EE UU acaba con la política de Trump que devolvía a México a los solicitantes de asilo
La Administración de Joe Biden ha puesto fin este martes a una política migratoria puesta en marcha por su antecesor, Donald Trump, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en México sus audiencias en los tribunales de inmigración estadounidenses. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha decretado el fin de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), en virtud de los cuales unos 70.000 solicitantes de asilo fueron enviados de vuelta a México desde enero de 2019 hasta que Biden dejó en suspenso esa política en su primer día como presidente, el 20 de enero. Ahora el cese de la medida es definitivo.
La política conocida como “Quédate en México” había creado una crisis en la frontera sur de Estados Unidos, saturada por la creciente llegada de inmigrantes indocumentados. Mayorkas, a través de un memorando de siete páginas con el que ha informado de esta decisión, ha asegurado que “los MPP ya no son una herramienta necesaria o viable”. La medida entrará en vigor de manera “inmediata”. Según el comunicado, esos protocolos no han mejorado la gestión de la frontera, ni sirven a los objetivos de Biden de combatir las razones fundamentales que motivan la inmigración irregular.
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La decisión de la Casa Blanca parecía inevitable después de que Biden prometiese durante su campaña electoral que iba a acabar con las expulsiones a México de los solicitantes de asilo, aunque una vez en el cargo, el presidente de Estados Unidos dejó abierta la posibilidad de mantener esa polémica política tras ordenar que fuera revisada antes de tomar una decisión definitiva.
El secretario de Seguridad Nacional ha explicado ahora que mantener la política intacta o incluso modificarla “no sería compatible con la visión y los valores de este Gobierno, y constituiría un mal uso de los recursos del departamento”.
Mientras la Administración de Biden acababa con las devoluciones de solicitantes de asilo a México, el gobernador del Estado fronterizo de Texas, el republicano Greg Abbott, firmaba una ley de emergencia sobre la situación en la frontera sur del país. En su opinión, los migrantes que entran en territorio estadounidense de forma irregular suponen “una amenaza inminente” por los “grandes desperfectos, daños y pérdidas de vidas y de la propiedad” que a su juicio ocasionan.
Mayorkas señaló que desde el pasado 19 de febrero, unos 11.200 solicitantes de asilo han podido regresar a Estados Unidos para esperar la resolución de sus casos después de que Biden dejara en suspenso los Protocolos de Protección a Migrantes. La concesión o no de la condición de refugiado político en Estados Unidos es un proceso que puede tardar años en las saturadas cortes de inmigración. El Gobierno aún debe decidir si decenas de miles de casos más que fueron desestimados o rechazados podrán tener una segunda oportunidad.
La Administración de Biden insiste en enviar el mensaje a los centroamericanos de que ahora no es el momento para migrar a Estados Unidos. Como ya hiciera Barack Obama con él cuando era su mano derecha, Biden encargó a su vicepresidenta, Kamala Harris, la gestión de la crisis migratoria en la frontera con México cuando prácticamente se han batido los récords de llegadas ilegales de migrantes en todos los grupos de edad.
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