La universidad que Lukashenko mandó al exilio
“Si seguimos recto por allí, llegamos a Bielorrusia”, dice Maksimas Milta, responsable de comunicación de la Universidad de Humanidades Europeas (UHE), apuntando hacia uno de los muros que rodean el patio del antiguo monasterio agustino, que sirve de sede —en el corazón del magnífico casco antiguo de Vilnius— a esta institución educativa bielorrusa, exiliada desde hace casi dos décadas en la capital de Lituania. Profesores y estudiantes se vieron obligados a mudarse al país comunitario después de que en 2004 el líder autoritario bielorruso, Aleksandr Lukashenko, ordenara el cierre del centro en Minsk, coincidiendo con la entrada de la república báltica en la Unión Europea. Aquí estudiaba Sofia Sapega, la pareja del periodista disidente con el régimen de Lukashenko Roman Protasevich. Ambos fueron detenidos el pasado 23 de mayo tras el aterrizaje forzoso en la capital bielorrusa de un avión comercial de Ryanair en el que regresaban desde Atenas a Vilna.
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La UHE es en sí una metáfora del largo goteo de disidentes —políticos, intelectuales, activistas o meros ciudadanos que osaron en algún momento poner en duda la línea del régimen de Lukashenko— obligados en los últimos años a abandonar Bielorrusia, amenazados por el líder a quien se conoce como “el último dictador de Europa”. Desde las protestas tras las elecciones de agosto de 2020 que se atribuyó Lukashenko a pesar de las denuncias de fraude, la UHE ha aceptado a 78 estudiantes y 16 académicos expulsados de sus universidades en Bielorrusia por motivos políticos. En total, esta pequeña universidad tiene 680 estudiantes, el 95% de ellos bielorrusos.
Desde hace casi un año, más de 40 graduados de esta universidad han sido detenidos en la antigua república soviética, cuenta Milta, el responsable de Comunicación del centro educativo. La mayoría sufrió una detención administrativa de unos 15 días, el mecanismo utilizado en un principio por el régimen de Lukashenko para responder a las manifestaciones en su contra. Algunos de estos universitarios, sin embargo, no han salido aún de las cárceles bielorrusas. Además de Sapega, otros dos estudiantes de la UHE, Marfa Rabkova y Akihiro Gaevski-Hanada, así como dos antiguos alumnos, Mikalai Dziadok y Uladzimir Malakhouski, siguen encarcelados y son considerados presos políticos por el centro de derechos humanos bielorruso Viasna. Todos ellos, destaca Milta, estudiaron el mismo programa de Derecho Internacional que cursaba Sapega, una ciudadana rusa de 23 años criada en Bielorrusia, que en un par de semanas debería presentar su trabajo de fin de carrera entre los gruesos muros del antiguo monasterio que ha sobrevivido a tantas batallas políticas en sus tres siglos de historia.
La UHE se inauguró en 1992 en Minsk, apenas un año después de la disolución de la Unión Soviética y dos años antes de la llegada al poder de Lukashenko, con el objetivo de “establecer una universidad independiente que apoyara el resurgimiento de los valores de la civilización europea durante el periodo de transición del totalitarismo a la democracia”, según los estatutos de la Universidad. Su misión: “Educar a la nueva generación de jóvenes profesionales capaces de liderar Bielorrusia en su camino hacia la sociedad civil”. Con tales ambiciones, no es de extrañar que chocara rápidamente con un dirigente procedente de la escuela soviética y admirador declarado de Joseph Stalin. Su cierre, decretado en 2004, fue una “decisión personal” de Lukashenko, subraya Milta, uno de los pocos trabajadores de la UHE que estos días pisa el centro, ya que desde el inicio de la pandemia las clases se dan a distancia.
Hasta 15 años de cárcel
Así las ha seguido Zmicier Mazura desde que llegó a Vilna el pasado noviembre y se matriculó en el mismo programa de Derecho que Sapega. El joven de 21 años también pasó el año pasado 38 días en prisión por su activismo político contra Lukashenko. Cuenta que fue secuestrado por agentes de seguridad bielorrusos cuando se disponía a entrar en el metro en su Minsk natal a la salida de clase en la Universidad Estatal de Informática y Radioelectrónica, de la que acabó expulsado por ser uno de los organizadores del comité de huelgas de su facultad. Mazura dice sentir “enfado y tristeza” por la detención de su compañera Sapega quien, advierte, corre un serio peligro. “La situación es peor ahora que en noviembre. Ahora, gente que no es activista, que no ha hecho nada, está siendo condenada a varios años de prisión”, dice.
La Universidad emitió un comunicado nada más conocer la detención “injustificada” de Sapega exigiendo su “liberación inmediata” y pidió a las organizaciones internacionales que “ayudaran a liberar a Sofía”. Las autoridades bielorrusas acusan a la joven de haber difundido “datos personales” de miembros de la policía, un delito grave en la antigua república soviética que podría acarrearle hasta 15 años de cárcel. Su procesamiento ha quedado pospuesto este lunes. “No tiene sentido, es increíble, no hay posibilidad alguna de atribuirle esos cargos, sencillamente no pega con su personalidad”, afirma Milta, que asegura que en esta universidad tan pequeña todos se conocen. La define como una estudiante “muy disciplinada, muy centrada en sus estudios” y sin ambiciones políticas; que había acompañado a su novio a Atenas para descansar un poco antes de presentar su tesis, no con otra intención. La madre de la joven, Anna Dudich, dijo a la agencia Efe la semana pasada en Londres: “No entiendo por qué mi hija fue detenida. Simplemente está viviendo su vida como una joven normal. Estudia, se divierte y está enamorada. Nadie ha prohibido eso, ¿verdad? Sencillamente, no lo entiendo”.
Nadie en la UHE se atreve a aventurar cuándo Sofía Sapega podrá regresar a Vilna para graduarse. En un intento de animarse, el estudiante Zmicier Mazura se dice “100% confiado” en que el régimen de Lukashenko “no sobrevivirá” los cinco años que le quedan a él para lograr su título de abogado. En cuanto obtenga su diploma, asegura, regresará a Bielorrusia para “construir un nuevo país más democrático”. Su sueño es trabajar como letrado o asistente de la Fiscalía, para hacer que el sistema judicial bielorruso, ese que ahora atenaza a tantos jóvenes como Sapega o a su novio Protasevich “vuelva a ser más justo”.
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