Abusos policiales y falta de independencia judicial: críticas de USA a Dominicana

El Departamento de Estado de los Estados Unidos continuó sus críticas al Estado dominicano en materia de derechos humanos, especialmente en lo referente a la independencia de los actores del sistema de justicia, abusos policiales, ejecuciones extrajudiciales, reconocimiento de nacionalidad, interferencia arbitraria o ilegal de la privacidad, la familia, el hogar o la correspondencia.

En el informe similar a otros emitidos con anterioridad pero con la diferencia de que el 2020 estuvo marcado por la crisis sanitaria creada por el coronavirus, el Departamento de Estado explicó que contrario a años anteriores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no informó de estadísticas detalladas sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional, sin embargo, destacó varios “incidentes preocupantes de personas muertas o heridas por la policía por aparentes violaciones del toque de queda”.

Aunque la mayoría de las críticas corresponden a acciones ocurridas en la administración del expresidente de la República, Danilo Medina, el organismo del Gobierno norteamericano dedicó también espacio para resaltar aspecto que fueron cuestionados en la administración que comenzó el 16 de agosto de 2020 con Luis Abinader a la cabeza.

Destacan que aunque la ley prohíbe la tortura, los golpes y los abusos físicos, se recibieron informes de que los miembros de las fuerzas de seguridad, principalmente la policía, llevaban a cabo estas prácticas.

“En mayo, las trabajadoras sexuales de Santo Domingo informaron a los medios de comunicación de que los agentes de policía las golpeaban sistemáticamente cuando intentaban trabajar, en violación de las prohibiciones establecidas por el COVID-19”, señalan.

Al igual que lo referente a los maltratos y abusos de las autoridades civiles y militares, las condiciones de hacinamiento y trato inhumano de los privados de libertad en las cárceles tradicionales y centros de detención de migrantes en condición irregular, también volvió a ser cuestionado por Estados Unidos.

Describe que los meses previos a las elecciones presidenciales de julio, grupos de derechos humanos, políticos de la oposición y periodistas críticos con el gobierno, denunciaron que el gobierno de Medina utilizó escuchas telefónicas no autorizadas, vigiló el correo electrónico privado y utilizó otros métodos subrepticios para interferir en la vida privada de personas y familias.

“El gobierno de Medina lo negó. Los partidos políticos de la oposición alegaron que funcionarios del gobierno de Medina amenazaron en ocasiones a sus subordinados con la pérdida de su empleo u ofrecieron beneficios para obligarles a apoyar a los candidatos del Partido de la Liberación Dominicana”, refiere.

Destaca que en julio, el gobierno saliente aprobó la naturalización de 750 personas, la mayoría de las cuales eran menores de edad, que fueron despojadas de su ciudadanía por la sentencia del Tribunal Constitucional del 2013 y que fueron conocidas como Grupo B. Son los primeros en ser nacionalizados desde que se promulgó la Ley 169-14 que crea el régimen especial de naturalización que beneficiaría a los más de 100 mil afectados por el fallo de la alta corte.

“Las personas nacidas en la República Dominicana sin ciudadanía o documentos de identidad enfrentaron obstáculos para viajar tanto dentro como fuera del país. A partir del 2015, las autoridades intentaron deportar a algunas de estas personas, pero la intervención de la agencia de la ONU lo impidió”, enfatiza.