La policía de Daniel Ortega irrumpe en la casa de la candidata opositora Cristiana Chamorro
La Policía de Nicaragua ha ingresado este miércoles la vivienda de la candidata opositora a la presidencia Cristiana María Chamorro Barrios, con una orden de detención. El allanamiento se produjo minutos antes de que la candidata diese una rueda de prensa para expresar su rechazo al bloqueo judicial de su candidatura presidencial, decidida el martes. El Gobierno de Daniel Ortega recurrió a una acusación de la Fiscalía por supuesto lavado de dinero para torpedear la participación política de la principal líder opositora y la que más simpatías genera entre la población, según las encuestas.
“La doctora Karen Chavarría Morales, jueza novena del Distrito Penal de Audiencia de Managua, ordenó este 2 de junio la orden de allanamiento y detención contra Cristiana María Chamorro Barrios”, informó mediante un comunicado la dirección de prensa del Poder Judicial de Nicaragua, “acusada por los delitos de gestión abusiva, falsedad ideológica en concurso real con el delito de lavado de dinero, bienes y activos, en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad nicaragüense”. “La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público en el escrito de acusación presentado este primero de junio en los juzgados capitalinos, en el que también se solicitó la tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada”, concluye.
Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro, que gobernó el país entre 1990 y 1997, se encuentra dentro de su domicilio, ubicado en el sur de Managua, mientras decenas de policías se encuentran dentro de la casa. En la puerta, los uniformados intentan bloquear el trabajo de la prensa.
Carlos Chamorro, hermano de la candidata y director del medio Confidencial –también atacado por el régimen en las últimas semanas– denunció el “allanamiento ilegal” de la vivienda de su hermana en su cuenta de Twitter.
El Ministerio Público de Nicaragua acusó el martes a Chamorro Barrios de varios delitos y solicitó que la inhabilitaran para cargos públicos “por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”. El caso de lavado de dinero contra Chamorro es por su condición de exdirectora de la Fundación Violeta, organización no gubernamental que en febrero pasado cerró operaciones para no verse sometida a la ley de Agentes Extranjeros promulgada por el régimen, una normativa que criminaliza las donaciones y la financiación de medios de comunicación. La Fundación Violeta era un referente de la defensa y la promoción de la libertad de prensa en Nicaragua, un país donde ese derecho fundamental es atacado sistemáticamente desde el Gobierno.
Según el régimen de Ortega, “la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador y del análisis a los Estados Financieros periodo 2015 – 2019 se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero; por lo que el Ministerio de Gobernación ha informado al Ministerio Público para la investigación correspondiente”.
La inhabilitación de Chamorro se conoció tan solo horas después de que la hija de la expresidenta acudiese a la sede del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) a inscribirse en el proceso interno de ese partido para escoger un candidato opositor único. La disidencia solo cuenta con esa casilla en la papeleta electoral para medirse a Ortega en las elecciones de noviembre, unos comicios que no gozan de credibilidad ni competitividad.
El viernes pasado, los resultados de la firma encuestadora Cid Gallup ubicaron a Chamorro en el primer lugar de los opositores con un 21% de los votos, convirtiéndose en la candidata que más opciones tiene de arrebatarle el poder a Ortega, el caudillo del Frente Sandinista, que busca su tercera reelección consecutiva. Tras gobernar entre 1979 y 1990, año en el que fue derrotado por Violeta Chamorro, volvió al poder en 2007 y ha presidido el país desde entonces.
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