El conflicto entre el Ejército venezolano y grupos armados se recrudece en la frontera con Colombia

La frontera de Venezuela con Colombia, en la región del Alto Apure, es una zona de guerra. La violencia se recrudece cuando se cumple una semana de combates entre militares de la Fuerza Armada Bolivariana y grupos irregulares colombianos, compuestos de presuntos integrantes de las disidencias de la ex guerrilla de las FARC. Desde Colombia, vecinos desplazados de pueblos fronterizos como La Victoria y El Ripial han denunciado robos en viviendas por parte de funcionarios de seguridad y el ajusticiamiento de cuatro miembros de una familia de campesinos. En videos que han circulado por redes estos días se observan aviones de combate sobrevolando la zona, despliegue de vehículos militares e instalaciones destruidas por explosiones.

El Gobierno venezolano ha desplegado toda su fuerza militar en la zona, junto con comisiones de las Fuerzas de Actuaciones Especiales de la Policía Bolivariana, cuerpo de seguridad señalado del asesinato de la familia de campesinos. La corporación acumula un expediente de abusos y ejecuciones extrajudiciales que llevaron en 2019 a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a exhortar al gobierno de Maduro a disolverla.

En una grabación que se ha difundido por redes sociales estos días, Raiza Remolina, sobrina de los campesinos asesinados, relata a un periodista local que sus familiares fueron sacados el jueves de sus casas, ubicadas en el sector 5 de julio de La Victoria, del lado venezolano de la frontera, cuando hacían revisiones en el sector, supuestamente buscando guerrilleros. “A mis familiares se los llevaron y aparecieron en El Ripial, un poco más lejos de donde ellos eran. Aparecieron tirados en el campo, uniformados con lo que usan los grupos irregulares. A mi primo le amarraron un pantalón, le pusieron botas y un arma a su lado. A mi tía le colocaron unas botas de guerrillera. A su esposo también y a su cuñado”, aseguró la joven en el video.

Otros testimonios recopilados por la diputada de la Asamblea Nacional de 2015, Delsa Solórzano y FundaRedes —ONG que ha documentado la incursión de grupos irregulares en la frontera—, además de fotos difundidas en redes sociales de los cuerpos de los campesinos, con armas de fuego y una granada cerca de las manos, parecen confirmar el relato. Emir Remolina, hijo de las víctimas, contó en una de las grabaciones que su madre, Luz Remolina, era ama de casa y su padre, Emilio Ramírez Villamizar, trabajaba en una finca. Su hermano y su tío, también asesinados, no tenían ninguna ocupación. Se enteró de lo ocurrido cuando a través de grupos de Whatsapp de vecinos de la zona corrió la foto de los cadáveres.

Después de tres días de espera, este lunes fueron enterrados los cuerpos de la familia Ramírez Remolina en Arauquita, ya en Colombia. El domingo, vecinos de La Victoria y familiares desplazados hicieron una vigilia de protesta. Iban por las calles del municipio con velas, banderas blancas y pancartas con mensajes como “Queremos volver a nuestros hogares”, “Queremos paz y tranquilidad”, “Justicia para la familia Ramírez Remolina”. El conflicto, sin embargo, no se ha detenido. En la madrugada de este lunes ocurrió un nuevo ataque con explosivos contra un puesto militar venezolano, según reportes de FundaRedes, una ONG que ha documentado la presencia de grupos irregulares en la frontera colombo-venezolana y está brindando apoyo a las víctimas de Apure.

Ante los hechos, el fiscal venezolano, Tarek William Saab, anunció el envío a la zona de un equipo de expertos de la Dirección General de Defensa de los Derechos Humanos y de la Unidad Criminalística del Ministerio Público para apoyar en las investigaciones. “En caso de encontrarse evidencia de la comisión de hechos punibles cometidos por funcionarios de seguridad del Estado, se procederá a dar inicio a la investigación y sanción correspondiente”, escribió en su cuenta de Twitter el sábado.

El conflicto en el Apure ha encendido por enésima vez la narrativa de la guerra por parte del chavismo. En un comunicado, el jefe de política exterior del Gobierno de Maduro, Jorge Arreaza, culpó del episodio a la Cancillería colombiana, que esta semana expresó su preocupación por los enfrentamientos en territorio venezolano y el desplazamiento de personas que han generado. “Es un hecho comprobado el abandono de las fronteras por parte del Estado colombiano, otorgando un consentimiento más que tácito a las actuaciones de diversos grupos criminales que operan en la zona”, señala el texto de Arreaza, que además asegura que el presidente Iván Duque, con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos, “han instalado un corredor de actividades ilegales como el tráfico de personas, la explotación ilegal de minerales y el narcotráfico, destinado a financiar la instrumentalización de estos grupos armados contra Venezuela”. Y agrega: “Al verse derrotados, estos grupos armados han usado a la población como escudo humano para huir a Colombia, donde no son perseguidos”.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, también dio declaraciones este sábado en el mismo sentido. “Las incursiones en el espacio geográfico venezolano debe considerarse como una agresión auspiciada por Iván Duque”, señaló en una rueda de prensa. “Hemos visto cómo desde Whatsapp los subversivos, los irregulares y los terroristas han causado psicoterror a la población”, aseguró. El funcionario dio el parte de las operaciones: “seis terroristas neutralizados, veintisiete sospechosos puestos a orden del Tribunal Militar 14 de Control, otros doce detenidos el día de ayer y el decomiso de armamento, granadas, municiones, explosivos, prendas militares, vehículos, drogas y equipos tecnológicos con información relativa a sus actividades”. Mientras, en unos 15 refugios en la población de Arauquito, un municipio fronterizo colombiano, han llegado más de 3.000 personas, entre colombianos y venezolanos desplazados luego de los enfrentamientos que comenzaron el domingo pasado.

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