La vacunación no despega en Colombia
El objetivo quedó marcado desde finales de 2020 por el presidente Iván Duque: un 70% de población inmunizada a cierre de 2021. Pero, a finales de marzo de este año, Colombia solo ha administrado dosis a un 2,5% de su población. La mayoría es la primera de una pauta necesaria de dos. Con ello, el esquema completo está en los cuerpos de apenas 60.000 colombianos. Son varias las voces que demandan paciencia antes de evaluar resultados, pero la realidad con los datos de hoy en la mano es que la vacunación en Colombia empezó tarde, y no va deprisa.
Desde que se comprueba la efectividad de una vacuna hasta que llega a los brazos de la población de un país hay toda una carrera de obstáculos que se están demostrando más arduos para los países que no forman parte del exclusivo club de los 35 o 40 más ricos. Estas barreras son de dos tipos, y ambas son más altas y complejas para Colombia, lo cual requeriría de un esfuerzo extra por parte de todos los niveles del Estado: primero, la falta de dosis que hace de cuello de botella en la distribución; después, los dilemas entre rapidez y acceso equitativo, que se vuelven particularmente intensos en un país tan desigual entre personas como entre territorios.
Lo que aún no llega
La insuficiencia de oferta para una demanda infinita es el rasgo clave del mercado mundial de vacunas hoy. Hay opciones sobre la mesa que pasan por acuerdos internacionales para ampliar producción, y de hecho es probable que esta restricción se relaje conforme otras farmacéuticas se sumen al proceso productivo (algunas, como Jannsen, con su propia fórmula; otras, como Merck, apoyando la producción ajena). Pero, por ahora y a nivel nacional, no hay dosis para tanta gente. Menos aún para la que vive fuera de los países que tenían acceso privilegiado a la negociación con proveedores (como EE UU, Reino Unido o la Unión Europea) o aquellos que desplegaron una acción comercial temprana, intensa y sin reparar en gastos ni en contactos (Chile o Israel pertenecen a este grupo).
Pero ni siquiera en el tramo medio al que pertenece Colombia destacó. El gobierno colombiano no cerró acuerdos o preacuerdos con la prontitud de otros países de la región. Además de Chile, Argentina, Costa Rica o México anunciaban firmas entre octubre y noviembre, mientras a finales de este mismo mes Fernando Ruiz, ministro de Salud de Colombia, aseguraba que “no vamos adquirir vacunas que no tengan las respectivas aprobaciones de las agencias internacionales”. Efectivamente, aquellos países compraron con menos certeza, pero ello les posibilitó comenzar con las inmunizaciones entre uno y dos meses antes que Colombia pudiera hacer lo propio. Según [informaciones reveladas por el medio independiente La Silla Vacía a finales de enero], el gobierno andino habría planteado su relación con las farmacéuticas de manera distinta, quizás más cauta: esquivando exigencias de eximir a algunas como Pfizer de responsabilidades graves por efectos negativos (que por ahora no se han detectado); apostando por el mecanismo multilateral Covax con mayor decisión; y con la ya mencionada premisa de esperar a anuncios de efectividad.
Las ventajas de este enfoque “lento pero seguro” (como calificó un [reciente editorial de El Espectador] a la estrategia colombiana de vacunación) están, tal vez, menos claras que sus inconvenientes ante la urgencia sanitaria que vive el mundo. En este contexto, y habida cuenta de la escasez de dosis que aún reina en el mercado, el poder de negociación real de un gobierno de tamaño y peso específico mediano como el colombiano choca con la realidad rápidamente, traduciéndose en una llegada con cuentagotas que determina el irregular ritmo de vacunación diaria en el país.
Sin embargo, el hecho de haber empezado más tarde ha ayudado con toda probabilidad a que la disponibilidad de dosis sea mejor para Colombia en sus primeras cinco semanas de vacunación, cuando se compara con otros que empezaron antes.
El país ya ha recibido más de 3,3 millones de dosis, pero apenas ha administrado menos de 1,3. Y aunque el último millón apenas llegó el 20 de marzo, y está formado en tres cuartas partes por viales de la china Sinovac y el 25% restante de AstraZeneca, sí cabe preguntarse qué impide ir más rápido con lo que ya está disponible.
Ineficiencias o inequidad
La idea de un proceso “lento pero seguro” ha sido enarbolada por el propio Ministro de Salud del país, como bandera por la equidad. “Equidad e interés general no pueden transarse en el PN de Vacunación”, afirmaba el pasado 21 de marzo en Twitter. “El sistema de salud debe atender con respeto y dignidad. Y los colombianos debemos respetar la prioridad de quienes tienen mayor riesgo.” Es cierto que los escándalos de políticos y otras figuras saltándose el turno de vacunación en Ecuador, Perú o Argentina han colocado al resto de gobiernos de la región en una posición defensiva, tratando de asegurar que la fila se mantiene. Pero, más allá de la lógica necesidad de evitar trampas corruptas, en el mensaje del Ministro habría una posición clara respecto al inevitable dilema entre rapidez y orden.
Este orden fue establecido en Colombia de manera similar a otros países: en varias etapas (cinco, en este caso) que van de una primera destinada al personal de salud de primera línea y los mayores de 80 años hasta la final, que incluye a toda la población que no cumpla con criterios de edad, riesgo por comorbilidades o por exposición debido a su trabajo. De las intermedias, Colombia ya entró en la etapa dos, enfocada en adultos mayores de 60 a 79 años. Lo hizo antes de terminar completamente con la primera fase: en Bogotá, por ejemplo, se ha “deshecho” la fila de los de 80 y más años dejando que cualquiera de dicha edad pueda acercarse sin turno a recibir sus dosis, habida cuenta de que a un porcentaje no menor de ellos no se le pudo localizar mediante los canales establecidos por las autoridades de salud. En este caso, mantener rigurosamente la fila, no abriendo la segunda etapa hasta haber terminado con la primera, habría retrasado todavía más el ritmo agregado de vacunación.
Si esta lógica se extiende, parece inevitable que el compromiso del Ministro por el orden caiga por su propio peso. En Colombia el acceso a salud sobre el papel es casi completo (coberturas superiores al 90%), pero los matices de la realidad son muy distintos. Dicho acceso no termina en la puerta del hospital, menos aún con un proceso de vacunación tan urgente como inevitablemente improvisado. Para muchas personas, el camino que hay hasta dicha puerta es difícil de recorrer. Por falta de conocimiento sobre el funcionamiento de un sistema notablemente complejo (dividido en un sinnúmero de entidades provisorias de salud con un nivel disparejo de eficacia y colaboración con el sector público), por desconfianza (no sólo hacia la vacuna en sí, sino hacia unas instituciones con poca trayectoria de acogida) o, sencillamente, por distancia física.
El resultado es que no todos los brazos en Colombia están igual de cerca o de lejos de recibir una dosis. Las diferencias ya se aprecian nítidamente en los datos de dosis empleadas sobre las recibidas para cada una de las entidades territoriales que componen el rompecabezas sanitario del país; de hecho, el Ministerio de Salud ha decidido en su último decreto sobre vacunación que aquellas entidades territoriales con menos de un 50,7% de dosis empleadas no tendrán nuevas hasta que vayan usando aquellas de las que disponen.
Esto es igualmente cierto para los abismos sociales que atraviesan a la sociedad colombiana: estar en los márgenes del sistema también implicará quedar en los bordes del proceso. En las declaraciones del Ministro, y en el espíritu de los principios declarados en el Plan de Vacunación oficial, existe sin duda la intención de que esto no sea así. Pero resulta difícil imaginar cómo contrastar la inercia estructural con apenas unas semanas, cómo construir y sostener las pasarelas que acorten las distancias desde los márgenes hasta el corazón del sistema.
Con ello, es probable que, aunque se cumpla el ambicioso objetivo de un 70% de población inmunizada antes del cierre de 2021, estos dos tercios de la ciudadanía no representen de manera pareja, sino sesgada, al conjunto de Colombia.
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