Israel cierra por elecciones (pero no para todos)
Israel lleva seis semanas con sus cielos cerrados a los aviones de pasajeros. A finales de enero, el Gobierno clausuró el aeropuerto internacional Ben Gurion, en el área de Tel Aviv, con el fin de impedir la propagación de nuevas variantes de la covid-19 a través de la principal puerta de acceso al país. Desde entonces, solo unos 200 viajeros han podido retornar cada día al Estado judío, de acuerdo con estrictas razones sanitarias, familiares o humanitarias. Decenas de miles de israelíes se quedaron varados en el exterior, sin poder volver a sus casas ante el imprevisto cerrojazo en la terminal aérea, cuya vigencia se ha ido prorrogando semana tras semana hasta este domingo.
“Vamos por delante de todo el mundo”, se jactó el primer ministro, Benjamín Netanyahu, el 25 de enero cuando se adoptó la controvertida decisión, “y ninguna otra nación se había sellado antes herméticamente”. Los extranjeros no residentes ya tenían prohibida la entrada a Israel desde marzo del año pasado, ya sea por turismo o negocios. El veto se ha ampliado ahora a los propios ciudadanos —en una medida con escasos precedentes internacionales—, que están precisamente llamados a las urnas el próximo día 23 en las cuartas legislativas convocadas en menos de dos años.
Las informaciones de la prensa hebrea —y en particular de un programa de investigación recientemente emitido por el canal 12 (privado) de televisión— han desvelado que centenares de pasajeros —en su gran mayoría judíos ultraortodoxos— aterrizaban a diario en Ben Gurion mientras cerca de 25.000 israelíes —casi todos laicos— veían denegada la autorización de viaje por decisión de un comité gubernamental.
Los ultrarreligiosos, cuyos partidos se integran en el Gobierno de coalición que encabeza Netanyahu, declararon ante las cámaras del canal 12 que intermediarios con contactos políticos les habían conseguido los permisos para retornar a Israel. Alegaron razones tales como la reanudación de estudios en una yeshiva (escuela rabínica). El programa televisivo de investigación apuntaba también a que la veracidad de algunos documentos médicos y administrativos presentados por jaredíes estaba bajo sospecha.
En Israel no existe el voto por correo (ni por delegación ni anticipado), por lo que en cada proceso electoral miles de residentes en el extranjero —estimados en una décima parte de los 9,3 millones de habitantes del país— se ven obligados a tomar un vuelo con destino a Tel Aviv para poder ejercer el derecho al sufragio en persona. En medio de las restricciones de viajes generalizadas durante la pandemia a escala global es previsible que se registre una fuerte caída de la participación de los votantes en el exterior en los decisivos comicios del día 23.
Netanyahu se juega la reelección y los sondeos de intención de voto coinciden en no otorgarle mayoría en la Kneset (Parlamento) junto con sus aliados ultraortodoxos y de la extrema derecha nacionalista. En el ultraproporcional sistema electoral israelí unos pocos miles de papeletas pueden decidir si una lista entra o no en la Cámara, y condicionar el equilibrio de alianzas en cada bloque. Dentro de un mes, el veterano gobernante tendrá que enfrentarse además al inicio efectivo de su juicio por corrupción.
Tras la difusión de las investigaciones periodísticas sobre el aparente trato privilegiado a los jaredíes en un aeropuerto teóricamente cerrado a cal y canto, los partidos de la oposición de centroizquierda denunciaron una presunta maniobra electoralista del primer ministro para recabar sufragios para el centroderecha.
El líder de la oposición en la Kneset, el centrista Yair Lapid, fue el primero en arremeter contra Netanyahu, al que acusó de “utilizar una comisión administrativa para favorecer la entrada en Israel de votantes del Likud”, el partido del jefe del Gobierno, y de formaciones políticas aliadas, según informa el diario Haaretz. Lapid reclamó la inmediata reapertura del aeropuerto de Tel Aviv para todos aquellos que presenten resultado negativo en las pruebas de detección del coronavirus y se sometan a cuarentena.
El denominado Comité de Excepciones, que da luz verde para volar a Ben Gurion, depende directamente de la ministra de Transporte, Miri Regev, brazo derecho de Netanyahu en el aparato del primer partido de la derecha israelí. Está dirigido por Shilo Adler, quien coordinó la campaña electoral del Likud en las legislativas de 2019.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles, como el Instituto para la Democracia en Israel, han impugnado por inconstitucional la clausura general del aeropuerto internacional de Tel Aviv, que ha forzado a miles de israelíes a “convertirse en refugiados en otros Estados”. En la primera sesión sobre la petición de impugnación, el Tribunal Supremo pidió el jueves al Ministerio de Sanidad que informara sobre las modalidades de prohibición de acceso a ciudadanos con nacionalidad existentes en otros países durante la pandemia. El alto tribunal tiene previsto zanjar la cuestión la próxima semana.
Rápido de reflejos a la vista del creciente escándalo mediático, Netanyahu ha llevado esta misma semana al Gabinete gubernamental que gestiona la política sobre la crisis sanitaria y económica la propuesta de levantar parcialmente el cierre aeroportuario a partir de este domingo. La aplicación de la medida ha sido avalada en principio por el Ejecutivo, en coincidencia con el inicio de la fase final de la desescalada del tercer confinamiento general. Todo el sistema de educación obligatoria volverá a ser presencial y los bares y restaurantes reabrirán sus puertas, tras cerca de seis meses de clausura, cuando quedan poco más de dos semanas para las elecciones legislativas.
Cupo de pasajeros
El Gobierno israelí ha establecido ahora un cupo diario de 3.000 pasajeros, ciudadanos o residentes permanentes, con permiso de entrada al país, aunque en un primer momento se limitará a 1.000 el número de viajeros autorizados. La comisión electoral aún tiene que establecer centros de votación especiales para los electores en situación de cuarentena. A la mayoría de los pasajeros, que deben someterse a pruebas de detección de la covid-19 a su llegada a Israel, se les impone un régimen de aislamiento de hasta 14 días en sus domicilios o en hoteles supervisados por las autoridades sanitarias.
Desde esta semana, los viajeros que aterrizan en Ben Gurion cuentan también con la opción de que se les coloque una pulsera electrónica, como las que portan los presos en semilibertad, para controlar sus movimientos durante las dos semanas en cuarentena. La medida ha comenzado como prueba piloto para un centenar de personas. Los responsables de Sanidad, sin embargo, reconocen que carecen de un número suficiente de dispositivos de seguimiento y que las plazas en los hoteles de aislamiento (donde previsiblemente será posible votar) son también limitadas, por lo que una mayoría de los ciudadanos que regresen a partir de este domingo no tendrá más opción que recluirse en su domicilio sin tener garantizado aún el derecho al sufragio.
Los denominados “vuelos de rescate”, enlaces aéreos de emergencia que han estado operativos durante las pasadas seis semanas con ciudades europeas, como Fráncfort, y estadounidenses, como Nueva York, han sido supuestamente acaparados por los viajeros de la comunidad ultraortodoxa, que representa un 12% de la población israelí. La única vía de repatriación para otros ciudadanos atrapados en el exterior ha quedado excluida. Muchos de ellos habían solicitado permiso para regresar a Israel a fin de poder cuidar de familiares enfermos o para visitar por última vez a otros en estado terminal.
En medio del complejo equilibrio entre el derecho a la protección de la salud ante la pandemia, con restrictivas medidas de salvaguarda, y el derecho de los ciudadanos a la libertad de movimientos, y sobre todo a regresar a su propia casa, la polémica ha estallado una vez más en vísperas electorales cruciales para Israel.
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