El Gobierno de Bolsonaro niega la indemnización a las víctimas de la dictadura
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Brasil restauró la democracia en 1985 sin saldar cuentas con la historia y la memoria de las víctimas del régimen militar de 21 años. A diferencia de países como Argentina o Chile, que llevaron a sus verdugos al banquillo de los acusados antes de pasar la página, el país se conformó con la Ley de Amnistía, firmada en 1979 por el general João Batista Figueiredo, quien presidia Brasil. La ley “perdonaba” a militantes de izquierda, así como a militares acusados de delitos. En 2002, durante el Gobierno Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Social Democracia Brasileña – PSDB), se dio otra pequeña victoria para quienes sufrieron los abusos de los militares, con la creación del régimen de amnistía política. El sistema indemniza a quienes sufrieron persecuciones y torturas por parte del Estado durante la dictadura militar. La expresidenta Dilma Rousseff, por ejemplo, es una de las que hoy aboga por este beneficio después de pasar dos años bajo tortura en prisión durante el régimen militar.
Pero después de casi 20 años, bajo un Gobierno entusiasmado con la dictadura, los beneficios de remediar la memoria están amenazados. Hubo una caída exponencial en el otorgamiento de solicitudes de amnistía y un endurecimiento de las reglas para solicitar el beneficio durante el Gobierno de Jair Bolsonaro (sin partido). Solo se ha concedido el 10% de los pedidos realizados hasta el momento. La caída en las aprobaciones viene desde el Gobierno de Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño – MDB), cuando se aprobaron el 13% de las solicitudes.
El estado de amnistiado político se otorga a las personas que han sido perseguidas por órganos o personas vinculadas al Estado brasileño entre 1946 y 1988. La mayoría de las personas reconocidas como amnistiadas fueron objeto de persecución durante la dictadura entre 1964 y 1985. “Desde la administración de Temer, el Estado brasileño ni siquiera pide más perdón a quienes la Comisión de Amnistía entiende que tiene que recibir reparaciones”, dice la profesora de derecho de la Universidad de Brasilia (UnB), Eneá Stutz e Almeida, asesora de la comisión entre 2009 y 2018. El pedido de disculpas fue un importante gesto simbólico, en el que, tras analizar a fondo los procesos en los que los solicitantes pidieron la amnistía y valorar que la solicitud era justa, los miembros del Consejo de la Comisión de Amnistía anunciaban: “En nombre del Estado brasileño pedimos perdón”.
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Desde 2016, algunos consejeros han comenzado a insultar a quienes solicitan el reconocimiento de que fueron perseguidos por la dictadura, dice la investigadora Stutz e Almeida. La declaración está avalada por otros testigos. “En una de las sesiones, un consejero militar dijo que los amnistiados eran terroristas. Me dio rabia y dije que los militares eran pervertidos porque tenían el placer de dar descargas eléctricas en los testículos o los pezones de los presos y presas, como hicieron con mi padre”, cuenta Rosa Cimiana, de 61 años, que es funcionaria pública. El padre de Rosa, Arthur Pereira da Silva, era dirigente sindical del sector ferroviario y miembro del Partido Comunista en Rio Grande do Sul. Fueron credenciales suficientes en esos años de plomo, para que se le revocaran sus 23 años de derechos laborales. Fue detenido en 1964, junto con otros diez compañeros. Algunos de ellos han perdido sus derechos políticos.
Cuando fue liberado, Silva pasó a vivir en la clandestinidad porque todavía estaba siendo perseguido. Incluso, envió a sus hijos temporalmente a Argentina para fingir que se había ido del país, pero se mudó con su esposa a Goiânia y, más tarde, a Brasilia.
Fue en 1979, cuando Rosa, entonces de 20 años, tuvo la alegría de presenciar el primer paso para que se reconociera la memoria de su padre. En octubre de ese año, con la ayuda del entonces diputado Ulysses Guimarães (MDB), logró ingresar a la Cámara, por primera vez, para acompañar la sesión que aprobó la Ley de Amnistía. Desde entonces, se ha convertido en militante de la causa y ha sido testigo de todos los movimientos que se siguieron sobre las familias afectadas por el régimen militar. Sintió mucha felicidad cuando, en 2003, su padre fue amnistiado oficialmente, 21 años después de su muerte. También estaba presente cuando los gobiernos Lula da Silva y Dilma Rousseff (ambos del Parido de los Trabajadores – PT) reconocieron a 40.548 personas como perseguidas políticamente, aproximadamente el 62% de las solicitudes de amnistía presentadas fueron aprobadas en ese período.
Debilitar los mecanismos estatales
Ahora, el Gobierno del ex capitán del Ejército está dando grandes pasos en su intento de reescribir la historia, de negar la existencia de una dictadura que utilizó la persecución política y la tortura, aunque muchos todavía luchan por que sus familiares asesinados en ese momento sean reconocidos como víctimas del Estado. El objetivo, según informaron interlocutores del Gobierno, es para fines de 2022 extinguir la Comisión de Amnistía, que es el órgano colegiado encargado de examinar la documentación de todas las solicitudes de reparación histórica realizadas por los políticos perseguidos. “Es un revisionismo histórico que no puede producirse. Pero no podía esperarse nada diferente de quienes han defendido al torturador de la dictadura militar en discursos públicos”, reflexionó Diva Santana, del Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia.
Ya se han dado los primeros pasos. Inicialmente, Bolsonaro eliminó la comisión del Ministerio de Justicia y la transfirió en 2019 al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. Así, la dejó al mando de la representante del ala ideológica del Gobierno, la pastora y abogada Damares Alves. Este órgano colegiado tiene carácter consultivo y la decisión final sobre quién debe o no recibir las reparaciones económicas recae en la ministra.
Como uno de sus primeros actos, Damares decidió que, entre los 27 miembros de la comisión, siete serían militares o tendrían algún vínculo directo con la familia Bolsonaro. Entre ellos, el actual presidente de la comisión, el abogado João Henrique Nascimento de Freitas, quien ya asesoró a Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) cuando era diputado del estado de Rio y actualmente es asistente-jefe adjunto en la oficina del vicepresidente Hamilton Mourao ( Partido Renovador Laborista Brasileño- PRTB). También ya ha sido abogado del presidente Bolsonaro.
En su actuación independiente de la familia Bolsonaro, Freitas fue autor de polémicas solicitudes que involucraban a amnistiados. Fue él quien pidió y obtuvo en los tribunales mediante una acción popular la suspensión del pago de la pensión a la viuda del guerrillero de izquierda y anti régimen militar, Carlos Lamarca (1937-1971), así como el del veto a las reparaciones otorgadas a 44 campesinos torturados en la Guerrilha do Araguaia (1967-1974). Buscado por el reportaje, no habló. Tampoco lo ha hecho el ministerio, a pesar de haber pedido más tiempo para recolectar los datos solicitados.
“En ningún momento la comisión actual admite que hubo una dictadura. En las composiciones anteriores no era así. Hubo desacuerdo entre los consejeros, pero incluso los militares reconocieron el régimen de excepción”, dijo la profesora Stutz e Almeida, quien el pasado 31 de marzo, lanzó el libro “Justiça de Transição e Democracia”, obra que también aborda la amnistía.
Desde el inicio de la administración de Bolsonaro, la ministra Damares Alves ha firmado 3.572 ordenanzas relacionadas con las amnistías. Ha rechazado la solicitud de 2.402 (65%) solicitantes, ha otorgado 363 (1,3%) y ha anulado 807 (33%) amnistías que ya habían sido otorgadas en otros gobiernos. Las anulaciones son las que más preocupan a los activistas. Varios de los afectados son ancianos, mayores de 75 años, quienes a menudo tienen como principal fuente e ingreso las cuotas mensuales que reciben de la Unión, los valores son bastante variables, de entre 135 reales a 22.000 reales. “Estamos viviendo un momento de pérdida de derechos. Primero fueron los laborales, luego los de seguridad social, ahora ni siquiera se respeta la memoria”, dice el abogado Humberto Falrene, que trabaja en casos de amnistías.
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