El número de ejecuciones por pena de muerte cae por quinto año consecutivo, según Amnistía Internacional
El número de ejecuciones por pena de muerte ha disminuido por quinto año consecutivo. Son los datos que aporta el informe anual de Amnistía Internacional sobre las condenas a muerte y ejecuciones en 2020, divulgado este martes. Al menos 483 personas fueron ejecutadas en 2020, la cifra más baja de la que la ONG ha tenido constancia en los últimos diez años. Cuatro países —Irán (al menos 246), Egipto (al menos 107), Irak (al menos 45) y Arabia Saudí (27)— fueron responsables del 88% del total de ejecuciones conocidas. El informe no cuenta con los números de China ya que el país clasifica los datos sobre la pena de muerte como secretos de Estado. Sin embargo, Amnistía cree que miles de ejecuciones han sido llevadas a cabo en el gigante asiático. Tampoco hay datos oficiales sobre Corea del Norte, Siria y Vietnam.
Las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional suponen una caída del 26% respecto a 2019, y del 70% desde el máximo de 1.634 ejecuciones alcanzado en 2015. La disminución del número de ejecuciones se debió a una reducción de la aplicación de la pena en algunos Estados que aún mantienen la condena a muerte para delitos comunes y, en menor medida, en algunas interrupciones de las ejecuciones por la crisis de la covid-19, según el informe.
Sin embargo, la pandemia no ha impedido del todo la aplicación de la pena capital. Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional ha declarado: “Mientras el mundo se centraba en encontrar maneras de proteger vidas frente a la covid-19, varios gobiernos mostraron una inquietante determinación de recurrir a la pena capital y ejecutar a personas a toda costa”. En algunos casos, como en China, la pena de muerte es uno de los castigos posibles para la ocultación de síntomas del coronavirus. Según recogió el diario oficial chino, Beijing Daily, un dictamen de un tribunal afirmó que “en los casos más extremos [de este delito], los culpables podrían ser sentenciados a diez años de prisión sin revisión, cadena perpetua o incluso la muerte”.
El número de condenas a muerte documentado por esta organización en todo el mundo (al menos 1.477) también disminuyó un 36% respecto a 2019. Amnistía Internacional registró disminuciones en 30 de los 54 países en los que se supo que se habían impuesto condenas a muerte. Las dos excepciones más destacables han sido Indonesia, donde las condenas a muerte registradas en 2020 (117) aumentaron un 46% respecto a 2019, y Zambia, que en 2020 impuso 119 condenas a muerte, 18 más que en 2019 y la cifra más alta registrada en el África subsahariana.
Para Carlos de las Heras, responsable de la campaña contra la pena de muerte en Amnistía Internacional España, hay algunos factores que explican y pueden ayudar a mantener esta tendencia de disminución en la aplicación de la pena de muerte en el mundo. “Muchos países”, afirma De las Heras, “se han dado cuenta de que llevar a cabo ejecuciones en nombre del Estado no es una solución para las altas tasas de criminalidad. En muchos lugares la opinión pública está cada vez más en contra de este castigo. Por fin, hay incluso una argumentación económica, ya que mantener prisioneros en los corredores de la muerte [aguardando procesos y recursos] ocasiona muchos gastos para los Estados”.
Los países que más ejecutaron en 2020
Sin tener en cuenta a China, cuyas estimaciones se obtienen a través de organizaciones de derechos humanos y periodistas en el país o especializados en él, pero no pueden ser verificadas de manera oficial, los cinco países que más ejecutaron en 2020 han sido, en este orden, Irán, Egipto, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos.
En contra de la tendencia de disminución en la aplicación de las penas capitales, Egipto ha triplicado el número de ejecuciones con relación a 2019. Según el informe de Amnistía Internacional, “al menos 23 de las personas ejecutadas habían sido condenadas a muerte en relación con casos de violencia política tras juicios manifiestamente injustos, empañados por confesiones forzadas y otras violaciones graves de derechos humanos, como tortura y desaparición forzada”. Para De las Heras, el caso de Egipto puede ser explicado por el uso de la pena de muerte como instrumento de persecución a opositores políticos. El portavoz de Amnistía Internacional afirma que esta estrategia también está presente en otros países como Irán y Arabia Saudí.
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El informe resalta que en julio del pasado año, el Gobierno del entonces presidente de EE UU Donald Trump llevó a cabo la primera ejecución federal en 17 años —la revisión de los protocolos desde 2014 hizo que este tipo ejecuciones sufrieron una moratoria—. A esta le siguieron otras nueve en un intervalo de menos de seis meses. Además, cinco Estados norteamericanos ejecutaron a un total de siete personas. El saldo final ha sido de 17 personas ejecutadas en el país.
Abolición de la condena a muerte
Para Agnès Callamard, sin embargo, “la imagen general de 2020 fue positiva”. “Chad abolió la pena de muerte, al igual que el estado estadounidense de Colorado, y el número de ejecuciones de que se tuvo noticia siguió disminuyendo, lo que situó al mundo más cerca de relegar a los libros de historia este exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante”, ha manifestado Callamard en la presentación del informe.
La secretaria general de Amnistía Internacional cree que con 123 Estados —más que nunca hasta el momento— apoyando la petición de la Asamblea General de la ONU de que se dicte una moratoria de las ejecuciones, crece la presión sobre los que se mantienen al margen para que sigan el ejemplo. Según el informe, más de dos tercios de los países del mundo ya han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica (144). 55 países aún la mantienen.
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