Terroristas solitarios y adictos a las redes sociales: Francia afronta la creciente amenaza yihadista con una nueva ley
El Gobierno francés ha presentado este miércoles un nuevo proyecto de ley antiterrorista, el noveno desde que hace seis años comenzó la peor oleada de atentados yihadistas en el país, que busca —afirma el Ejecutivo— hacer frente a la evolución de la amenaza terrorista. Apunta para ello a los últimos ataques extremistas, incluido el asesinato a cuchilladas el pasado viernes de una funcionaria de la policía en una comisaría de Rambouillet, en las afueras de París, perpetrado por individuos solitarios y sin lazos evidentes con grupos islamistas, pero adictos a las redes sociales, que lograron sortear todos los radares de los servicios de inteligencia.
El Ejecutivo asegura que llevaba “meses” preparando el texto, que amplía la vigilancia por algoritmos y también el seguimiento tras la salida de prisión de los condenados por terrorismo, y subraya que no es una respuesta apresurada al atentado de Rambouillet. En cualquier caso, llega en momentos en que la oposición de derechas, campo en el que el presidente Emmanuel Macron busca afianzarse de cara a las presidenciales de 2022, cuestiona fuertemente la capacidad del mandatario de garantizar la seguridad ciudadana, un elemento clave para el electorado conservador.
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“La nueva ley es necesaria”, puesto que “la amenaza terrorista sigue siendo muy elevada y evoluciona tanto en sus relevos como en sus manifestaciones”, dijo el primer ministro, Jean Castex, al término del Consejo de Ministros en el que se aprobó el texto que todavía tendrá que pasar por el Parlamento. Desde el último ataque en Rambouillet a la brutal decapitación el pasado octubre del profesor de secundaria Samuel Paty, un atentado que sacudió profundamente al país, el patrón muestra unos atacantes “solitarios y cada vez más jóvenes, a menudo desconocidos de los servicios de inteligencia, que derivaron hacia una radicalización loca sin tener necesariamente vínculos con las redes terroristas constituidas”, recordó.
De ahí la necesidad, según Castex, de actualizar, mejorar o reforzar los dispositivos de los últimos años con una nueva ley que “se adapta a las nuevas amenazas menos fáciles de detectar y se apoya en las nuevas herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías”.
Vigilancia mediante inteligencia artificial
Uno de los puntos más controvertidos de la nueva ley es que hace permanente el uso de algoritmos en la vigilancia de sospechosos. La medida, que ha sido utilizada de forma experimental desde 2015, permite el tratamiento automatizado de datos de conexión a internet, con la intención de detectar potenciales amenazas terroristas. La nueva ley extiende su uso a las direcciones web (URL) y amplía la duración de la recopilación de datos informáticos a dos meses, en vez de uno como hasta ahora.
“Si hoy alguien busca cinco o seis veces un vídeo por ejemplo de una decapitación por el Estado Islámico, los servicios internos no pueden saberlo y seguir a esa persona”, explicó el ministro del Interior, Gérald Darmanin. Con la nueva ley, podrán obtener esa información y conocer la identidad de esa persona. Una vez dado ese paso, que requiere activar los protocolos y autorizaciones existentes, incluida la de una instancia independiente, se pasará a una vigilancia clásica, mediante escuchas, por ejemplo. El domingo, Darmanin recordó en el Journal du Dimanche que el asesino del profesor Paty, un joven de 18 años de origen checheno, pero criado en Francia, tenía contactos regulares con Siria que se escaparon a la vigilancia porque sucedían en el servicio de mensajería de Instagram. “La ley debe permitirnos ser más eficaces, reforzándonos en el terreno de la tecnología que utilizan los terroristas”, subrayó.
Sus detractores temen que la nueva ley abra la puerta a una vigilancia masiva de los ciudadanos en internet. Fuentes del Ejecutivo aseguran sin embargo que el texto es “muy ético” y “será compatible con la legislación europea” en materia de tratamiento de datos informáticos.
Seguimiento de terroristas que hayan cumplido su pena
La nueva ley también prevé nuevas medidas de control administrativo y judicial para algunos de los acusados de terrorismo que hayan cumplido su pena. Las medidas de control individual, como el arresto domiciliario, podrán ser prolongadas hasta dos años (hasta ahora era uno) para aquellos condenados a cinco años o más de prisión en firme. Además, aquellos que presenten una “peligrosidad particularmente elevada” de reincidencia, algo que deberán decidir las autoridades mediante un seguimiento antes de que concluya su pena, podrán ser sometidos a medidas judiciales determinadas, como la obligación de fijar su residencia en un lugar determinado o de respetar un seguimiento médico, por un espacio de hasta cinco años.
Según el Gobierno, los afectados son alrededor de un centenar de condenados que habrán cumplido su pena hasta 2023.
Cerco a las mezquitas y otras medidas
Finalmente, el proyecto de ley también prevé ampliar algunas medidas ya en marcha, como la posibilidad de clausurar lugares de culto si están vinculados de algún modo a actos terroristas. Además del cierre de mezquitas como hasta ahora, la normativa amplía esta orden a los locales “dependientes” de estas, para evitar que “esos lugares sean utilizados por las asociaciones que gestionan el lugar de culto (clausurado) con el objetivo de frustrar su cierre”, según fuentes oficiales. La nueva ley también podrá prohibir a una persona residir en un perímetro geográfico determinado de un lugar donde se produzcan eventos masivos susceptibles de ser objetivo de un atentado, como eventos deportivos o festivales de música, y permitirá que los prefectos y los servicios de inteligencia tengan acceso a la información de individuos bajo cuidados psiquiátricos que puedan representar una “amenaza grave” para el orden público debido a su radicalización.
El mensaje, según Castex, debe ser más claro que nunca: Francia “seguirá dotándose de todos los medios para luchar codo con codo contra el terrorismo islámico”, afirmó.
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