La imputación a Sergio Fajardo vuelve a poner en tela de juicio a la Fiscalía de Colombia
La fiscalía ha sacudido la incipiente campaña presidencial de Colombia cuando apenas está por arrancar. Uno de los aspirantes mejor posicionados para las elecciones del 2022, el exalcalde de Medellín Sergio Fajardo, deberá responder ante la justicia por la primera imputación penal de su carrera pública debido a supuestas irregularidades al contratar un préstamo en dólares hace ocho años, cuando era gobernador del departamento de Antioquia entre 2012 y 2015.
El ente investigador encabezado por Francisco Barbosa, un amigo íntimo del presidente Iván Duque, acusa a Fajardo de los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Argumenta que, según sus análisis, el entonces gobernador no realizó un estudio sobre la necesidad de hacer esa operación en moneda extranjera y no en pesos, no proyectó la volatilidad del dólar ni adquirió un seguro de riesgo cambiario. Por la devaluación del peso y la fluctuación del dólar, según la Fiscalía, se produjo un detrimento fiscal estimado a corte de 2020 en 320.000 millones de pesos (unos 85 millones de dólares).
Fajardo, un matemático vinculado a la transformación de Medellín como alcalde y después como gobernador de Antioquia, se forjó en movimientos ciudadanos como una figura independiente de los partidos, ha cultivado el centro del espectro político y apoyó el acuerdo de paz sellado hace cuatro años con la guerrilla de las FARC. En medio de la polarización que ha caracterizado a Colombia desde los diálogos de La Habana, no es una figura que despierte consensos. Ha sido blanco de críticas tanto desde la izquierda como desde los sectores más conservadores congregados en torno al Centro Democrático, el partido de Gobierno fundado por el expresidente Álvaro Uribe, el mentor político de Duque.
Sin embargo, la imputación fue ampliamente interpretada como una decisión tardía y despertó una oleada de solidaridad. La argumentación jurídica fue rechazada por políticos de diversas tendencias ideológicas, pero también por sectores económicos y por abogados penalistas. Diversas voces cuestionan la credibilidad e independencia de la Fiscalía, justamente en vísperas de una audiencia en la que, el próximo martes, debe sustentar su decisión de cerrar la investigación contra el expresidente Uribe por un caso de manipulación de testigos en el que las víctimas se han quejado de falta de garantías.
Barbosa, un abogado de 46 años reconocido por su cercanía con Duque desde que estudiaron juntos en la Universidad Sergio Arboleda, fue elegido en enero de 2020 por la Corte Suprema de Justicia como fiscal general a pesar de no contar con credenciales en derecho penal. Venía de desempeñarse como consejero presidencial para los derechos humanos, un cargo en el que fue cuestionado por su manejo impreciso de las cifras sobre asesinatos de líderes sociales.
Su Fiscalía ha estado rodeada de controversias como la actuación en el caso Uribe, una indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, o la detención del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. La imputación contra Fajardo se produce en medio de una creciente sensación de que la división de poderes está en riesgo. El Ejecutivo ha logrado instalar a la cabeza de los organismos de control a personas muy cercanas a Duque o al uribismo desde el año pasado, lo que ha reavivado discusiones sobre el equilibrio de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, los méritos de los funcionarios o la independencia de distintas entidades. Los principales reparos han estado dirigidos contra Barbosa y la procuradora general, la exministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, que asumió este año.
Rechazo generalizado
“Pedir créditos en dólares es una práctica bastante común y tiene una justificación muy simple, pues en dólares los intereses son más baratos”, explica el consultor y analista político Andrés Mejía Vergnaud. Exigir proyecciones sobre su comportamiento “equivale a ver el futuro, adivinación, futurología, cartomancia o bola de cristal”, afirma para ilustrar que la frecuencia estadística de equivocación de las proyecciones sobre el precio del dólar es muy alta. “No existe ninguna posibilidad de anticipar el desarrollo futuro de una variable financiera”, añade, y las coberturas cambiarias son supremamente costosas en el entorno colombiano. “Desde la realidad del mercado financiero los cargos de la Fiscalía carecen de toda lógica, que es lo que lleva a preguntarse si detrás de eso hay una motivación política”, valora sobre la avalancha de cuestionamientos.
“No suena razonable imputar cargos a un funcionario público porque no supo hacia adónde iba el dólar”, señala Bruce MacMaster, presidente de la asociación nacional de empresarios, ANDI. “Muy grave que la Fiscalía General de la Nación pretenda volver un delito los movimientos no anticipados del precio del dólar”, coincidió Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, un centro de investigaciones económicas. “Es una participación directa de la Fiscalía en el proceso electoral”, apuntó el penalista Francisco Bernate.
Fajardo, que se ubicó tercero en la primera vuelta de las presidenciales de 2018, por detrás de Duque y del candidato de izquierda Gustavo Petro, está volcado a forjar la Coalición de la Esperanza, que reúne a distintas fuerzas en el centro del espectro político. “Como demócratas respetamos la institucionalidad, pero la decisión de la Fiscalía contra Fajardo es absurda, sin precedentes, interferencia en plena campaña política. Estamos seguros de que demostrará la transparencia de sus actuaciones”, manifestaron los otros miembros –que incluyen al exnegociador de paz Humberto de la Calle o la congresista Ángela María Robledo– en un mensaje conjunto. “No solo un exabrupto y un atentado al sentido común, sino también una desviación de la justicia, una forma peligrosa de intimidación”, abundó Alejandro Gaviria, el rector de la Universidad de Los Andes que ha descartado lanzar su candidatura.
“No suena bien que a meses de una elección presidencial la Fiscalía meta mano”, destacó Petro, que ha sido muy crítico de Fajardo en el pasado y busca forjar su propia coalición. En las antípodas ideológicas, incluso miembros del Centro Democrático rechazaron lo que calificaron como “judicialización de la política”, en palabras de la senadora Paloma Valencia o el aspirante presidencial Rafael Nieto.
En medio de la tormenta, el exalcalde de Medellín ha evitado declararse un perseguido político. “Pongo, con dificultad, la serenidad y la prudencia por delante y me ayudo con los mensajes de apoyo que me brindan”, escribió este jueves en un mensaje de su puño y letra: “La verdad y la decencia siempre salen adelante aunque a veces se demoren, o las enreden”. Fue su segunda declaración desde que se conoció la noticia. En la primera, anticipó que pedirá formalmente al fiscal Barbosa que “presida un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia de esta imputación”.
Dado que Fajardo es aforado, la imputación debe presentarse ante el Tribunal Superior de Bogotá y luego la Corte Suprema de Justicia definirá los méritos en un proceso que puede tardar años. Pero hay antecedentes recientes de comités que han tumbado acusaciones –como ocurrió con la informante en un caso de censura en el sistema de medios públicos–. “La Fiscalía ha demostrado que cuando hay una enorme oposición a sus imputaciones es capaz de recular y echar para atrás su aparato judicial. Es probable que debido a la oleada de críticas que le ha merecido la movida al ser antitécnica y con un evidente doble racero frente a actuaciones similares de otros organizadores del gasto público, pueda suceder lo mismo en este episodio”, apunta el analista Sergio Guzmán, director de la consultora Colombia Risk Analysis. “Esto no le sirve a la reputación pública de la Fiscalía o la del aparato judicial en general, que ha venido erosionando su credibilidad por sus actuaciones contra políticos de alto perfil y su falta de acción en otros casos”, advierte.
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