Chile pone a prueba su institucionalidad con la postergación de sus elecciones por la covid-19
A dos semanas de las elecciones múltiples en Chile para elegir a las autoridades municipales, gobernadores y los 155 constituyentes que redactarán la nueva Constitución, el Gobierno de Sebastián Piñera anunció la postergación de los comicios debido a la ola de contagios de la covid-19, que llega a niveles inéditos en toda la pandemia. Programados para el fin de semana del 10 y 11 de abril, el Ejecutivo chileno presentará una reforma constitucional para que se lleven a cabo el 15 y 16 de mayo, la que necesita de los votos de dos tercios del Parlamento. La oposición, sin embargo, anunció que exigirá al Ejecutivo nuevas medidas sanitarias y de ayuda económica a cambio de respaldar la medida en el Congreso.
“Si bien, como tantas otras, esta ha sido una decisión muy difícil, debemos tomarla y tenemos la plena convicción que es lo mejor para Chile y los chilenos”, explicó Piñera la noche del domingo, el primer fin de semana de confinamiento estricto para casi el 80% de la población. El Gobierno ha dado un paso político complejo, pero empujado por las graves cifras de infectados y con apenas 146 camas de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) disponibles en todo el país. Han sido justamente los médicos los que han pedido el aplazamiento, como el consejo asesor del ministerio de Salud, profesionales cercanos al Ejecutivo (como el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich) y el Colegio Médico.
“Atravesamos un momento sumamente complejo, al borde del colapso de nuestra capacidad asistencial. Llevamos más de 30.000 fallecidos, 50.000 casos activos, más de siete mil casos nuevos diariamente en los últimos días”, explicó este lunes la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en una sesión del Congreso para tratar la postergación de las elecciones. “Como comunidad médica estamos muy preocupados de vernos superados. Ya se están usando algunas unidades pediátricas, se están preparando los pabellones para recibir a pacientes con ventilación mecánica. Si somos superados, la mortalidad por covid-19 aumenta más de tres veces”, agregó la médico.
El Gobierno ha detallado este lunes su reforma constitucional para aplazar las elecciones. De acuerdo con el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, se suspenderá la campaña apenas se promulgue la reforma, y se retomará el 13 de abril. Los días restantes de la franja televisiva se postergarán, el padrón de votantes no se podrá modificar, no pueden inscribirse nuevas candidaturas y no se permitirá mayor financiamiento. “Nuestra meta es que antes de las elecciones de los días 15 y 16 de mayo haya 9,3 millones de personas vacunadas, es decir, los mayores de 40 años con una dosis y 7,3 mayores de 50 años con dos dosis”, agregó el ministro Ossa ante el Congreso. De acuerdo al ministro de Salud, Enrique Paris, “nadie puede asegurar que el 14 o 15 de mayo haya un cambio significativo, pero se observa una tendencia a la disminución”.
De acuerdo a una encuesta de la empresa Cadem, un 73% de los chilenos piensa que las elecciones deberían postergarse debido a la crisis sanitaria y la disposición a votar cayó a un 52%. Es una decisión compleja que pondrá a prueba la institucionalidad chilena. Si el Congreso respalda finalmente la reforma del Gobierno, como parece previsible dada la demanda ciudadana, el Estado deberá enfrentar consecuencias en diferentes direcciones para no enturbiar un proceso electoral donde Chile tiene mucho en juego. De partida, esta es la segunda vez que se aplazan las elecciones de las autoridades municipales –alcaldes y concejales–, de las que dependen tanto la salud como la educación pública. Deberían haberse celebrado el 25 de octubre de 2020, pero fueron pospuestas por la pandemia. Actualmente, los municipios están a cargo de autoridades interinas, porque tanto los alcaldes como los concejales han renunciado para sus respectivas campañas.
Para Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con el cambio de fechas de las elecciones se deben promover altos niveles de participación ciudadana, evitar distorsiones que afecten la igualdad en la competencia y los derechos de participación (como fiscalizar el gasto electoral) y atender todas las potenciales consecuencias legales y normativas que conlleva cambiar la fecha de esta elección, entre otros asuntos. “Es necesario poner especial cuidado con el proceso constituyente que resultó como una respuesta institucional a una crisis social y política inédita en Chile, que representa una enorme oportunidad para reconectar a la ciudadanía con la democracia representativa y sus instituciones”, dijo Ríos. La socióloga sostuvo ante el Congreso que en América Latina no se han pospuesto elecciones en 2021.
Uno de los principales problemas que se advierten desde el mundo político apunta a los riesgos para la legitimidad del proceso constituyente. El cambio de la Constitución de 1980, redactada en la dictadura de Augusto Pinochet, fue la salida que encontró la clase política para encauzar institucionalmente las revueltas sociales de 2019. El plebiscito de entrada fue pospuesto ya una vez por la crisis de la covid-19, de abril a octubre de 2020, donde finalmente ganó ampliamente la opción de cambiar la Constitución (por 78,2% contra 21,7%). Se alcanzó un 50,9% de participación pese a la crisis sanitaria, levemente mejor que en todas las elecciones realizadas desde 2012, cuando comenzó a regir el voto voluntario. No se detectó un aumento de los contagios y, por el contrario, las elecciones fueron catalogadas de “impecables”, porque se desplegaron protocolos estrictos que funcionaron. Pero el camino constituyente ha sido complejo, con campañas enrarecidas por la pandemia y dificultades para los candidatos independientes que postulan por fuera de los partidos. Aunque existen altas expectativas ciudadanas, se trata todavía de una apuesta, porque todavía sobrevuela en Chile el fantasma del descontento.
El movimiento del calendario involucrará alterar parte del tren de comicios de 2021. La segunda vuelta de las elecciones de gobernadores –la primera elección democrática de estas autoridades, que eran designadas por el Ejecutivo–, debía realizarse el domingo 9 de mayo. Piñera ha anunciado que se celebrarían el 4 de julio, junto con las primarias presidenciales. Las elecciones parlamentarias y presidenciales se mantendrán para el 21 de noviembre.
El Gobierno había tomado medidas con miras a estas elecciones de abril, como su realización durante dos jornadas, algo inédito en América Latina, según explica Daniel Zovatto, director regional de IDEA Internacional, una organización intergubernamental que ha analizado la realización de las elecciones en contexto de pandemia. Pero no ha sido suficiente, dado el nuevo contexto sanitario. Aunque Chile, con menos de 20 millones de habitantes, ya ha vacunado a casi 6,4 millones de personas (3,2 con ambas dosis), enfrenta uno de los peores momentos de la pandemia. De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Salud este lunes, nuevamente se han sobrepasado los 7.000 casos diarios de infectados, como no sucedió en la primera ola (7.247 nuevos enfermos, con récord de exámenes PCR, que rozan los 80.000 en las últimas 24 horas). De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la crisis en Chile muestra que la vacunación no sustituye la prevención.
Para Zovatto, “en estas condiciones la medida más acertada es posponer las elecciones”. “Lo conveniente sería que la decisión cuente con un amplio consenso de parte de todos los actores relevantes y que venga acompañada de todas las medidas que –además de abordar las cuestiones atinentes a cada una de las cuatro elecciones– garanticen el principio de equidad en la competencia electoral, incluida la posibilidad de establecer un congelamiento total de las campañas, para asegurar que ningún partido o candidatura obtenga una ventaja indebida de esta decisión”, explica el politólogo.
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