Miles de venezolanos huyen de los combates en la frontera con Colombia
La frontera sur de Venezuela con Colombia es zona de conflicto. El fin de semana pasado, militares venezolanos se enfrentaron a grupos irregulares armados de Colombia en el sector La Coromoto, en el Estado de Apure, a 800 kilómetros de Caracas, informaron las autoridades. Luego del asesinato de dos militares venezolanos y la captura de un grupo de supuestos irregulares, los combates han escalado. Más de 3.000 venezolanos huyeron de la violencia y cruzaron hacia pequeños pueblos colombianos ubicados al otro lado del límite internacional.
El ministerio de Defensa de Venezuela informó de que el domingo murieron el mayor Edward Cobo Segovia y el primer teniente Yonathan Duarte, ambos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Además, 11 soldados resultaron heridos. El parte oficial agrega que durante los operativos fue “neutralizado” el cabecilla del grupo atacante, al que identificaron como alias El Nando, sin precisar si fue muerto o apresado. 32 personas terminaron presas y se destruyeron 6 campamentos en los que encontraron “armamento, municiones, pertrechos de guerra, explosivos y vehículos”.
La noche del martes, se produjo un nuevo enfrentamiento en el sector vecino de La Victoria. Un puesto de control de miliar y la aduana de Apure recibieron una carga de explosivos. En un comunicado difundido el lunes, la FANB señaló que varias unidades militares, con el apoyo de organismos de seguridad del Estado, “continúan ejecutando operaciones de escudriñamiento y persecución en la zona” en “estricto cumplimiento” de la orden presidencial de “cero tolerancia contra este tipo de grupos delincuenciales”. El presidente Nicolás Maduro se refirió a esta situación el domingo, cuando se registraron los primeros combates, y anunció el despliegue de la operación Escudo Bolivariano para proteger la frontera. “Nuestra Fuerza Armada tiene que estar combatiente y dando resultados para el control territorial”, dijo.
La Defensoría del Pueblo de Colombia informó el lunes de que habían recibido a más de 600 personas en Arauquita, un municipio en el Departamento de Arauca, a donde migraron forzosamente vecinos de los pueblos fronterizos. Todos ellos están en albergues temporales, lo que ha generado una crisis en esa pequeña localidad colombiana. El director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que los desplazados son más de 3.000. “Han llegado a Arauquita (Colombia) huyendo de enfrentamientos entre militares venezolanos y disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia]. Estamos monitoreando la situación. La dictadura y los grupos armados deben respetar a la población civil”, escribió en su cuenta de Twitter.
El gobierno de Maduro ha señalado de forma genérica a los grupos con los que se ha enfrentado el Ejército venezolano, sin dar nombres. Desde hace años, sin embargo, el gobierno de Colombia y algunas organizaciones de derechos humanos dentro y fuera de Venezuela han denunciado la presencia de guerrilleros de las FARC y sus disidencias y del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En 2020, la misma Human Rights Watch concluyó en un informe que los grupos armados controlan a la población civil en Arauca y Apure a través de amenazas, secuestros, reclutamiento de menores, trabajo forzado y homicidios. En Arauca, los grupos también han instalado minas antipersonales y han cometido actos de violencia sexual, entre otros graves abusos, señala el informe.
Venezuela y Colombia comparten una porosa frontera de 2.200 kilómetros. En los últimos años los gobiernos han mantenido una tena relación diplomática que finalmente se rompió en 2019, cuando Iván Duque dejó de reconocer a Maduro como presidente —reelecto en mayo de 2018 en una elecciones señaladas de fraude— y respaldó el interinato de Juan Guaidó, presidente del Parlamento electo en 2015. Duque ha acusado recurrentemente a Maduro de albergar en su territorio a guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y disidentes que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC. Caracas lo niega. También lo ha señalado por dar refugio en territorio venezolanos a los jefes guerrilleros Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes pasaron nuevamente a la clandestinidad y están reunificando a algunos grupos de rebeldes. A finales de febrero Duque instaló un comando de élite con 7.000 militares para perseguir “objetivos de alto valor” de estos grupos que, según el mandatario, actúan en complicidad con el gobierno venezolano.
Incremento de la violencia
Distintas organizaciones que han documentado la presencia de los grupos irregulares colombianos en la frontera, señalan que el combate del domingo estuvo dirigido a enfrentar a un grupo de las disidencias de las FARC. Desde el Observatorio Venezolano de Seguridad y Defensa, Rocío San Miguel explica que se han roto los pactos que mantenían las FARC y el ELN, lo que ha desatado un conflicto por el control del territorio en el que han entrado las disidencias de las FARC. Las Fuerzas Armadas de Venezuela, señala, parecen haber tomado partido por un bando. “No sabemos a qué obedece la neutralidad con el ELN y las FARC y el castigo a las disidencias de las FARC”, cuestiona la especialista.
“Este ha sido uno de los mayores incidentes que ha habido recientemente por sus implicaciones”, agrega San Miguel. En su opinión, la ambigüedad de las autoridades venezolanas al llamar a los guerrilleros como “grupos delincuenciales” es una señal de los conflictos que hay sobre el terreno entre distintos grupos. “El mayor peso va a caer sobre la población civil y por eso vemos los desplazamientos, porque en estos fenómenos son típicas las retaliaciones y los ajustes de cuentas entre todos los bandos”.
El Informe Curva de la Violencia, presentado por San Miguel la semana pasada, recoge un análisis del incremento de las cifras de homicidios en los seis estados venezolanos que comparten frontera con Colombia. El texto señala que ocurren más de cuatro asesinatos diarios y que todos los días se producen entre uno a dos enfrentamientos en la frontera. La crisis humanitaria que ha aumentado la migración de venezolanos, la expansión de las economías ilegales y el aumento de la presencia de grupos armados al margen de la ley son la causa de la profundización de la violencia en el borde binacional. De acuerdo a ese reporte, hay un pie de fuerza de unas 2.000 personas, entre miembros del ELN, las FARC y otros grupos irregulares colombianos en Venezuela.
Aunque en el hermético parte oficial no se señala, las ONG que trabajan en la zona documentaron que la operación militar del domingo incluyó ataques aéreos y que uno de los oficiales venezolanos que murió fue por los efectos de una mina antipersonal. En este punto, San Miguel destaca un aspecto preocupante. “Venezuela había sido declarado país libre de minas antipersonales, después de cumplir con las exigencias de la Convención de Ottawa y de las verificaciones pertinentes. Lamentablemente ya comienzan a acumularse incidentes con ellas, que son un enorme peligro como ya quedó demostrado no solo para la Fuerza Armada Nacional, sino para los pobladores de la zona”, apunta. “El que existan y que haya habido muertos es un hecho sumamente grave que debe encender las alertas, incluso de la comunidad internacional”.
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