicepresidenta, se ha propuesto repetir la hazaña de su madre, sustentada en el legado moral de la exmandataria y de su padre, el periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado a balazos en 1978 por la dictadura somocista. Los padres de la ahora precandidata presidencial vetada -a la que el régimen de Ortega le impuso arresto domiciliario y aislamiento este miércoles- son un referente de la democracia y la libertad en Nicaragua frente a las dictaduras y los regímenes autoritarios que asolan este país desde hace más de medio siglo. El civismo y la defensa de las libertades públicas es el sello de los Chamorro Barrios, una familia entre quienes destacan conocidos periodistas como Carlos Fernando Chamorro, hermano de la aspirante presidencial, director del digital Confidencial y también perseguido por régimen.
Cristiana Chamorro hizo pública su aspiración presidencial en enero pasado. En sus palabras -”digo sí a Nicaragua”-, formuló una especie de respuesta colectiva a un electorado huérfano de una figura capaz de unir a una dividida oposición de cara a las elecciones generales programadas para noviembre próximo, cuando Ortega pretende reelegirse por tercera vez consecutiva de la mano de su esposa, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo.
Hasta su arresto, la precandidatura presidencial de Cristiana Chamorro se situaba como “independiente” de los dos bloques opositores: la Coalición Nacional y la alianza Ciudadanos por la Libertad. Con la decisión de Ortega de anular a la Coalición Nacional -la plataforma que agrupa a los sectores sociales más beligerantes durante las protestas sociales de 2018-, Ciudadanos por la Libertad quedó como la única alternativa de la oposición para competir en las elecciones.
Cristiana Chamorro, así como los precandidatos de la Coalición Nacional, decidieron acudir a Ciudadanos por la Libertad para inscribirse en el proceso y elegir a un único candidato opositor, siendo ella la más popular entre el electorado. Horas después de su acercamiento a la agrupación política, el Gobierno, a través de la Fiscalía, inhabilitó mediante un comunicado a Cristiana Chamorro.
Un caso de lavado de dinero
La candidatura de Cristiana Chamorro había entusiasmado a los nicaragüenses, a juzgar por las repetidas encuestas que la sitúan como la favorita entre el resto de precandidatos opositores (21% según los resultados de CID-Gallup publicados días antes de su arresto). Antes de anunciar su aspiración, renunció a la dirección de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización sin fines de lucro que dirigió durante 20 años, dedicada a la promoción y el fortalecimiento del periodismo independiente en Nicaragua con recursos procedentes de la cooperación internacional. La labor de la ONG se volvió vital a partir de 2018, cuando la represión emprendida por Ortega y Murillo confiscó redacciones y apresó y asesinó periodistas, ya que apoyó a los medios de comunicación a migrar al entorno digital para sortear la censura.
Al Gobierno le estorbó desde el primer momento la candidatura de Chamorro por la fuerza que iba tomando. La vicepresidenta Murillo la ha atacado en repetidas ocasiones en este tiempo, utilizando el apellido Chamorro (una de las familias más influyentes en Nicaragua) de manera despectiva. “Un montón de ungidos andan por ahí, ¿ungidos por quién? Ni siquiera su trayectoria de vida los defiende, ni los hace ponerse de pie, agachados son y vendepatrias”, dijo la dirigente un día después de que la precandidata renunciara a la dirección de la Fundación Violeta. Los insultos fueron creciendo y Murillo incluso dejó de pronunciar en sus alocuciones televisadas el nombre de la aspirante porque la palabra forma parte del eslogan oficial de Gobierno: “Nicaragua, Cristiana, Socialista y Solidaria”.
El boicot a la precandidatura de Cristiana Chamorro se inició hace tres semanas, cuando el Gobierno ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Fundación Violeta y su exdirectora por supuestas inconsistencias en los informes financieros, inconsistencias que a día de hoy no han podido ser demostradas. Aunque no se ha iniciado juicio contra Chamorro, la detención domiciliaria en la que se encuentra ya inhabilita su derecho a optar a un cargo público.
Desde el inicio de la investigación (que de paso implica a más de una veintena de periodistas), Chamorro la catalogó como una “monstruosidad jurídica”. “Es una venganza de Daniel Ortega contra el legado de mi madre. Quiere impedir que los nicaragüenses votemos y que no haya un traspaso a la democracia”, sentenció.
El zarpazo final de esa campaña tuvo lugar este miércoles, cuando la jueza Karen Chavarría, leal al sandinismo, ordenó el allanamiento de su vivienda y su arresto. La decisión gubernamental provocó alarmas a nivel nacional e internacional.
“Desde que mostró su disposición por competir con los precandidatos de la oposición para una candidatura única, ha despertado simpatía y esperanza en una buena proporción de la población que quiere la salida de Ortega por la vía cívica electoral”, dijo Violeta Granera, veterana opositora nicaragüense. “Yo creo que Cristiana, frente a este desafío, está mostrando una gran fuerza interior para desafiar los embates de la dictadura. Y tan importante como eso, mucha coherencia en sostener los principios que ha declarado: que haya competencia interna y que haya unidad de todas las fuerzas de oposición”.
Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS América y reciba todas las claves informativas de la actualidad de la región.
About Author
