Indígenas y pobres: 20 años sin culpables para las víctimas de esterilizaciones forzadas en Perú
Aurelia Paccohuanca Florez es una víctima de la campaña de esterilizaciones forzadas que el expresidente Alberto Fujimori implantó en Perú entre 1996 y 2000. Bajo amenazas, el Gobierno le ligó las trompas, como parte de un plan que tenía como objetivo manifiesto la planificación familiar, pero que en la práctica dejó sin la posibilidad de tener hijos a 300.000 mujeres, la mayoría de ellas pobres e indígenas. Paccohuanca Florez fue años más tarde presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Cusco (AMAEFC) y dio su testimonio contra Fujimori en varias ocasiones. La Justicia, sin embargo, archivaba siempre las investigaciones. Hasta ahora. La semana pasada, el fiscal Pablo Espinoza denunció penalmente a Fujimori a sus exministros de salud por lesiones graves a 1.307 mujeres.
“Ya van a ser 24 años en la lucha: ningún fiscal había sido capaz de abrir esta audiencia”, dice Paccohuanca Florez por teléfono desde el distrito de Ancahuasi, en la provincia de Anta, Cusco. La dirigente se reunió con otras cuatro mujeres en Anta para escuchar en un móvil los cargos contra el expresidente, hoy preso por delitos de lesa humanidad. En Anta surgieron las primeras denuncias por esterilizaciones forzadas a fines de los años noventa, y la asociación a la que pertenecen tiene unas 2.000 integrantes.
La audiencia judicial cuenta con dos intérpretes de quechua. Para Paccohuanca Florez ha sido una decisión “excelente”, porque la mayor parte de las víctimas no habla español. El fiscal, citando los primeros informes de la Defensoría del Pueblo sobre las esterilizaciones forzadas, sostuvo que la denominada ‘Política de salud reproductiva y planificación familiar’ de Fujimori se dirigió solo a mujeres pobres, con lengua materna indígena o monolingües, rurales o residentes en la periferia de las ciudades y sin acceso a educación.
“Nos ha alegrado que el fiscal haya puesto su parte, él sí se ha puesto la mano al pecho. Varias veces hemos ido a la Fiscalía, a la Defensoría, al Ministerio de la Mujer, pero cuántas veces archivaron. Hemos hecho protestas en Lima y hasta he ido a Estados Unidos a presentar el caso”, añade Paccohuanca, cuya lengua materna es el quechua. Sin embargo, la firmeza de su voz ante la posibilidad de lograr justicia disminuye ante la pregunta de la circunstancia en que la esterilizaron. “Ya ni quiero recordar, mi cabeza me duele. El trauma queda en mi cabeza y me pongo triste”, expresa.
En 2011, Paccohuanca relató a la BBC que en 1998 unas enfermeras llegaron a su pueblo y la conminaron a esterilizarse porque ya tenía cuatro hijos. “Yo no quise y les dije que no quería. Estuve escapándome (varias semanas), pero me alcanzaron con la ambulancia y a la fuerza me subieron”, contó. “Me hicieron quitar toda la ropa, tenía miedo y nervios, me puse a llorar”, describió aquella vez. Luego de que la ligaron, por años sintió malestares y dolor. “En 2008 me operaron porque tenía inicios de cáncer y he perdido el útero. Nadie tomaba interés, tuve que ir a pedir apoyo a un ministro de salud para ir a un hospital”, comenta.
Las secuelas las vive hasta hoy. “Ya no sirvo para levantar peso, mi cuerpo se siente mal, no resisto el calor ni las bebidas calientes, tengo las defensas bajas, se me hinchan los pies y las manos. Sigo hasta ahora con esa dolencia en mi cuerpo”, agrega. Paccohuanca hoy pide solidaridad para la causa de miles de mujeres como ellas: “Que no se olviden de nosotros: estamos buscando justicia y reparación”.
Largo recorrido
La abogada María Esther Mogollón recuerda que hace 18 años llevó a la Fiscalía 74 testimonios de víctimas de esterilizaciones forzadas en Huancabamba (en las montañas de Piura) y 2.000 de Cusco. Mogollón dice que desde entonces la constante ha sido “la insensibilidad del Ejecutivo frente al caso”. “Hay mucha emoción y dolor por todo lo atravesado para llegar a esta audiencia: enfermedad, lágrimas, caminatas, indignación por cada archivamiento y desidia de las autoridades”, agrega.
Milton Campos, abogado de Demus, una de las ONG denunciantes, precisa que la Fiscalía reabrió este expediente en 2011 cumpliendo una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respondió a la muerte, en 1998, de la campesina Mamerita Mestanza una semana después de la esterilización forzada. “En el compromiso de solución amistosa (del año 2001), el Estado peruano se comprometió a investigar de manera exhaustiva las esterilizaciones”, indica Campos.
El fiscal Espinoza denuncia ahora a Fujimori y sus tres exministros por lesiones graves en el contexto de graves violaciones de derechos humanos a 1.307 ciudadanas; y por lesiones graves seguidas de muerte de cinco mujeres -una de ellas Mestanza. Tras diez años de investigaciones, el expediente tiene 178 tomos y cerca de 80.000 folios. “Pero, además, hay 300 anexos y cada uno puede tener de 100 a 190 cuadernillos en los que hay historias clínicas u otras declaraciones”, apunta Campos.
María Elena Carbajal, presidenta de la Asociación de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas de Lima y Callao, destaca que ningún Gobierno en estos 25 años se ha querido comprometer con los problemas que afrontan. “Estamos inscritas en un registro, pero no se cumple el derecho al Seguro Integral de Salud. Cuando algunas compañeras migrantes se enferman en Lima no las quieren atender, les dicen que tienen que ir a su región y solo si tienen referencia las reciben aquí”, dice Carbajal. “La audiencia es una luz en medio de la oscuridad. Por ejemplo, sabíamos que al personal de salud les pagaban una bonificación por cada esterilización que realizaban, pero no conocíamos al detalle, como explica el fiscal”, agrega.
La historia de Carbajal es evidencia del plan sistemático de esterilizaciones. “Yo no he sufrido la indolencia brutal que han pasado mis compañeras de Cusco: a mí no me llevaron en camiones ni me amarraron como si fuera un animal. A algunas las encerraban en corralones, no las atendían en hospitales ni en centros de salud, y cuando gritaban les tapaban la boca para que no espantaran a otras señoras. Eran quechua-hablantes, no entendían lo que les estaban haciendo”, añade.
A Carbajal le ligaron las trompas sin su consentimiento en un hospital de Lima luego de una cesárea y un prolapso. “No atendieron mi parto a tiempo por mala praxis y me condicionaron escondiendo a mi hijo. Me anestesiaron y cuando desperté ya no era mi cuerpo, me dolía mucho el vientre. Mi esposo me abandonó porque dijo que lo hice para tener otras parejas”, recuerda.
Como el personal de salud que realizaba las ligaduras de trompas no daba información, Carbajal no supo que el procedimiento era irreversible. A los 31 años, su nueva pareja la dejó cuando descubrieron que no era fértil. “Fui al seguro social a ver mi historia clínica y ahí decía que estaba ligada. Me mandaron un tratamiento de reemplazo hormonal que me produjo descalcificación. Mi organismo se debilitó, un día me desvanecí y me tuvieron que aplicar morfina. Casi me voy”, cuenta.
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