Ministerio Público no descarta interrogar a más personas por muerte de esposos evangélicos

La procuradora fiscal de la provincia San Cristóbal, Fátima Sánchez, dijo esta la noche de este Jueves Santo que todavía la investigación en torno a la muerte de una pareja de esposos a manos de policías no ha concluido y que por esa razón no se descarta que más personas sean llamadas para interrogarles.

La procuradora fiscal dijo que, por la etapa sensible de la investigación, no puede dar detalles de las declaraciones ofrecidas por los agentes en el interrogatorio a que fueron sometidos hoy y que se trabaja casi 24 horas corridas para esclarecer este caso y llegar hasta las últimas consecuencias.

Este viernes a las 11:00 de la mañana le será conocida la medida de coerción a los seis agentes Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Juzgado de la Instrucción del municipio sancristobalense de Villa Altagracia.

La fiscal dijo que están solicitando un año de prisión preventiva como medida de coerción y la declaratoria de caso complejo y que la misma sea cumplida en una cárcel distinta a Najayo, que ofrezca más seguridad.

Los miembros policiales involucrados en el caso son: el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, los rasos Anthony Castro Pérez y Juan Manuel Ogando Solís.

Los integrantes de la patrulla policial son procesados por la muerte de Elisa Muñoz Marte, de 32 años de edad, y su esposo Joel Eusebio Díaz Ferrer, así como por provocarle heridas al joven Claudio Alberto Ramírez Lamais, de 29 años.

El Ministerio Público le ha otorgado al este hecho la calificación jurídica provisional de violación los artículos 295, 296, 297 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano; artículo 66 de la Ley 631-16 (Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados), en perjuicio de las víctimas Joel Eusebio Díaz Ferrer y Eliza Muñoz Marte.

También, los artículos 2, 295, 296, 297 298, 304, 265, 266 y 184; artículo 66 de la Ley 631-16 en perjuicio de Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, sobrevivientes al hecho.

El órgano de justicia dijo en una nota de prensa que cuenta con suficientes evidencias testimoniales, documentales y materiales que vinculan a los imputados al hecho criminal.

Indicó que los procesados no ofrecen garantías para presentarse a los actos del procedimiento y someterse a los mismos, en razón de la gravedad de los hechos imputados y de que carecen de un arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, por lo que la medida idónea a imponer en este caso es la prisión preventiva.

La Fiscalía de Villa Altagracia sometió este jueves la solicitud de medidas de coerción contra los agentes, y en ella pide un año de prisión preventiva y que se declare el caso complejo.